El presidente Alberto Fernández consideró que con el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo enviado al Congreso de la Nación, la Argentina “podrá empezar a
desandar el camino de la amenaza penal y la desigualdad” para las personas gestantes que decidan abortar.
“Si el Congreso sanciona la ley de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, Argentina podrá empezar a desandar el camino de la amenaza penal y la desigualdad y recorrerá el de la justicia social y el ejercicio de derechos como respuestas más justas y democráticas para que todas las personas gestantes tengan los mismos cuidados y condiciones”, afirmó Fernández.
El Presidente volcó estos conceptos en el mensaje que adjuntó al proyecto de Ley enviado al Parlamento y que lleva la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de los ministros de Salud, Ginés González García; de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
El mandatario agregó que si la ley sale sancionada “cada persona podrá seguir pensando y decidiendo conforme a sus convicciones”.
Pero, aclaró que se tendrán “mejores condiciones para que ocurran menos abortos que los que hoy suceden” y contribuirá “a reducir infecciones, perforaciones uterinas, otros daños en la salud y las muertes evitables por abortos inseguros”.
Fernández indicó que “lo que se pretende es que las personas gestantes que han tomado la decisión de abortar, lo hagan en forma segura para evitar que pongan en riesgo su vida y su salud y, al mismo tiempo, tengan la posibilidad de ingresar al sistema público de salud y de acceder a información útil para evitar en lo sucesivo, nuevos embarazos no intencionales y nuevos abortos”.
En su mensaje al Congreso, el Presidente argumentó que la iniciativa “asume que las desigualdades e inequidades de género, socioeconómicas y geográficas que se viven en la Argentina y que se reproducen y expresan cuando se trata de acceder al derecho a la salud deben revertirse”.
Al respecto, agregó que el Estado “asume la responsabilidad de legislar y proteger con políticas públicas, la salud y la vida de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar”.
“El aborto es hoy un problema de salud pública en Argentina, porque la práctica se realiza en la clandestinidad y muchas veces la llevan a cabo personas que carecen de la preparación médica adecuada; por las condiciones en que se producen en gran medida y por las desigualdades geográficas, económicas y sociales que vuelven inaccesible para algunas lo que para otras está disponible y accesible”, explicó en los fundamentos de la medida.
Al respecto, Fernández planteó que las condiciones de insalubridad de los abortos clandestinos “provocan daños irreparables en la salud “ y que esas muertes “el Estado no puede seguir asimilando como tragedias cuando son evitables”.
“La legislación debe generar las condiciones de seguridad para que los servicios de salud dejen de generar temor a represalias penales o a tratos crueles, violaciones de la confidencialidad o revictimizaciones, incluso ante abortos espontáneos”, indica el mensaje al Congreso.
Fernández enfatizó que el objetivo del Gobierno “es que haya menos embarazos no intencionales, menos abortos, menos complicaciones por abortos inseguros y menos muertes” y que, por el contrario, “haya más derechos reproductivos, más embarazos deseados, más salud, más familias, más vida”.
Asimismo, indicó que “la reforma propuesta no solo es compatible” con la “Constitución Nacional, sino que la penalización tal como existe desde el año 1921 y la consecuente inaccesibilidad al aborto legal, es contraria a los derechos consagrados en la misma y en los distintos tratados de derechos humanos”.
Finalmente, el Presidente reconoció que no se sabe con precisión cuántos abortos ocurren en la Argentina, pero remarcó que a través de estimaciones realizadas a solicitud del Ministerio de Salud y publicadas en 2005 se harían “entre 370 mil y 520 mil abortos por año”.
“Este proyecto, lejos de promover que los abortos sucedan, solo reconoce que efectivamente ocurren, que las mujeres muchas veces mueren allí o su salud queda afectada y que el sistema de salud público debe intervenir para evitarlo porque tiene las herramientas para hacerlo”, concluyó el mensaje enviado por el jefe de Estado al Congreso de la Nación.
