Facultades discrecionales y mayores costos, entre las críticas de tributaristas a una flamante disposición de la AFIP

delimitado el alcance, hay altas facultades discrecionales, se importó de sistemas tributarios más sencillos que el nuestro y también está violentando nuestro secreto profesional”, cuestiona César Litvin, CEO en Estudio Lisicki, Litvin & Asoc, y profesor Titular de la Catedra de Teoría y Tecnica impositiva en la UBA.

Humberto Bertazza y Guillermo Pérez, también reconocidos tributaristas, plantean también reparos. “En Europa, se apunta a conocer una planificación fiscal nociva o agresiva, o que apunta a la elusión de impuestos. Eso no está recogido en la resolución de AFIP, que no lo especifica. Y, al no decirlo, cualquier planificación fiscal puede entrar en el régimen”, según Bertazza.

“Esta herramienta se utiliza en Europa, pero -una vez más-, la Argentina está yendo mucho más allá de las legislaciones comparadas. Entiendo si se quiere apuntar a evitar sacar ventajas de tratados de doble tributación, pero acá la AFIP pareciera discernir que es planificación fiscal cualquier herramienta utilizada“, manifiesta Pérez.

“Un organismo administrativo usa facultades delegadas para pedir información protegida por otras leyes. No es correcto”, según Diego Fraga, abogado especialista en derecho tributario. “El artículo 8 (de la resolución) sugiere que la opción de atenerse al secreto profesional debe notificarse al cliente no privadamente sino via web. En otras palabras, habría que informar que uno se atiene al secreto profesional, violando el secreto profesional”, señala.

“No está definido ni delimitado el alcance de esta resolución. Hay que aclarar algunos conceptos. La evasión fiscal o la elusión fiscal son una cosa. Pero la planificación fiscal es correcta. Se utiliza economía de opción. Es la optimización de la carga fiscal”, aclara Litvin. Las empresas le piden a los asesores ideas para sus balances, en función de la diferente carga impositiva que pueden enfrentar -por ejemplo- según fechas.

El objetivo es lógico. Hacerse dela información para actuar más tempranamente. Pero en la situación de la Argentina, donde cada norma que se discute tiene interpretaciones distintas, todo esto contribuye negativamente. “Esto tiene cierta retroactividad, si tenes una planificación hecha con anterioridad, si hoy está vigente tenés que informarlo, La única norma que no pueden tener efectos retroactivas. Un problema de hechos anteriores. Hay toda una serie de inconvenientes. Lo venían analizando hace un par de años”, esgrimen los tributaristas.

“La planificación fiscal no es una tarea prohibida. Así como está expuesta (en la resolución), esto va a generar que la AFIP ataque al contribuyente o al asesor fiscal por hacer planificación fiscal, y esto afecta el principio de legalidad”, sostiene Litvin.

“El objetivo de la AFIP es lógico. Hacerse de la información para actuar más tempranamente. Pero en la situación de la Argentina, donde cada norma que se discute tiene interpretaciones distintas, esto contribuye negativamente”, según Bertazza, ex presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

“La AFIP pretende que los contribuyentes le informen su estrategia fiscal. Para las empresas y los asesores fiscales, es más carga de información, más carga administrativa, de la que ya están sobrepasados. El supuesto beneficio que esto trae aparejado, es el hecho que el organismo fiscal anticipe su opinión al respecto, para evitar dolores de cabeza en el futuro, situación que genera en realidad, más dudas que certezas por lo conocido hasta ahora”, analiza Daniel Lejtman, asociado en Lisicki, Litvin & Asociados.

Litvin también advierte sobre “facultades discrecionales” de la AFIP en esta resolución. “Hay una línea divisoria muy finita entre arbitrariedad y discrecionalidad. El peligro de este régimen informativo es que se lo ejerza con facultades discrecionales”, expresa.

Esta clase de reglas de planificación fiscal también existen en otros países. “Queremos importar herramientas de sistemas tributarios más simples que el nuestro. O de situaciones contributivas donde no se generan dudas de interpretación. Si yo tengo un desacuerdo con el IRS (el organismo recaudador federal de los Estados Unidos), vamos a un juicio y se dirime. Pero en la Argentina no podemos decir eso, no tenemos esa situación de seguridad jurídica”, esgrime.

“Obligan a los profesionales a informar todos los asesoramientos que pudiesen haber implicado un ahorro fiscal desde el 1 de enero de 2019. Y todos los que se siguen aplicando desde esa fecha (aunque el asesoramiento hubiese sido en 2012)”, expresa Fraga, también disgustado.

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