La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que reúne a más de 400 abogados de la Capital Federal, presentó este jueves el libro “El Pacto”, que cuenta cómo
el presidente del CELS Horacio Verbitsky negoció supuestamente la designación de decenas de jueces, fiscales y empleados judiciales clave con los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.
Según los autores, el libro contiene “la historia del acuerdo Kirchner-Verbitsky destinado a dominar el Poder Judicial con el propósito de someterlo a un proyecto político que consagrase la impunidad y sirviese como herramienta de persecución a opositores“.
El libro, que puede descargarse gratuitamente de la página www.elpacto.com.ar, fue escrito por los abogados Gerardo Palacios Hardy, Ricardo Saint Jean y María Laura Olea.
“Verbitsky y el kirchnerismo, a través del CELS y de la agrupación política Justicia Legítima, vieron claro por dónde pasaría el poder de la Justicia Penal. De ahí que durante la gestión de la Dra. Alejandra Gils Carbó ocuparan dicho ministerio públiconombrando 1.500 nuevos empleados, creando ilegalmente cargos y designando o ascendiendo a más de 50 miembros de esas dos organizaciones como magistrados fiscales en lugares claves para garantizar la impunidad de los acusados por corrupción, así como dando impulso a causas contra los opositores políticos”, sostiene el libro.
Más adelante, asegura que “la designación de Alejandra Gils Carbó como procuradora general de la Nación fue impulsada personalmente por Cristina Kirchner. Verbitsky, por su lado, hizo nombrar en este organismo clave a varios de los principales abogados del CELS, consolidando la toma del Ministerio Público Fiscal por parte de la militancia de esa organización y de Justicia Legítima”.
La tapa del libro “El Pacto”.
Afirma que en el 2003, Kirchner “se comprometió a trabajar por la reapertura de los juicios -solo a los militares- por los hechos ocurridos en los ’70. Y le concedió a Verbitsky, el CELS y las organizaciones bajo su influencia, el diseño y manejo de una política de derechos humanos que significaría, en pocos años, un profundo cambio cultural y que transformaría tanto la política de seguridad y de defensa, como la gestión del servicio de justicia”.
Ese pacto comenzó con el pedido de renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia que había nombrado Carlos Menem para lograr “una mayoría que asegurara los objetivos fijados, siguió con la embestida contra los miembros de la Cámara Federal de Casación Penal y avanzó sobre el Consejo de la Magistratura, para lanzarse finalmente al copamiento del Ministerio Público Fiscal por parte de miembros del CELS y de Justicia Legítima”.
A instancias del ex periodista y asesor informal de Cristina Kirchner, “se nombraron en el ministerio público fiscal a Víctor Abramovich y Carolina Varsky, así como a Pablo Parenti, José Alberto Nebbia, Miguel Ángel Palazzani y Pablo Camuña”
El Plan “se encuentra hoy en su última etapa”. La reforma de la Justicia propuesta por el presidente Alberto Fernández el 29 de julio pasado “esconde una maniobra de ilusionismo tan común como exitosa en la política kirchnerista: la reforma propone la creación de nuevos juzgados, poniendo el foco en la calidad y número de los jueces, cuando en realidad el plan de impunidad y persecución de opositores no pasa por allí, sino que está ya en manos de fiscales -y lo estará más contundentemente en breve-, los cuales vienen ejecutándolo exitosamente con actos concretos en cumplimiento del pacto y en violación de sus funciones”.
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