“Tenés que ir a Rio Tercero. Hay lenguas de fuego que se meten por las ventanas de las casas”, le dijo el director del diario “Puntal” de Río
Cuarto al cronista Marcelo Irastorza, la mañana del tres de noviembre de 1995. Por entonces internet hacía sus primeras pruebas en el país, los teléfonos celulares eran una rareza y no existían las redes sociales, pero la noticia se replicó en las radios de todo el país: Río Tercero estaba en llamas. El periodista llamó al reportero gráfico Américo Valverdis, que lo pasó a buscar en su viejo Peugeot 504 para recorrer los 140 kilómetros que los separaban del lugar. Cuando llegaron a Berrotarán, a mitad de camino, Gendarmería les impidió el paso. Fue entonces cuando vieron el enorme hongo de humo gris en el horizonte. “Era impresionante, parecía sacado de un documental sobre la bomba atómica”, recuerda Irastorza. Tomaron un camino rural alternativo. Los sorprendió la cantidad de gente que se desplazaba en sentido contrario: eran vecinos aterrados que huían con bolsos, valijas y hasta colchones. Río Tercero era tierra de nadie: había mucho humo, espoletas en las calles, casas convertidas en escombros y un penetrante olor a pólvora y azufre.
La misma percepción tuvo el secretario penal del juzgado federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, que había sido informado de la explosión por la policía provincial. “El hongo en el cielo se veía desde la ventana del auto. Cuando llegamos encontramos una ciudad destruida, diseminada de proyectiles en las calles”, recuerda en diálogo con NOTICIAS. El funcionario, que viajó junto al juez federal Luis Rodolfo Martínez, ya estaba en Río Tercero cuando aterrizó el helicóptero presidencial. Los bomberos contabilizaron siete víctimas fatales, centenares de heridos e incalculables daños materiales. “Ustedes tienen la obligación de informar que lo que ocurrió aquí fue un accidente”, sentenció el presidente Carlos Menem en su primer contacto con los periodistas. 25 años después, el ahora senador por La Rioja, irá a juicio oral y público, acusado de haber ordenado detonar la fábrica militar de Río Tercero para ocultar el faltante de proyectiles que -como demostraría la causa por la venta ilegal de armas- tuvieron por destino a la lejana Croacia.
Proceso kafkiano. El interminable periplo judicial de la causa Río Tercero transitó dos caminos paralelos: la investigación para dirimir responsabilidades penales y la demanda civil para buscar una reparación económica. En el primer caso, lo más difícil fue probar el origen del fuego que originó las explosiones; en el segundo, vencer la resistencia política y burocrática de los sucesivos gobiernos.
Para desarticular la versión oficial del accidente fue clave la actuación de la querellante Ana Gritti, una tozuda abogada que perdió a su marido en la explosión y se juramentó hacer justicia. Gritti pidió la intervención de especialistas de la Universidad Tecnológica de Córdoba para contrarrestar las pericias direccionadas de las fuerzas de seguridad. Los técnicos de la UTN demostraron que era imposible que los proyectiles hubieran detonado por accidente y probaron la simultaneidad de las detonaciones en sectores distintos del predio (la planta de carga y la de suministros). “Fue una explosión programada”, concluyeron. A esa pericia se sumó el avance de la causa judicial por la venta ilegal de armas -que se sustanciaba en Comodoro Py -, que reorientó la pesquisa hacia la hipótesis del “estrago doloso”, es decir, la provocación de un hecho trágico (estrago) en forma intencional (con dolo). Gritti murió de cáncer en 2001, convencida de que la explosión había sido un eslabón más del encubrimiento de la venta ilegal de armas. No encontró justicia, pero dejó un equipo de abogados que acompañaría a sus hijas hasta el final del proceso: Ricardo Monner Sanz, Aukha Barbero y Horacio Viqueira.
Mientras la investigación penal se atascaba en el fango de la burocracia judicial, la causa civil no le fue en zaga. El abogado Mario Ponce, patrocinante de la mayoría de las demandas contra el Estado, logró en 2007 que el gobierno kirchnerista se allanara a participar de una audiencia de conciliación. Hubo acuerdo y se envió un proyecto de ley de reparación al Congreso. Pero la iniciativa fue aprobada recién ocho años después en Diputados y en 2015, el Senado la convirtió en ley (27.179). El presidente Mauricio Macri la reglamentó recién en 2018 y desde entonces el juzgado federal de Río Cuarto ha emitido cerca de cinco mil certificaciones para que los ministerios de Defensa y Economía paguen los 150.000 pesos (a valores de 2015) que le corresponden a cada damnificado. “Muchos de los que iniciaron la acción civil fallecieron con el paso de los años -admite Ponce a NOTICIAS-, por lo que la indemnización la cobrarán sus hijos”. Con el porcentaje que le corresponde por honorarios profesionales, Ponce pondrá en marcha una fundación social destinada a generar trabajo para los familiares de las víctimas y los cesanteados durante el gobierno de Cambiemos.
Imputación. La causa penal siguió su camino zigzagueante y cada nuevo juez le imprimió su impronta. Martínez acotó el alcance de la investigación a los mandos militares y se apartó. Lo subrogó un tiempo la jueza Clara Curtino, hasta que en 2005 fue designado el abogado conservador Diego Estévez, que integraba la lista de conjueces. Se tomó poco más de un año para dictar el sobreseimiento de todos los imputados. Su fallo fue un escándalo, devenido papelón cuando trascendió que parte de la bibliografía utilizada había sido tomada del sitio web Rincón del Vago.
La Cámara Federal de Córdoba apartó a Estévez de la causa, lo excluyó de la lista de conjueces y anuló el sobreseimiento. El expediente volvió al juzgado de Río Cuarto, subrogado ahora por el juez Oscar Valentinuzzi, que amplió las imputaciones al ex presidente Carlos Menem, su ministro de Defensa, Oscar Camilión, y el jefe del Ejército, Martín Balza. En noviembre de 2008 Carlos Ochoa asumió como juez federal y diez años después pidió la elevación a juicio de la causa, con Menem como único imputado. Lo acusa de ser “autor mediato de estrago doloso agravado por la muerte de personas”. El tribunal, integrado por Carolina Prado, Noel Costa y Jaime Díaz Gavier fijó la primera audiencia para el 24 de febrero y el proceso completaría el juicio realizado en 2014, cuando fueron condenados a 13 años de prisión los militares Edberto González De la Vega, Carlos Franke y Jorge Antonio Cornejo Torino, y a diez años Diego Gatto.
Si bien nadie arriesga pronósticos ni escapa al escepticismo que generan la avanzada edad del imputado y el tiempo transcurrido, hay una moderada expectativa por llegar al final de una de las causas más largas de la historia, que recorrió todos los recovecos judiciales mientras en el país se sucedían siete presidentes -sin contar los tres del interinato De La Rúa-Duhalde- y Córdoba cambiaba su histórica hegemonía radical por el vigoroso cordobesismo de José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti.
Hernán Vaca Narvaja es director de la revista El Sur.
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