Elizabeth Gómez Alcorta sobre el aborto legal: “Por supuesto esperamos que se apruebe”

de estas demandas una política de Estado. Estoy convencida de que lograr la sanción de estas leyes nos va a acercar a una Argentina más justa e igualitaria“, dice la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

La funcionaria fue parte de la mesa chica que estuvo al frente de la redacción de este proyecto desde que asumió Alberto Fernández y que fue comandado por la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra y un pequeño grupo de especialistas del ministerio de Salud.

“El Presidente de la Nación se comprometió en campaña y en la apertura de sesiones este año, con las mujeres y con la sociedad argentina en su conjunto, para dar respuestas a un problema de salud pública que existe y que no puede ignorarse. Como Estado tenemos la obligación de asistir y acompañar a todas las mujeres que toman la decisión de continuar y de interrumpir sus embarazos. Cuidar la integridad física en todos los casos, evitar muertes por abortos clandestinos y acompañar a todas aquellas que desean continuar con sus embarazos y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, para que puedan cumplir con su deseo de maternar y que a ellas y sus hijos e hijas no les falte nada”, agrega la ministra.

-¿El proyecto se presenta porque están los votos?

-El gobierno nacional tomó la decisión política de acompañar siempre a todas las mujeres en todas las situaciones. Por eso envía al Congreso los dos proyectos, el de la interrupción voluntaria del embarazo y el de Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia para acompañar a todas las mujeres durante su embarazo y en los primeros años de vida de sus hijas e hijos. Tenemos buenas expectativas, esperamos que las y los legisladores puedan debatir democráticamente, respetando todas las posiciones e intercambiando argumentos, y que finalmente puedan aprobarse ambas iniciativas que nos permitan seguir reconociendo derechos y garantizar el cuidado integral de la salud de las mujeres.

-Se dice que el aborto legal es la deuda de la democracia ¿Podrá este gobierno saldar esa deuda?

-No hay democracia completa si una parte de la ciudadanía no tiene garantizados sus derechos fundamentales. El aborto clandestino implica la imposibilidad de acceder de manera integral y segura al derecho a la salud de miles de mujeres y causa decenas de muertes por año. Mientras hayan muertes que son evitables, no podemos hablar de una democracia plena.

-La pandemia complicó más los derechos de las niñas y mujeres por los abusos, las violencias, las imposibilidades de accesos a información, centros de denuncias, anticonceptivos… ¿Se tomó nota que el aborto clandestino complica más al sistema de salud que su legalización?

-Sabemos que las complicaciones por abortos clandestinos implican una demanda al sistema de salud que puede evitarse. Las consecuencias de los abortos practicados en condiciones inseguras impactan de lleno en todo el sistema sanitario: hospitalizaciones, enfermedades emergentes, derivaciones a cuidados intensivos y, la peor de todas ellas, las muertes por abortos practicados sin contención ni atención de calidad. A su vez, garantizar el acceso a servicios de aborto legal reduce los costos para el sistema de salud. Los costos de incorporar la atención para un aborto sin riesgos son bajos respecto de los que acarrean las complicaciones por abortos inseguros. En contextos como el actual en los que los servicios sanitarios se encuentran colapsados, garantizar intervenciones seguras significa ayudar a evitar la saturación del sistema. La interrupción de un embarazo en condiciones seguras es una práctica ambulatoria que se hace una con una pastilla. Esto significa que no implica complicaciones ni necesidad de personal o equipamiento complejo, que se realiza desde el primer nivel de atención con métodos químicos no invasivos y que, además, tiene bajo costo.

-¿Será ley? ¿O el Gobierno lo presentó por su compromiso asumido?

-Esto va a depender del Poder Legislativo y de la deliberación democrática que se de en ambas cámaras. Por supuesto que esperamos que se apruebe, por eso enviamos los proyectos. No creemos que se trate de un tema en donde el Estado y quienes tenemos la responsabilidad de gobernar podamos ser neutrales o mantenernos al margen de la discusión. La decisión de enviar los proyectos desde el Ejecutivo constituye un claro mensaje de cuál es la posición oficial de este gobierno.

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