El Banco Central aprobó hoy un nuevo marco regulatorio para impulsar el uso de billeteras y los pagos digitales. El proyecto, bautizado como “Transferencias 3.0”, contempla la creación de un único
código QR interoperable y la compatibilidad de la totalidad de los dispositivos de cobranza, todo con el objetivo de limitar el uso del efectivo. El nuevo régimen comenzará a implementarse el 7 de diciembre y representa un cambio profundo en las reglas de juego de un negocio en el que compiten bancos, financieras, billeteras, tarjetas y fintech.
Uno de los puntos clave del régimen es que los comercios pagarán menos comisiones y acreditarán las ventas en forma inmediata, un viejo reclamo del sector. Actualmente, las operaciones con débito demoran en llegar 48 horas y con las de crédito, entre 2 y 3 semanas. Justamente, el proyecto del BCRA trata de combatir las transacciones en cash por sus altos costos y también por la dificultad de controlar la evasión. Los pagos móviles, además de abaratar los costos comerciales, permiten eliminar algunos tramos de intermediación, como la tarjeta de débito en las compras directas.
En líneas generales, el proyecto cuenta con el respaldo del mundo financiero. A principios de mes, comenzó a circular un borrador de 70 páginas entre bancos y fintech recoger opiniones y recomendaciones en la propia industria. Días atrás, en un evento público, el director del BCRA Carlos Hourbeigt explicó que “lo que se busca con la nueva regulación es crear un mercado único” por el cual “un usuario de cualquier billetera podrá pagar en un comercio, sin importar de qué empresa es el código QR”. Y que además, otro de sus beneficios es que “el comercio acreditará el importe inmediatamente“.
Hourbeig manifestó que el objetivo de la iniciativa es bajar los costos y difundir los pagos móviles en el comercio minorista, “una revolución que empezó Mercado Pago y lo continuarán otros consorcios, como Modo”, dijo, aludiendo a la aplicación que impulsa la banca tradicional. No obstante, reconoció que bajar las comisiones implica el riesgo de quitar incentivos para adherir nuevos puntos de venta al sistema. “Se estaba pensando -dijo el funcionario- en un arancel del 0,8% del importe de la transacción“, para repartir entre el emisor (la billetera o banco) y el “adquirente”, es decir a la empresa que administra los cobros electrónicos, como Mercado Pago, Prisma, Red Link o First Data. Los nuevos comercios tendrán 3 meses bonificados.
Otro punto clave del régimen es la creación de una“Interfaz Estandarizada de Pagos (IEP)”, lo que implica que cualquier comercio podrá aceptar pagos de cualquier billetera digital. El sistema fusionará (eliminará, para ser más precisos) los PEI (Pagos Electrónicos Inmediatos) y DEBIN (Débitos Electrónicos Inmediatos), que popularizaron las fintech y que significa la transferencia de dinero de cuenta a cuenta a través de una app. En la industria financiera, la normativa ya era conocida pero aguardaban conocer la letra chica de la resolución antes de sentar posición.
Básicamente, los principales cambios del nuevo marco regulatorio podrían sintetizarse del siguiente modo.
Se creará un código QR interoperable. De este modo, un comercio adherido al ecosistema de Mercado Pago podrá aceptar pagos desde cualquier billetera, sea de un banco o de una fintech competidora. En la industria creen que la interoperabilidad impulsará una más rápida adopción por parte de los usuarios y que “eso agrandará la torta”. ¿De qué manera? Si un usuario de Modo paga en un comercio adherido a Mercado Pago, reparten comisiones. A la inversa, lo único que cambia es el porcentaje.
Para los comercios, bajan las comisiones y la acreditación de la venta es inmediata. El tema resuelve un viejo reclamo de los comercios, ya que actualmente, las operaciones con tarjeta de débito demoran en llegar 48 horas y con las de crédito, entre 2 y 3 semanas. En cuanto al costo, se establece un arancel de 0,8% del monto de la transacción. Y se otorgan 3 meses de gracia (sin pago de comisión) a los nuevos negocios.
Otro aspecto clave de la normativa es la “no reversibilidad” de las operaciones. Esto implica que una vez acreditada, un banco no puede “revertir” los fondos ante una operación sospechosa.
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