Nuevas pruebas complican a Lazaro Báez y Cristina Kirchner en el juicio de la obra pública

de preadjudicación, responsable de analizar las ofertas de las empresas que concursaban, para avanzar hacia la adjudicación. Ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) declararon dos ex integrantes de ese espacio, cuyos testimonios reforzaron una hipótesis de la fiscalía: en dos días el Grupo Austral recibió, sin mayores controles, cuatro contratos por más de $ 714 millones. Las obras duplicaron y triplicaron sus plazos de obras, y se estimaron sobreprecios por encima del 56%. En estas licitaciones, Báez competía consigo mismo, tres de sus firmas ofertaban con diferencia de centavos. El dato: la comisión de preadjudicación “era ficticia y en 24 horas se entregaban los contratos”, señalaron fuentes judiciales.

La vicepresidenta es la principal acusada en este caso donde se la procesó como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar 51 licitaciones por $ 46.000 a favor de Lázaro Báez. La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, sostuvo que esos contratos se otorgaron “bajo serias irregularidades”, sumado que “el 50% de los contratos no se terminaron y los sobreprecios rondaron el 65%”. Otro punto que remarcó la imputación, es que el Grupo Austral “no tenía capacidad técnica ni operativa para ganar tantas licitaciones”.

Cuando Austral Construcciones llevaba sólo tres años en el rubro de la obra pública, el Estado nacional le adjudicó 20 licitaciones, algunas de forma compulsiva: el 5 y 6 de marzos de 2007 le otorgó cuatro contratos por más de $ 714 millones, pero por las que Báez terminó cobrando $ 1.260 millones, duplicando y hasta triplicando los plazos de obra”. La imputación sostiene que para que esto ocurriera, había “connivencia de los funcionarios de Vialidad que no realizaban los controles correspondientes”.

Lázaro Báez recibió en dos días, cuatro contratos millonarios con otro dato no menor, en las licitaciones competían tres empresas de él, en un caso dos de ellas en una Unidad Transitoria de Empresas (UTE), pero seguía siendo el mismo dueño. El único por fuera del holding que ofertaba era Petersen (de la familia Eskenazi), pero en las cuatro ofertas, los descalificaron.

La situación mostraba a Báez compitiendo con Báez. No había ecuación que lo haga perder. Sus empresas, en lo que la fiscalía sostiene que eran “licitaciones simuladas”, ofertaban “con propuestas que mostraban una escasa diferencia en su cotización a favor de aquella que estaba preseleccionada para ganar”, sostiene la imputación.

Primero se autorizaba el llamado a licitación, una vez que se conocían las ofertas las mismas debían analizarse en la comisión de preadjudicación que debe integrarse con cuatro agentes de Vialidad. La comisión se modificaba siempre días previos a firmar el dictamen que siempre favorecía a Báez.

Por ejemplo, en la licitación 10.477 para repavimentar un tramo de la Ruta 281, el 26 de diciembre de 2006 se nombraron a los cuatro integrantes de la comisión. Sorpresivamente, el 22 de febrero de 2007 dicha conformación fue modificada, y sacaron a Gustavo Pereyra y a Claudio Helm. Fueron nombradas otros dos especialistas sin previas explicaciones. Cinco días después esa comisión se pronunció a favor de Báez que el 5 de marzo fue adjudicatoario a través de Kank y Costilla de un contrato por $ 108.048.052. La obra debía terminarse en 24 meses, su plazo de se duplicó y se terminó pagando $ 150.017.682. 

Llamó la atención a los investigadores el movimiento reiterado en la Comisión de preadjudicación. Previo a pronunciarse, se sacaban a dos de sus miembros, siempre los mismos (Pereyra y Helm) y colocaban a otros dos para que firmen el dictamen a favor del empresario K. “Nunca me enteraba cuando era parte de la comisión ni tampoco cuando me sacaban”, dijo en su declaración testimonial Pereyra. En sus dichos Helm fue más difuso, y señaló que “recordaba” algo respecto a esa comisión, pero no dio precisiones respecto a qué debía hacer en ella.

Dentro de las principales irregularidades “exponen una clara connivencia y tráfico de información con Báez” y “falta deliberada de controles” exponiendo “la complicidad de funcionarios”. En este punto, se señaló que la Comisión de preadjudicación en pocos días, “sin mayores controles y análisis, ni tiempo para analizar las ofertas” favorecían siempre a Báez.

Pero había otro dato que se observó en la licitación por la Ruta 9. Se llamó a licitación por 199.680.000 pesos, antes de la apertura de ofertas, se firmó un convenio donde se fijó el presupuesto en 238.248.064 pesos, que terminó siendo la oferta que realizó Austral Construcciones. “Fue realizado a la medida de la cotización” del empresario K.  La obra la ganó el Grupo Austral, después de modificarse la comisión de preadjudicación.

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