El estallido en las cárceles bonaerensesdestapó una olla de reclamos inagotables. Mientras los detenidos exigen el regreso de las visitas y los beneficios de excarcelación que fueron suspendidos por la emergencia del COVID-19, un grupo de abogados anunció en las últimas horas de este viernes que denunciarán, ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCJPBA), a los jueces que incumplen la ley que los obliga a inspeccionar los centros de detención y que además no respetan los plazos procesales para resolver los casos particulares.
Los abogados, encabezados por Juan Manuel Casolati, ex secretario de Ejecución Penal del Departamento Judicial de San Martín, sostienen que “hay un marcado y preocupante desinterés” por la situación de los detenidos en las unidades carcelarias.
“Han llegado al absurdo de no responder siquiera los escritos de pronto despacho, donde se denuncian los retrasos injustificados de las causas. En San Martín, por ejemplo, tampoco atienden en los Juzgados los llamados telefónicos y no responden los mails”, asegura Casolati a PERFIL.
Para este grupo de abogados, los jueces “están vulnerando pactos y leyes que los obligan a observar y decidir en las causas penales donde se encuentren imputadas mujeres niños y niñas con una particular mirada y no lo hacen”.
“No existe una perspectiva de género en el Poder Judicial”, entiende Casolati y aclara que el reclamo “no es contra el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)”, que es el organismo que gobierna las cárceles. En algunos casos -plantean los abogados- consideran que existe una cruel disposición de los jueces. En especial, en el caso de las madres que están detenidas junto a sus hijos menores.
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“El arresto domiciliario podría aliviar sustancialmente estas situaciones, pero los jueces aplican la ley de modo absurdo, con dureza inusitada, y a su vez se desentienden de aquello que deciden, porque a no perder de vista que las detenidas lo están a disposición de los jueces y no del SPB, y son ellos los garantes de sus derechos“, dice Casolati.
En la Unidad Penitenciaria N° 47 de San Martín, por ejemplo, las internas mujeres realizaron una protesta contra el poder político judicial. En sintonía con la presentación que harán los abogados, exigen que los jueces las visiten en su lugar de detención y que además respondan en tiempo y forma a sus reclamos.
El poco interés de los jueces quedó a la vista antes, durante y después de los motines del fin de semana pasado. Hubo revueltas en al menos diez cárceles bonaerenses, con escenas de fuerte represión, pero jueces y fiscales brillaron por su ausencia. Casi ninguno cumplió con la obligación de verificar como estaban las personas detenidas a su disposición.
De hecho, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó, en un comunicado, su preocupación por la situación actual de las cárceles. “Todo lo ocurrido durante estos días es consecuencia de un sistema penal que provoca graves violaciones de derechos humanos, sistemáticas y estructurales, incumpliendo la Constitución Nacional y las leyes vigentes”, entendieron y exigieron que “los jueces penales deben actuar conforme a la ley y otorgar las medidas morigeratorias de la pena y libertades que corresponden, y no guiarse por los discursos hegemónicos de los medios de comunicación masiva”.
