El reclamo de los presos, que este fin de semana provocó un estallido en varias cárceles, llegó hasta la puerta de la gobernación bonaerense con los familiares de los detenidos reclamando por la situación de hacinamiento que viven y el retraso en las excarcelaciones.
Los manifestantes se concentraron esta mañana en la plaza San Martín, en el centro de la ciudad de La Plata, al grito de “largá a los pibes”. Poco después marcharon hasta la Torre II, en la esquina de las calles 12 y 54, donde funciona el Ministerio de Justicia de Buenos Aires.
Las exigencias son variadas. Plantean que “se les conceda la libertad inmediata a las madres con hijos menores y embarazadas sin distinción de delitos por lo que cursan proceso y se otorgue, en todos los casos, los derechos sobre libertad condicional, libertad asistida, salidas transitorias y cambios de régimen por progresividad de la pena, sin restricción de condición procesal”.
En la provincia hay más de 50.000 personas privadas de su libertad, más del doble de la capacidad que tienen las unidades, que actualmente es de 24.000 plazas. Entre otras cosas, los familiares aseguran que “más de 15 mil internos están secuestrados por el sistema penal que no da resolución a sus causas”.
También exigen que les otorguen la “internación domiciliaria a todos aquellos que por su avanzada edad o situación de enfermedad deban seguir un tratamiento prolongado para su satisfactoria recuperación y se establezca, como mínimo, la compensación de dos días por cada uno sufrido en detención o sujeto a restricción ambulatoria”.
El malestar que existe entre los detenidos estalló el pasado fin de semana con una serie de motines en las unidades 1, 9, 10, 21, 24, 31, 37, 40, 45 y 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Acuerdo con los presos amotinados: el 14 de noviembre regresarán las visitas familiares
Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), los hechos se originaron por “responsabilidad del SPB que informó el reinicio de las visitas luego de ocho meses de ASPO y un día antes dio marcha atrás con la medida“.
“Está resolución -entendió el organismo- sumada a la nula respuesta judicial frente a justos reclamos y pedidos de las personas detenidas, la demora en resolver morigeraciones y libertades, la suspensión de salidas transitorias y laborales, la nula atención sanitaria y de medidas adecuadas frente al COVID-19 explican lo ocurrido”.
Para la CPM todo lo ocurrido durante estos días “es consecuencia de un sistema penal que provoca graves violaciones de derechos humanos, sistemáticas y estructurales, incumpliendo la Constitución Nacional y las leyes vigentes”.
“Los jueces penales deben actuar conforme a la ley y otorgar las medidas morigeratorias de la pena y libertades que corresponden, y no guiarse por los discursos hegemónicos de los medios masivos de comunicación”, señalaron en el último comunicado de prensa, en sintonía con el ruidoso reclamo de los familiares de los detenidos frente a la gobernación y el ministerio de Justicia bonaerense.
“Requerimos al gobierno provincial que se tramiten estos reclamos en el marco del respeto de los derechos humanos de las personas detenidas y se suspendan los traslados compulsivos sin autorización judicial, promoviendo el diálogo para la resolución de los conflictos”, exigió el organismo que preside el Premio Nobel de la PazAdolfo Pérez Esquivel.
LN/MC
