La denuncia de Mauricio Macri, el presupuesto de Sergio Massa y el veto de Martín Guzmán

En uno y otro lado saben que el apoyo de Carrió a Rafecas es directamente proporcional a la distancia entre Cristina y el candidato de Alberto. La salida de Carrió motivó leyendas de ruptura que ella niega. En la reunión del viernes en su casa, afirma, no habló con Larreta y Vidal del tema, porque ellos coinciden en la preferencia por Rafecas como “el mal menor”. Lo mismo piensa la mayoría de la coalición, aunque algunos se sienten sorprendidos por la salida de Carrió sin aviso previo. “No hay división por este tema”, dicen ella y Larreta después de la reunión. Puede haber rispideces en la superficie, pero nada que pueda señalar una ruptura. Todos saben que la virtud que debe mantener la coalición es no pelearse ni discutir liderazgos. Agrega: “¿Acaso Macri, Pichetto o Patricia nos consultan antes de tuitear o ir a la televisión y hacer saber sus posiciones? Ellos no buscan romper, yo tampoco“.

Si hay alguna diferencia entre los miembros de la coalición es un tema menor y táctico: si se hace o no una denuncia contra el Gobierno ante la OEA. Sobre Rafecas, nadie saca los pies del plato de la estrategia que lanzó Carrió, salvo los reproches de estilo. En especial por el resultado que puede tener: que Macri termine poniendo al procurador que no pudo (o no quiso) tener cuando era presidente. Falta que el Gobierno defina si va a mover al Senado, o el Senado tiene otro comando. Los radicales ponen la ciencia para el proyecto de ley, que puede contener el acortamiento del mandato, pero también un recorte a las funciones del procurador para adaptarlas a la nueva ley que impone el sistema acusatorio, y una norma que refuerce el control del procurador sobre los fiscales en ejercicio de la acción penal. Un detalle leguleyo que te explicará el tío abogado, pero que traducido implica que los fiscales no hagan lo que les da la gana.

Los divide una minucia sobre la OEA, que pocos recuerdan que existe

El único tema agrio que se discutió en la tarde del viernes en Capilla del Señor entre Carrió, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Maxi Ferraro y Maricel Etchecoin, es la presión del PRO para que los socios de la alianza firmen un largo pliego de denuncias contra el Gobierno para presentar ante la OEA -un organismo que nadie recuerda bien si existe o no-. Son 123 páginas que enumeran atropellos a la oposición, con la justificación de la peste; acoso a la prensa con casos como el procesamiento de Daniel Santoro; y agrega detalles sobre el caso Correo, en el que está señalado Macri. En una sesión anterior de la mesa de Cambiemos, Maxi Ferraro adelantó que la Coalición no está de acuerdo con presentar ese texto a la OEA. Una, porque mezcla temas políticos con el del Correo, que pueden confundir al público. Otra, porque es muy largo. También porque copia denuncias que ya ha hecho Carrió, y es poco original. Macri insiste en que lo firmen todos. La diferencia no es menor. Cuando debatían el viernes ese documento en casa de Carrió, Ferraro mantuvo una charla por teléfono con el propio Macri para insistirle en la inoportunidad de firmar el documento, con Larreta y Lilita delante. Macri respondió que espera una definición de la Coalición.

Petite historie del misil Carrió

La salida a la superficie de la designación del nuevo procurador la despertó el oficialismo del Senado, cuando inició la guerra por la destitución de Eduardo Casal, hoy a cargo de la Procuración desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2016. Fue en agosto, cuando Martín Doñate inició las acusaciones hacia él como un “militante radicalizado” del macrismo. En aquel momento Carrió hizo la primera ronda de advertencias sobre la intención del oficialismo de hundir la candidatura de Rafecas, propuesto para el cargo por Alberto Fernández, pero con el trámite congelado por el bloque de senadores, que dejó pasar el año sin nunca convocar a la audiencia previa al tratamiento. El oficialismo no tiene los 2/3 de los votos para éste ni para otro candidato. Por eso avanzaría, señaló Carrió, con la destitución de Casal, para que el cargo bajase hasta algún fiscal amigo del cristinismo extremo.

Hoy, reconoce Naidenoff, jefe del interbloque del Senado, que ella lo advirtió en charlas con él y otros caciques de Juntos por el Cambio, cuando todos estaban embutidos en temas más del día, como Vicentín y la reforma judicial. Hace dos semanas, el senador señaló en la reunión de la mesa de Cambiemos, que estaba pendiente esa escalada del oficialismo. Mario Negri pidió que el debate se hiciera en reserva, aun entre ellos: “Si no, mañana está en los diarios”. Larreta aportó a la discreción: “Mario tiene razón”. En la reunión última de la mesa, ya estaba rodando la idea de Oscar Parrilli de desenterrar los proyectos de Lousteau y Crexell, para bajarle el carácter vitalicio al cargo. Habían pedido lo mismo otros senadores como Miguel Pichetto y Federico Pinedo, para forzar la renuncia de Gil Carbó, pero Carrió lo había volteado con el argumento de que las leyes no debían tener nombre y apellido.

