“3×1”, el pedido de los presos bonaerenses para conmutación de penas por el Covid-19

tiempo y forma, revisión total del sistema de informes criminológicos del Servicio Penitenciario Bonaerense y “basta de vivir en condiciones infrahumanas”. Todo eso dice la lista de pedidos que preparan los internos de la Unidad 9 de La Plata, que acaban de iniciar una huelga de hambre pacífica, para presentar ante la mesa de diálogo esta semana.

Lo que comenzó el sábado por la mañana como una protesta por la suspensión de las visitas de familiares (están prohibidas desde el 12 de marzo) y derivó en toma de rehenes y revueltas con tomas de al menos siete penales bonaerenses, ahora toma un giro: los detenidos exigen ciertas normas, aclarando que se trata de “un derecho y no un beneficio”.

Por su lado, el SPB comunicó que las visitas se “habilitarán el 14 de noviembre, dando estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad sanitaria para la preservación de la salud pública. Se pudo arribar a este acuerdo a través del funcionamiento de las mesas de diálogo que se conformaron, y en donde participaron autoridades del Ministerio de Justicia y DDHH, representantes del Poder Judicial y organismos de Derechos Humanos”.

Algunos referentes de pabellones de distintas unidades desmintieron el comunicado. Denuncian que la situación cambió a partir de represiones, y que nadie les informó sobre la habilitación de las visitas para el 14 de noviembre. Además, difundieron fotos y videos en las que muestran las marcas de los disparos de goma que recibieron.

La situación, y los pedidos, varían según cada unidad. En la 21 de Campana, una de las que por algunas horas estuvo bajo el control de los internos, están todos “engomados”. En la jerga, significa que se encuentran encerrados en sus celdas o pabellones, sin poder salir al patio u otro sector.

“Sabemos que el camión está en la puerta. No van a dejar pasar lo que ocurrió ayer. A muchos de nosotros nos van a querer trasladar a penales del interior de Buenos Aires”, cuenta un detenido. Se refiere a los de Sierra Chica, Azul, Urdampilleta o Batán, entre otros, destinos que la gran mayoría prefiere evitar, por la distancia con sus familiares.

La Unidad 31 de Florencio Varela estuvo tomada hasta este domingo al mediodía. “Entraron reprimiendo (por los guardias), encerraron a todos y fueron celda por celda tirándonos escopetazos uno por uno”, denuncia uno de los internos que se contactó con Clarín. “Lo mismo en el Centro Universitario: ingresaron y rompieron todo. ‘Revancharon’. Se aprovecharon de que las cámaras de los pabellones están rotas, e hicieron un desastre”.

Por su parte, fuentes del SPB dijeron al respecto: “Hoy hubo una nueva revuelta, pero ya está todo normalizado. Lo que están pidiendo es morigeración de penas, algo que se escapa de cualquier lógica”.

Los disturbios habían comenzado a primera hora de la mañana del sábado, luego de que el viernes por la noche, el SPB informó que el regreso de las visitas sería en esa misma jornada. El protocolo estaba aprobado y los internos se habían organizado para turnarse según los días y patios de cada unidad.

En la 9 de La Plata, por ejemplo, se iba a permitir el ingreso de un familiar directo por detenido. Por día, cada pabellón debía elegir 9 presos que saldrían al patio de visitas. Los visitantes debían someterse al paso por la cabina rociadora de alcohol e ingresar con barbijos y máscaras. A su vez, el sector destinado a la reunión sería desinfectado previamente. Los familiares deben tener entre 18 y 60 años. Las embarazadas y pacientes de riesgo no podrán hacerlo.

En las unidades 8 y 33 de Los Hornos, de mujeres y ubicadas en el mismo predio, las detenidas hacen “chaponeos”, es decir, golpear las rejas, tres veces al día. Les dijeron que las visitas están suspendidas por orden de Julio Garro, intendente de La Plata.

“Lo que pedimos es que los jueces otorguen los beneficios que deberían haberse dado hace años, en cada condena particular. Y lo que se prometió en su momento: que las embarazas y condenadas a penas menores a cinco años continúen cumpliendo sus penas en sus casas”, contó una detenida de la 33. Y preparaban un escrito, en la que también exigirán el acceso a la salud.

EMJ

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