Las compras que hace el Gobierno por la pandemia de coronavirus no cumplen con los estándares de transparencia, ya que el 85% fueron contrataciones directas, sin licitación, y más de la
mitad se concentró en sólo ocho empresas. Además, no se difundieron en ninguna plataforma oficial muchas de las compras que realizó el Estado nacional, según un informe de Poder Ciudadano.
El Observatorio de Compras Covid-19 de Poder Ciudadano relevó 574 contrataciones públicas realizadas por diferentes áreas del Gobierno, entre marzo y septiembre, por $14.125 millones, de las cuales el 70% corresponde al Ministerio de Salud y el 15% al Ministerio de Desarrollo Social.
Allí encontró que el 66,2% de las compras se realizaron por “contrataciones directas excepcionales Covid” y otro 19,2% por contratación directa tradicional; mientras que sólo el 10,3% se hizo por licitación pública o privada, entre otros mecanismos de compra de bienes por la emergencia del coronavirus.
“Lo que se ve es mucha discrecionalidad para comprar”, sostuvo Germán Emanuele, director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano. Y agregó: “Se está usando mucho el sistema de contratación de emergencia para compras que no tienen que ver con eso”, afirmó Emanuele a Clarín.
Es que en la punta de la pirámide normativa está la licitación pública, con mayores mecanismos de control y transparencia. Hay menos controles a medida que se baja en esa pirámide, con la contratación directa tradicional. Y en la base de la pirámide está la compra excepcional por Covid, donde no hay dictamen de preadjudicación y el funcionario puede contratar con un solo oferente, sostuvo Poder Ciudadano.
En su informe, la entidad aseguró que “el 51% del monto total se explica por la adjudicación a 8 empresas”, que fueron Tecme, Vialerg, Leistung Ingeniería, China Meheco, Propato, Tecnoimagen, China Sinopharm y Philips Medical System.
Consultados por Clarín, desde el Ministerio de Salud, que encabeza Ginés González García, informaron que la respuesta al informe de Poder Ciudadano la harían sólo por medio de una nota pidiendo acceso a la información pública.
Incluso ante la consulta de “a qué se debe que la mayor parte de las contrataciones sea por adjudicación directa, sin licitaciones”, las fuentes de Salud insistieron en que sólo van a responder a la prensa cuando presente esas inquietudes por escrito, a través de una nota de pedido de acceso a la información pública.
Cuando el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, expuso este mes en el Congreso, “no hizo un análisis exhaustivo de las compras efectuadas durante la emergencia y su régimen especial, sino que se limitó a expresar que tal información es pública y se encuentra disponible a terceros, interesados y a la ciudadanía en general en el portal ComprAr y en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones”, planteó el informe de Poder Ciudadano.
Sin embargo, según su director Germán Emanuele, “hay un montón de contrataciones que no se ven y no están ahí. Por eso, estamos presentando pedidos de acceso a la información pública, para que nos den esos datos”.
De hecho, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó hace dos meses un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, porque más del 30% de las compras realizadas en el marco de la pandemia “no tuvo ningún tipo de publicidad”; es decir, que no se publicó en ninguno de los lugares referidos por Cafiero, ni siquiera en el Boletín Oficial.
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