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El fiscal federal Federico Delgado solicitó que el extitular de la Dirección de Vialidad Nacional (DNV) durante el gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, sea citado a prestar declaración indagatoria, acusado de haber armado una causa falsa contra exfuncionarios kirchneristas vinculada a la construcción de la “Autopista Presidente Perón”.
El requerimiento fue presentado ante el juzgado federal 6, que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti, y alcanza también a otros exfuncionarios de Vialidad que según la fiscalía habrían incurrido en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público.
El fiscal sostuvo en su dictamen -presentado el 23 de octubre, pero conocido hoy- que las denuncias presentadas en su momento por la Oficina Anticorrupción (OA), con información suministrada por Vialidad Nacional, contra los ex funcionarios kirchneristas se hicieron con documentación intencionalmente recortada por la cuñada de Iguacel, Agustina Morán, durante su paso por la DNV durante el gobierno de Cambiemos.
El dictamen detalló, además, que durante el gobierno de Mauricio Macri la DNV recurrió, en algunas oportunidades, a los mismos procedimientos de relocalización de vecinos para permitir el trazado de una autopista que antes Iguacel había denunciado como irregular.
“Alcanza con confrontar la denuncia efectuada en la causa madre y los términos de la resolución 1197/17 para afirmar que las mismas autoridades de la DNV que detectaron e impulsaron la denuncia por irregularidades en el dictado de las resoluciones 1649/12, 3076/12 y 1030/15, luego utilizaron esas mismas herramientas legales y argumentos para sortear los inconvenientes de relocalización que presentaban los habitantes de las zonas a expropiar”, enfatizó el fiscal.
Por esos motivos, el fiscal Delgado sostuvo que la denuncia presentada por Iguacel en su momento “fue teñir la actuación de sus antecesores en el cargo con un manto de ilegalidad que no era tal”.
“La fiscalía considera que se encuentran reunidos los elementos de prueba necesarios para considerar que el ingeniero Javier Iguacel como Administrador General de la DNV, Ricardo Stoddart en su carácter de Jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos y Diego Martínez como responsable de la Unidad Ética y Transparencia y la Dra. Agustina Moran, todos ellos funcionarios de la DNV, habrían incurrido en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público”, sostuvo Delgado en su dictamen.
Este expediente surge de uno anterior iniciado luego de que Iguacel denunciara ante la OA que los anteriores funcionarios de la DNV, entre ellos su ex titular Nelson Periotti y Claudio y Manuel Keumurdji, habían firmado resoluciones irregulares entre los años 2012 y 2015 vinculados con la construcción de la Autopista Presidente Perón entre los que había alguno relacionado a la relocalización de vecinos de Ezeiza que ocupaban parte del terreno por donde iba a pasar la traza del camino.
La resolución 1649/12 aprobó un procedimiento general para la tramitación y gestión de aquellos “casos de titulares de terrenos con títulos imperfectos, contemplando el pago de indemnizaciones a los poseedores acreditados mediante una ficha censal, información sumaria y la suscripción de un convenio de cesión onerosa de posesión de inmueble a favor de la DNV”, según se recordó en el dictamen.
La denuncia que luego formuló la OA conducida por Laura Alonso recayó en el juzgado que estaba todavía a cargo del juez Claudio Bonadio (ya fallecido) que, tras una serie de medidas de prueba, procesó a siete de los catorce denunciados.
Los principales elementos tomados en cuenta por Bonadio para formular estos procesamientos fueron la denuncia, la declaración testimonial Stoddart y un informe de Martínez.
Sin embargo, los procesamientos dispuestos por el magistrado fueron revocados en septiembre de 2019 por la Sala I de la Cámara Federal porteña que dictó la falta de mérito para los acusados.
La Cámara señaló que los denunciados habían recurrido al dictado de “una normativa con el fin de llenar un vacío legal: el caso de los ocupantes sin título” y que ello “no contradice lo establecido en la ley de expropiación, sino que lo complementa, en tanto se regularon casos que no habían sido contemplados”.
Al pedir las indagatorias, el fiscal Delgado consideró, además, “que los comportamientos llevados a cabo por Ricardo Stoddart en su carácter de Jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos y Diego Martínez como responsable de la Unidad Ética y Transparencia de la DNV encuentran recepción jurídica en el delito de falso testimonio”.
