Desacuerdos del Gobierno sobre cómo pagar el gas anterior y el futuro

30.000 millones- estaba en un decreto firmado por la administración anterior, pero el oficialismo ya lo había derogado en el Senado. Ahora, el ministro Martín Guzmán avalaría pagar ese pasivo, el mismo que el bloque del Frente de Todos había dado de baja de manera parcial (nunca se derogó en Diputados).

Las dificultades del oficialismo para establecer reglas claras con respecto a la producción de gas se siguen acumulando. A las idas y vueltas por la compensación de 2018, se suman las dudas sobre el Plan Gas que anunció el Gobierno hace dos semanas. Nada hay en firme hasta ahora sobre cuánto cobrarán los productores. Lo que sí se plasmó en el Presupuesto es que las empresas podrán disponer de certificados fiscales nominados en dólares que les permitan pagar impuestos.

Las compensaciones a los productores de gas vienen de la administración de Mauricio Macri. Los productores les vendieron gas a los distribuidores -las que abastecen a hogares y comercios- a un dólar de $ 20, pero la divisa se fue a $ 32. Esa diferencia implicó que las distribuidoras tuvieran que pagarles a las empresas “compensaciones” por la devaluación, porque eso figuraba en el contrato de concesión.

Las distribuidoras decidieron trasladarlo a los usuarios, con la luz verde del entonces secretario de Energía, Javier Iguacel. Pero la situación generó un escándalo político, y el Poder Ejecutivo pactó que el Estado se hiciera cargo de esa deuda, a través de un decreto.

El Estado pagó la primera cuota de la deuda. Pero el interventor del Enargas, Federico Bernal, denunció a la administración anterior e impugnó todas sus decisiones. Por esa razón, el bloque mayoritario del Frente de Todos en el Senado anuló la decisión de pagar las compensaciones. Desconoció una decisión de otro poder del Estado, en un gesto jurídico pocas veces visto.

Las productoras -entre ellas, YPF- esperaban cobrar esos $ 30.000 millones. Diputados nunca convalidó la baja del decreto que promovió el Senado. Ahora, la nueva ley de Presupuesto les abre una esperanza: tendrán que renunciar a los derechos que les concedía el decreto de la administración anterior, el que se anula. Pero, a cambio, recibirán un título público por el equivalente a la deuda. 

Con respecto al último anuncio del Gobierno sobre el plan Gas, los números del Estado para los productores siguen sin estar claros. Cuando se presentó, se dijo que les pagarían entre US$ 3,30 y US$ 3,50 por millón de BTU, la unidad de medida del sector. Las distribuidoras de gas pagarían una parte (cerca de US$ 2), y el Estado se encargaría del resto.

Pero la reglamentación de esos números, todavía no apareció. El presupuesto detalla que los productores de gas tendrán “certificados de crédito fiscal emitidos en forma electrónica y en moneda extranjera”. Esos certificados serán aplicables a la cancelación de deudas impositivas.

Las compañías saben ahora que pueden pagar impuestos en dólares con esos certificados. Pero aún no está dicho cuánto cobrarán por el gas que extraigan, de cuánto se encargarán los privados y de cuánto el Estado. De todas formas, en el sector dicen que las dos empresas más grandes ya tienen esos números en sus próximas proyecciones.

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