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Los jueces del Tribunal Oral Federal 3 Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Canero escucharán por videoconferencia el alegato de la fiscalía, representada por Roberto Salum, Santiago Eyherabide y Santiago Roldán.
Los fiscales podrían optar por mantener la acusación con la que Telleldín llegó al segundo juicio oral en su contra por el ataque terrorista del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos y que prevé la pena máxima de perpetua, como pidió la querella de Familiares de víctimas, o bien plantear modificarla.
Esto fue lo que hizo la querella AMIA DAIA, en representación de las instituciones que funcionaban en el edificio de Pasteur 633, que pidió 20 años de cárcel por entender que Telleldín entregó la camioneta usada como coche-bomba a sabiendas de que iba a cometerse un delito grave con ella pero pudo no conocer que su objetivo final era volar la sede de la mutual judía.
Los familiares reclamaron que se condene a Telleldín a prisión perpetua como partícipe necesario de “homicidio doloso doblemente calificado por odio racial o religioso y por haber sido cometido por medio idóneo para causar peligro común”.
La querella AMIA-DAIA reclamó 20 años de cárcel por “estrago doloso seguido de muertes” para quien fue el último poseedor de la camioneta Trafic usada como coche-bomba
Tras la fiscalía será el turno de la defensa oficial del acusado y se espera que haya veredicto antes de fin de año.
Telleldín pasó ya una década preso, entre 1994 y 2004, como presunto partícipe necesario del atentado y en la actualidad ejerce como abogado, profesión que estudió en la cárcel.
El debate oral en este segundo juicio se inició el 18 de mayo de 2019, quedó interrumpido por la pandemia de coronavirus y se retomó de manera virtual en junio.
En marzo de 2019 Telleldín fue condenado a tres años y seis meses de prisión en otro juicio por los delitos cometidos durante la investigación del ataque terrorista.
Si ese fallo queda firme, tendrá que devolver al Estado Nacional los 400.000 dólares que cobró tras un pacto con el destituido primer juez del caso AMIA, Juan José Galeano, a cambio de declarar que entregó la camioneta Trafic a un grupo de policías bonaerenses que fueron acusados junto con él.
Todos pasaron una década presos como presunta conexión local del atentado, hasta que quedaron absueltos en 2004 en un primer juicio oral también a cargo del TOF3 pero con otros integrantes: Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo.
Luego de la anulación de toda la causa en el primer juicio la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó en 2009 retomar la pesquisa que entendió como válida hasta el momento del pago ilegal a Telleldín, quien se recibió de abogado en la cárcel.
La investigación quedó a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien declaró a los delitos como de lesa humanidad e imprescriptibles y firmó el envío por segunda vez a juicio oral de Telleldín, acusado en su rol de partícipe necesario y entregador de la Trafic.
Según la acusación, ese vehículo con entre 300 y 400 kilos de explosivos fue dejado en una playa de estacionamiento cercana a la mutual hasta que la mañana del 18 de julio de 1994 se perpetró el ataque.
Tras la jubilación de Canicoba Corral, la jueza federal María Eugenia Capuchetti quedó este año al frente de la causa.
Por la planificación del atentado están acusados y con pedido de captura internacional varios miembros y exfuncionarios del gobierno de Irán, entre ellos el exagregado cultural de ese país en la Argentina Moshen Rabbani, pero aunque salieron varias veces de su nación nunca fueron arrestados, pese a la vigencia de las alertas rojas de Interpol.