Esto frustró el proyecto de Cambiemos y del peronismo que comandaba Pichetto, de acordar un paquete de designaciones para cargos que necesitan mayoría especial, como el Procurador, el Defensor del Pueblo y otros de mayoría simple, como acuerdos para sillas en el Banco Central, la designación de una vacante en la Cámara Nacional Electoral y aun una ampliación de la Corte. Ahí cayeron candidatos como Rodolfo Urtubey o Raúl Plee y se prolongó el interinato de Casal.

“Hay que solucionar esto porque nos van a  pasar por encima”

En esa reunión del lunes pasado, la mesa de Juntos por el Cambio decidió que debía haber un pronunciamiento sobre el tema. Decidieron darse tiempo. Los delegados de Carrió -Maxi Ferraro y Juan Manuel López- reclamaron urgencia: “Hay que solucionar esto porque nos van a pasar por encima”. Carrió repitió la ronda de advertencias a todos los caciques, incluyendo a los gobernadores de su partido. Sin esperar, lanzó, horas más tarde, la noticia de que el bloque de senadores debía apoyar a Rafecas, algo que ahora dice que tenía acordado desde hace meses con Larreta y otros dirigentes. Este cronista, en la nota del 5 de enero, dio cuenta de aquel acuerdo en estos términos: “La elección de Rafecas parece un camino hacia algún consenso. Tiene los 41/42 votos que puede reunir el peronismo en el Senado. Quienes le juntan apoyos suman el de bancadas sueltas como las de Carlos Reutemann, Lucila Crexell, Alberto Weretilneck, los porteños Martín Lousteau (su hermana está en el equipo de Rafecas en una cátedra universitaria) y Guadalupe Tagliaferri, que expresan señales a favor del candidato de parte de Horacio Rodríguez Larreta. Los fogoneros agregan adhesiones de radicales de prestigio judicial, como Ricardo Gil Lavedra y Ernesto Sanz, que no se han pronunciado en público”. Ese panorama se mantiene hasta hoy.

El costado inconfesable del oficialismo y el presupuesto de Sergio

La lectura fina de lo que aprobaron los diputados como proyecto de Presupuesto 2021 arroja una radiografía política de las fuerzas que confrontan en el Congreso. Con los días irá saliendo del estado borroso de todo recuento contable que, además, tiene un alto grado ficción, como sucede con estos presupuestos tan imaginativos. Imaginan inflaciones y dólares que nadie verá, por más promesa de vida eterna que hagan los predicadores de esta hacienda parda, que es la administración del Estado. El diseño aporta otra explicación a la ausencia del vicepresidencial hijo en la sesión: no podía dar cuenta, como presidente de la bancada oficialista, del resultado de una negociación de la quedó afuera. Este presupuesto, digámoslo brutalmente, es el presupuesto de Massa.

Su afán por avanzar con algo sistemático en un gobierno invertebrado genera nuevas realidades. Como que en menos de un mes se apoderó de la relaciones con los gobernadores, que hablaban este fin de semana del “presupuesto de Sergio”. Ya no es el de Guzmán y si el presupuesto es el plan del gobierno, Massa, por efecto transitivo, pasó al frente. Más allá de las inquinas que los separan, esas negociaciones las delegó Cristina. “¿Por qué no hablan con Sergio, que es el que hace política?”, se le atribuye haber dicho ante senadores que se le quejaron en nombre de los gobernadores.

Esa delegación esconde aspectos inconfesables del oficialismo. Por ejemplo, que el equipo que Massa tiene activo para negociar la economía con los gobernadores es el mismo que trabajó con el peronismo antes del 2019 para negociar con el gobierno de Macri. Se sientan allí los mismos hombres que actúan como una línea permanente de peritos en cuentas públicas, que llegaban a acuerdos en la oficina de Pichetto, o en el CFI con Rogelio Frigerio y los gobernadores, y que ahora lo hacen en nombre del nuevo peronismo que gobierna. No vale la pena nombrar a estos economistas, algunos que actuaron hasta 2015 en el gobierno de Cristina, porque ella los tiene en una lista de réprobos, y acá no se hace periodismo patrullero.

