Revocaron un fallo que le concedía la excarcelación a un condenado por narcotráfico

de una ley sancionada en 2017 que prohíbe la excarcelación para autores de delitos graves y una jueza le dio la razón. Pero la Sala IV de la Cámara de Casación Federal revisó el fallo, avaló la constitucionalidad de la ley 27.375 y definió que el traficante debe cumplir su condena.

El fallo fue dictado con el voto del juez Gustavo Hornos, al que adhirió su par Javier Carbajo. Los camaristas decidieron no hacer lugar al recurso que había interpuesto la defensa de Yovanny Gálvez, un dominicano nacionalizado argentino, condenado el 11 de septiembre de 2019 a cuatro años y cuatro meses de prisión más una multa de 150 mil pesos por el delito de “transporte de estupefacientes”.

A Gálvez lo declararon culpable junto a dos mujeres, una de nacionalidad uruguaya y la otra dominicana, por llevar en un vuelo desde Buenos Aires a Ushuaia 1.900 kilos de cocaína. La Policía los descubrió en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.

Gálvez y las dos mujeres fueron a un juicio abreviado en el que fueron encontrados culpables. Al hombre le dieron una pena de cumplimiento efectivo, pero el 24 de septiembre pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego le concedió un planteo de inconstitucionalidad a pesar de que el fiscal se había opuesto al pedido de la defensa del narcotraficante.

La ley que cuestionó el abogado de Gálvez es la 27.375, que establece que “la libertad condicional no se concederá” para los delitos vinculados a la producción, transporte o comercialización de drogas.

Justamente, ese punto afectaba directamente a la conducta de Gálvez por lo que los jueces de Casación resolvieron confirmar la constitucionalidad del artículo 14, inciso 10° del Código Penal en cuanto dispone que la libertad condicional no se concederá a personas condenadas por casos de narcotráfico (artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 23.737).

En su voto, el juez Hornos recordó que la “declaración de inconstitucionalidad de una ley es una de las funciones más delicadas del ejercicio de la jurisdicción y por su gravedad debe estimarse como última ratio del orden jurídico” y citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“De lo contrario -sostuvo Hornos- se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino que -por el contrario- lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado y para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del Poder Legislativo, encargado de dictar la ley”.

Y que justamente el legislador, “en uso de las facultades que le asignó la Constitución Nacional, ha establecido un nuevo criterio de política criminal que implica la restricción al acceso al régimen de la libertad condicional para quienes han sido condenados” por una de las conductas señaladas, entre las que está la de narcotráfico.

A la vez, el camarista Remarcó que “las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Mandela) -que resaltan la importancia fundamental de los derechos humanos en la administración diaria de justicia penal y señalan que los objetivos de las penas incluyen proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia– prevén la posibilidad de que el régimen progresivo se satisfaga dentro del sistema carcelario”.

En ese sentido, dijo que “no es posible inferir de los Tratados Internacionales que los Estados estén obligados a incluir en sus sistemas penales el régimen de la libertad condicional o los institutos de liberación intermedia, ni que tampoco su aplicación resulte accesible para todos los condenados”, sentenció.