El Senado aprobó este jueves la ley que habilita al Ministerio de Salud a cerrar contratos relacionados a la vacuna del coronavirus, con ciertas cláusulas favorables para las farmacéuticas.
Son similares a las que ya se aprobaron en Europa y Estados Unidos, tras las presiones de los laboratorios.
La norma se sancionó con 56 votos a favor y 12 en contra. Diputados le había dado media sanción el 7 de octubre por amplia mayoría (230 afirmativos, ocho negativos y 11 abstenciones).
El diputado nacional por Tucumán (del Frente de Todos) Pablo Yedlin, autor del proyecto de la “Ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19”, explicó a Clarín que se trata de “un instrumento que necesita el Ministerio de Salud para sentarse con los diferentes laboratorios y conseguir las vacunas”.
La ley tiene tres puntos centrales. Por un lado, reconoce la existencia de una cláusula de confidencialidad sobre la vacuna. “No implica que no vamos a conocer la fórmula. Tanto Anmat como el Ministerio de Salud van a contar con todos los detalles: de la fórmula y el resultado de los ensayos, lo que están pidiendo algunos laboratorios es que no se publique”, señala Yedlin. Este fue uno de los puntos más cuestionados por senadores de la oposición durante el debate.
El segundo aspecto es la “prórroga de la jurisdicción” que supone que en caso de entrar en un litigio con el Estado, ya sea por incumplimientos en pagos, entregas o temas de calidad, la Justicia que entenderá en la causa no será la local sino la que elija el laboratorio. Se deduce que cada compañía optará por la de su país.
“Esto no involucra a terceros. Si una persona tiene un problema con la vacuna, el litigio sería en Argentina”, sumó Yedlin, en referencia a posibles “efectos adversos”, es decir, los ESAVI o “Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación o Inmunización”.
Además, incluye la figura de “indemnidad”, también solicitada por algunos laboratorios. “Lo que exige es que si hay que pagar alguna indemnización se comparta la carga entre el laboratorio y el país que adquiera la vacuna”, sostiene Yedlin. Según el autor del proyecto, se basan en la idea de “we don’t win, but we don’t lose” (“no ganamos pero tampoco perdemos”).
“Esto no lo piden todos, solo algunos laboratorios como el de AstraZeneca/Oxford que, al parecer, va a ofrecer una vacuna a un precio muy económico, cercano a 4 dólares la dosis, cuando el promedio es de 12 dólares”, advierte Yedlin.
El debate para la aprobación de la ley se inició este jueves pasadas las 17. María Belén Tapia, senadora por la UCR de Santa Cruz, pidió incorporar un dictamen de minoría luego de cuestionar el “blindaje sobre los laboratorios” que asegura que se habilita con esta ley. “¿Por qué las industrias farmaceúticas piden todas estas cláusulas y por qué estamos tan dispuestos a dárselas?”, preguntó.
Entre las modificaciones que buscaba sumar, figuraba que la “confidencialidad” no contemple “los aspectos técnicos y sanitarios de la vacuna”. También apuntaba a suprimir cláusulas que “dan poderes indefinidos”.
Tanto Ana María Ianni, senadora nacional de Santa Cruz por el FDT, y Nancy González, senadora por Chubut del mismo partido, también oradoras durante el debate, dijeron estar “sorprendidas” por los cuestionamientos. “Yo pensé que ante esta gran pandemia íbamos a dejar las miserias políticas de lado”, expresó González. En tanto, Ianni defendió la transparencia del proyecto ahora transformado en ley.
Por su parte, Laura Rodríguez Machado, senadora por Córdoba del Frente Pro, adelantó que iba a votar en contra del proyecto y acompañar el dictamen de minoría. Destacó que se debía garantizar la transparencia y que estaba de acuerdo con la urgencia pero que por eso no podían saltearse “pruebas necesarias” para comprobar la seguridad y la eficacia de la vacuna que finalmente reciban los argentinos.
“Yo no creo que un país que no es productor de la vacuna pueda poner condiciones”, sumó Alberto Werotilneck, senador por Río Negro, al plantear los motivos para aceptar las condiciones impuestas.
DD
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