Algunos siguen colaborando porque Massa los avala y se alimenta de ellos, como Martín Redrado y Diego Bossio. Otros, mejor que sigan navegando sin luces, pero son prueba de que el poder tiene permanencias más que cambios, hasta en la Argentina. Otra muestra es que el hombre de los números finos de Martín Guzmán es Raúl Rigo, secretario de Hacienda, que fue antes de 2015 el segundo de Juan Carlos Pezoa en Economía, y que bajo el gobierno de Cambiemos ha sido asesor de Esteban Bullrich en la bancada del PRO en el Senado.

Dígalo con mímica

Estas rispideces con Cristina afloran en testimonios para el diván, como la frase de José Mayans en las sesión del viernes en el Senado, cuando cerró el debate sobre la ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: “De Bossio podemos decir muchas cosas, pero venía todos los meses al Congreso”. ¿A quién le hablaba, a Cristina, que pudo retarlo por hablar con el exdiputado para pedirle letra sobre el FGS antes de la sesión? Mezquina manera de darle las gracias. Agradecer es una cortesía de gente fuerte. Como es una debilidad la rabieta de Oscar Parrilli en ese mismo debate, cuando castigó a la oposición por la herencia recibida, esa misma oposición que apoyó con el voto el proyecto del oficialismo, porque les permite a los gobernadores de todos los partidos renegociar sus deudas con el Anses. Con paciencia norteña, Juan Carlos Romero comentó melancólico: “Acá estamos en una sesión con el cansancio habitual de escuchar siempre los planes de venganza y echarle la culpa al otro”.

Guzmán volteó, con intermediarios, la ayuda a petroleros

Los roces explican la caída estrepitosa en la sesión del jueves del artículo que le reconocía a las productoras y distribuidoras de hidrocarburos una deuda heredada de Macri de casi $ 30.000 millones. Era una promesa del nuevo secretario de Energía de Alberto a las empresas, por el plan Gas 4 y un seguro para bancar un tope de tarifas. Se cayó como consecuencia de un gabinete loteado entre tribus en guerra. Martín Guzmán y Cecilia Todesca pusieron el grito en el cielo por esa concesión de Darío Martínez, cuya oficina de Energía capturó del ministerio de Matías Kulfas, que está en el espacio de Alberto. Lanzaron un misil aire-tierra que pasó por la oficina de Cristina, promotora de la denuncia penal del jefe del Enargas, Federico Bernal, contra Juan José Aranguren por el dichoso DNU 1053, ya derogado, que reconoció esa gabela.

La orden le llegó a Massa, más que amigo de principales grupos petroleros, y lo instruyó a José Luis Ramón (que maneja el bloque bisagra de Sergio para juguetear con sus socios en votaciones difíciles) para que pidiera la anulación del pago. Cuando llamaron por explicaciones, las viudas del gas escucharon: “Lo pidió Ramón, que está muy jugado en la defensa del consumidor. Y los votos de Ramón son muy necesarios”. Nadie pudo tanto con tan poco. Aunque ahora Ramón deberá explicar a los consumidores, a los que defenderá como titular de la flamante Bicameral del Consumidor, que se creó hace unos días, cómo hará para que las tarifas, sin ese auxilio estatal, no suban.

Los gobernadores, a cobrar

Las provincias sacan provecho, no sólo las del peronismo. La facultad de crear zonas aduaneras en ciudades de frontera fue un pacto entre Massa y el rovirismo misionero. Pero la queja de los demás gobernadores hizo que el art. 123 del proyecto que fue al Senado les permita tener las mismas facilidades de crear unas pequeñas Tierra del Fuego en Formosa, Jujuy y otras comarcas. Del mismo modo, las provincias que reciben dineros del fondo del Tabaco se benefician con la decisión de que se los giren de manera directa, sin intermediaciones. Lo mismo las provincias que reciben dinero de los excedentes de la generación de Salto Grande, Tierra del Fuego, que logró hacer los recortes a la producción del gobierno anterior (la llamada herencia Dujovne).

Massa también consiguió más plata para su hombre en el BICE, José Ignacio de Mendiguren: quien será junto al Banco Nación, que repartirá el 10% del impuesto de estadística, que se detrae para financiar programas de crédito para la inversión. No todo, porque un 40% se lo quedan Economía e Interior para su planilla de la felicidad: un (otro) fondo específico de subsidio, de tasa a asignar en función de criterios regionales y federales. También entró en debate el llamado bloque lavagnista, que integran diputados ligados a la gestión de sus gobernadores -Córdoba, principalmente- por su dependencia de la ayuda federal. La conducción política y la técnica, personalizada en Graciela Camaño y Jorge Sarghini, promovieron un apoyo crítico al proyecto en general. Sujetaron esa moción a que uno de ellos pidiera al Gobierno algún compromiso de reformas y cambios futuros, para resolver problemas estructurales que no se abordan, ni en el presupuesto. No convencieron a los demás integrantes de su bancada. Eso explica que ni Camaño ni Sarghini estuvieran en la sesión. Fueron dos estrellas más que se perdió el último gran escenario del año en la Cámara.

