“Nos pidieron que por favor no habláramos de este tema”, respondió un legislador cercano a Alberto Fernández. “Toda la información la va a manejar Presidencia”, aseguraron desde el
Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. “Hasta que no se haga oficial, prefiero no hablar”, esquivó una legisladora del oficialismo. En el Frente de Todos, la orden fue clara: nadie puede hacer declaraciones sobre el proyecto de legalización del aborto. El 16 de octubre, la asesora presidencial y referente feminista Dora Barrancos había asegurado en una entrevista por radio que la presentación se haría esta semana. Sus dichos fueron confirmados por distintos medios, pero pasaron los días y no había novedades. Mientras crecía la expectativa en el movimiento de mujeres y aumentaba la presión de los sectores que se resisten, los funcionarios acataban el llamado al silencio. Sucede que todavía no hay certezas de que la ley se apruebe en el Congreso y, a pesar de que la decisión de avanzar es inclaudicable, el proyecto solo ingresará por mesa de entrada cuando estén garantizados los votos. “Se está poroteando”, explica un asesor.
La Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) es una promesa de campaña de Alberto Fernández. Desde que asumió, ratificó su compromiso en más de una oportunidad. La última vez fue el 28 de septiembre, el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto. Ese día escribió un tuit acompañado del hashtag “Será Ley”. “El proyecto está redactado desde marzo. Vilma Ibarra, Elizabeth Gómez Alcorta y equipos técnicos del ministerio de Salud participaron en su elaboración. Llegó la pandemia y el tema se demoró aunque creemos que ya es hora”, explica un asesor de Presidencia.
Allegados a Malena Galmarini, una de las mujeres que “porotea” y dialoga con legisladores para conseguir votos a favor, ratificaron que la primicia que había dado Barrancos era cierta, el proyecto se iba a presentar esta semana y se decidió postergarlo. “Quizás sea el jueves 29”, agregaron. Desde Presidencia no aventuran ninguna fecha aunque insisten que “es inmediato”. En la Casa Rosada no recibieron con agrado las declaraciones de su propia asesora: “El único que pone el tema en la agenda pública es el Presidente de la Nación, ningún otro funcionario ni asesor puede hacerlo”, sostienen.
Sin embargo, el sector más pujante a favor de la legalización dentro del Gobierno hace otra lectura: “Lo de Dora fue un traspié sin malas intenciones. Pero hay que dejar que el movimiento de mujeres presione. Si ellas no presionan, la ley no sale porque del otro lado presionan más. Los que se resisten sabemos que ya tienen videos armados y los teléfonos de las casas de los legisladores”, subrayan cerca de Vilma Ibarra.
Proyecto consenso. El hermetismo alrededor del tema es tal que nadie conoce la letra chica del proyecto, ni siquiera las referentes históricas de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Hay un punto que suele generar discusiones fuertes: la cláusula de conciencia, es decir, la posibilidad de que aquellos profesionales de la salud (o instituciones privadas) que estén en contra del aborto puedan manifestar su negación a realizar la práctica. Consultados sobre este punto, desde la Secretaría Legal y Técnica evitaron dar precisiones aunque aseguraron: “Es el proyecto de mayor consenso entre lo planteado por la Campaña y lo planteado en 2018 por diputados y senadores de la oposición y del oficialismo”. Un asesor legislativo fue algo más contundente: “No es para nada un proyecto radicalizado”, declaró.
En el oficialismo están preocupados por instalar las razones por las cuales, en plena pandemia, el debate sobre el aborto es prioritario. Incluso, esta habría sido una duda de la propia Cristina Kirchner, quien planteó el tema en una reunión con Gómez Alcorta, según contó la periodista Mariana Carabajal. La vicepresidenta habría consultado sobre el riesgo de aumentar las visitas a los hospitales en estos tiempos y la ministra le habría convencido diciéndole que el 95% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizarán con medios químicos y no quirúrgicos, una vez legalizada la práctica.
Desde la Secretaría Legal y Técnica destacan un punto, que creen que es el que se debe subrayar en este debate: los datos oficiales dicen que en Argentina se producen 39 mil internaciones por año a causa de complicaciones con abortos clandestinos. La legalización y la garantía de una práctica segura evitaría la ocupación de esas camas. “Además, va a haber cosas más allá de la legalización, como la asistencia a la madre, por ejemplo”, agregan.
Presiones. A pesar de los esfuerzos por lograr consensos, hay sectores que ni bien escucharon a Barrancos pusieron el grito en el cielo. La Conferencia Episcopal Argentina emitió un duro comunicado el jueves 22: “No hay lugar para pensar en proyectos legislativos que contradicen el discurso que dice cuidar a todos los argentinos como prioridad (…) Las últimas noticias sobre la inminente introducción del proyecto de ley de aborto al Congreso Nacional nos sorprenden tristemente porque desalientan la búsqueda del encuentro fraterno e imprescindible entre los argentinos. Oscurece gravemente el horizonte que nos propone el Papa Francisco”, escribieron.
Algo similar ocurrió con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, quienes el lunes 19 ya manifestaron su rechazo y calificaron a la medida como “irracional” e “inoportuna”.
“Ya sabíamos que iba a pasar. Nos van a empezar a tirar bebitos por la cabeza”, concluyen desde Presidencia. En el Gobierno están convencidos de la necesidad de que la ley se discuta este año. En 2021, el debate se entrometería en las elecciones de medio término y habría todavía más riesgo de que no salga. “Entendimos que vamos a vivir con la pandemia durante un tiempo muy largo. Es hora de correr el eje del debate e instalar otros temas”, concluyen. Mientras tanto, porotean y miden fuerzas en el Congreso.
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