Luego de que se conociera este domingo la carta que el bloque de senadores del Frente de Todos que responde a Cristina Kirchner entregó al Fondo Monetario Internacional, en la que pide
al organismo que “se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años”, en el entorno de Martín Guzmán buscaron una salida diplomática a la cuestión.
Según dijeron, no hay en el Ministerio de Economía una opinión formada al respecto y se respeta la postura institucional de los legisladores. Claro, detrás está la vicepresidenta.
El Congreso tiene un rol clave en los próximos pasos de la negociación con el FMI: no sólo que los legisladores deberán avalar el acuerdo que se pacte con el Fondo, sino que además las reformas estructurales, más “profundas” que surjan del programa que se está negociando, requerirán la aprobación parlamentaria.
Es que del menú de opciones que ofrece el FMI para conseguir un nuevo préstamo y, con ese, repagar el anterior, la Argentina buscará uno denominado “línea de facilidades extendidas”. De acuerdo a la descripción del propio organismo, para este tipo de programas se requieren “reformas estructurales profundas y duraderas”.
Si bien la Argentina ganaría más tiempo para repagar el préstamo, las exigencias desde el organismo suelen ser mayores para las “líneas de facilidades extendidas”.
De hecho, dentro de los 21 préstamos que tuvo la Argentina con el Fondo, dos fueron de facilidades extendidas: el pactado en 1992, en plena convertibilidad, momento en el que el Fondo abogó por bajar el déficit fiscal, además de una reforma previsional y otra tributaria.
Luego en 1998, el FMI fue por el lado de “aconsejar” más privatizaciones, una reforma tributaria y la laboral.
Los senadores que firmaron la carta, que llegó a Guzmán (y también a Santiago Cafiero y a “Wado” de Pedro) el sábado por la noche, pide que “los trabajadores de Argentina no deberían ser los perjudicados por la devolución de los préstamos del Fondo, que parecen haber sido otorgados para satisfacer necesidades políticas, antes que por cuestiones estrictamente técnicas que tuvieran por finalidad mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país”.
Y solicitan al FMI que “se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años”. Al tiempo que respecto a la refinanciación solicitan una “reconsideración de los intereses”, o un “período de espera para comenzar los pagos anuales a partir del año 2025”.
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