Nada está cerrado para la nueva cúpula del PJ

Estas negociaciones tendrán nuevos equilibrios, que se transmitirán a la nueva cúpula partidaria. Quien no estuviera distraído el miércoles debió mirar la agenda de Jorge Capitanich, que recorrió completo el espinel: 1. Olivos – Alberto; 2. Casa de Gobierno – Wado de Pedro; 3. el Senado – Cristina. Había justificativos de gestión, el principal, llevarse un morral de $ 40 millones para obras de sanidad en la provincia. De esos encuentros salió Capitanich de nuevo en carrera para la presidencia del PJ, ticket hasta ahora atornillado para Alberto Fernández. Nada está cerrado, todo sigue abierto hasta el cierre de listas (únicas) el 16 de noviembre, porque en el peronismo también a seguro se lo llevaron preso, o por lo menos está procesado (risas).

El chaqueño viene de dar un documento en el cual insiste en su idea de que Alberto debe ser el presidente del Frente de Todos, no del PJ, y que el partido tiene que ser modernizado, sacarlo de la calle Matheu, llevarlo a un espacio abierto que albergue debates. Tiene que dejar de ser administrado por lo que llama “una gerontocracia” peronista -roza la crítica etaria a los Gioja y a la misma Cristina, una dirigente otoñal-, en un partido “abierto, dinámico, moderno, plural, democrático con perspectiva internacional”. Wado quiso una traducción y escuchó: 1) acabar con el porteñismo del Gobierno, que acumula los cargos en nativos de la CABA; 2) encontrar algún presidente del PJ que sepa algo más que la actual cúpula. Él, por ejemplo, o alguno de los gobernadores que son la base del apoyo a Alberto.

Le piden más y saca una minuta de “Conducción política”: gobernar no es mandar, es persuadir; es un arte, no sólo una técnica, y hay que administrar las contradicciones desde arriba. ¿Ejemplos? Miren a la oposición, que tiene a Patricia Bullrich haciendo lo que nadie hace, no hay nada parecido en el peronismo que gobierna. En el Senado le preguntan “¿cómo la ves?” Es crítico: ¿Qué hicimos mal? Demoramos el arreglo de la deuda, debió ser con los privados y el FMI en el momento de asumir, dar un shock de credibilidad aprovechando la liquidez de la Argentina, que le dan los dólares informales. ¿Qué era eso? Un blanqueo sin preguntar y permitir que la gente haga negocios con la plata que tiene adentro y afuera del sistema. No se le puede tener miedo a las audacias, porque esto era sencillo: gobierno unido, oposición unida, vamos a un empate; gobierno dividido, oposición unida, perdemos; gobierno unido, oposición desunida, ganamos. No hay sorpresas. Y se volvió al Chaco.

Cambio de guardia en la jabonería de Vieytes

De esos alineamientos forma parte la designación de Ignacio Lamothe como secretario general del Consejo Federal de Inversiones, foro federal que maneja unos $ 10.000 millones al año. Es una rueda auxiliar para proyectos de las provincias ligados a obras públicas, y ayuda a pymes, que administra un directorio de gobernadores. Es un residuo del frondicismo, que lo creó y que ha actuado como la jabonería de Vieytes. Fue sede de la redacción del Plan Trienal de Perón, cuando la manejaba Alberto González Arzac. Albergó el debate de la ley de coparticipación sancionada en 1988, que sigue rigiendo, con desfiguraciones varias.

Se dice fácil, pero el reparto de las rentas entre las provincias y la Nación ha sido motivo de guerras civiles, no solo en la Argentina. En los ’90 era sede de las reuniones de gobernadores con Cavallo; en la crisis del 2001, dio espacio para debates sobre la pesificación y, hay que decirlo, la destitución de Fernando de la Rúa; hasta el año pasado en sus oficinas se hacían las reuniones de la mesa de los 4 del peronismo alternativo -Schiaretti, Pichetto, Urtubey, Massa-. Lamothe parece anotado por el cristinismo extremo, pero sabe repartir porque fue secretario de asuntos municipales de Florencio Randazzo y lo conocen todos. Hereda un imperio casi secreto que montó José Luis Ciacera, que estaba en la repartición desde la dictadura militar, y fue blanqueado como secretario bajo el gobierno de Alfonsín. Un pactista nato, su larga gestión será auditada por Lamothe, aunque todos los gobernadores dieron la venia al nombramiento de una repartición que es casi un estado dentro del estado, y ellos saben bien qué es público y qué es secreto en el CFI. Entre bueyes no hay cornadas.