Especialistas en materia jurídica coincidieron este lunes en la necesidad de establecer un límite de tiempo a la duración del mandato del Procurador General de la Nación,
así como en modificar el reglamento para designar al jefe de los fiscales con mayoría simple, en una audiencia realizada en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
De esta forma, la cámara alta, con la presencia de especialistas en derecho, retomó hoy el debate de los proyectos de ley que modifican la ley orgánica del Ministerio Público con respecto a la duración del cargo del Procurador General de la Nación, que en la actualidad no tiene límite más que el de la edad, de 75 años.
El análisis en el Senado se apoya en tres proyectos de ley presentados por los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell para modificar la Ley del Ministerio Público con respecto a la duración de los mandatos.
En su exposición de hoy, el presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y Profesor de Posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, Ernesto Binder, recordó que “todos los países de América Latina que pasaron a un sistema acusatorio abandonaron la idea del carácter vitalicio del Ministerio Público” y agregó que también tomaron ese camino Santa Fe, Salta, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Es conveniente. El desgaste de la persecución penal hace que haya un consenso muy amplio alrededor de que debe existir un plazo porque, de lo contrario, se termina en una transferencia muy nociva hacia entornos burocráticos que generan graves distorsiones en el sistema político”, afirmó.
Evaluó que “sería dar un salto de calidad enorme ponerle un plazo al procurador” y opinó que el mandato debería durar cuatro años y, cuando el Gobierno finaliza su gestión, “el procurador debería irse”.
No obstante, si bien aceptó que “un plazo de seis años acentuaría la autonomía del fiscal” porque “permite establecer una política de persecución penal”, podría convertirse en un “problema” un eventual cambio de “signo político” del Gobierno.
En cuanto a las mayorías necesarias, Binder reflexionó: “Si se opta por un mandato de cuatro años, con cambio de Gobierno y de Procurador, el número de la mayoría se puede relajar” y pasar de dos tercios, como es actualmente, a la mitad más uno de los votos de los integrantes del Senado.
“Si uno va a los modelos de seis años y que el Procurador trabaje con Gobierno de distinto signo: es mejor tener el número de los dos tercios para que el procurador tenga consenso de la dirigencia política”, diferenció.
Coincidió con Binder el abogado Maximiliano Rusconi, exfiscal general de la Procuración General de la Nación y abogado de, entre otros, el expresidente y hoy senador Carlos Menem, del excolaborador del fiscal Alberto Nisman, Diego Lagomarsino; y del exministro de Planificación Julio De Vido.
“El ministerio público es el formulador de la política criminal del estado. No puede haber contradicciones con otros poderes”, afirmó.
Además, aconsejó a los senadores “menos adrenalina para obstaculizar el pliego que propone el Poder Ejecutivo (del juez federal Daniel Rafecas como procurador) y más control a Procuración”.
“Me parece bien que pensemos al próximo procurador vinculado con el Poder Ejecutivo y con la política criminal. No está mal que se imponga una limitación al período. No podría decir si es mejor cinco o seis. Me parece un tema menor el de las mayorías”, dijo.
Para Rusconi, “un procurador que sea elegido de por vida va a necesitar, para sobrevivir, un porcentaje que sea una mayoría fortalecida”.
Analizó que “la política criminal tiene que estar muy influida por el Gobierno” y postuló una “reducción” del mandato y que los procuradores “rindan exámenes anuales”.
Finalmente Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, planteó que en una República “hay periodicidad para todos” y adjudicó a los procuradores un “rol decisivo porque tienen a su cargo el diseño de la política de persecución penal”.
“La periodicidad no la discute nadie. ¿Quién va a defender que una persona que maneja una estructura con tanto poder pueda tener un cargo vitalicio? Es insostenible”, afirmó.
Por ello, apuntó que “si hay un límite en la periodicidad de los mandatos, el problema de las mayorías se relativiza” y, en ese sentido, cuestionó a los senadores por el estancamiento al que se llegó en la elección del nuevo Procurador General.
“No hay nada peor que tener un procurador interino como regla. Hay que tener un procurador que esté legitimado”, expresó Erbetta en referencia al actual jefe de los fiscales, Eduardo Casal, designado por el gobierno de Cambiemos.
Finalmente, el ministro de la Corte santafecina consideró que un mandato de seis años “es adecuado” y que uno de cuatro “es muy corto”.
“No me parece decisivo el tema de las mayorías porque la periodicidad me está limitando. Y porque, si tengo controles y debo rendir cuentas ante el Congreso, la cosa es diferente”, explicó.
La discusión de la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal continuará el próximo lunes desde las tres de la tarde con una nueva ronda de audiencias, según informó el presidente de la Comisión de Justicia, el oficialista neuquino Oscar Parrilli.
