La “intervención” que pone en jaque la vieja alianza de padres y maestros

cruza como sociedad. Está la crisis de la educación que lleva décadas -profundizada con el cierre de las escuelas por la pandemia-, está el desprestigio de la profesión docente -reflejada, entre otras cosas, en sus malas condiciones laborales -, pero está -sobre todo- “la grieta”, justo en el lugar donde menos debería estar: adentro de las aulas.

Nadie dice que las aulas “son sagradas” y que allí no se debe hablar de temas políticos, ni siquiera que no se puede reflexionar sobre asuntos de la actualidad. Pero el problema es “el cómo”, el formato que debe tener un contenido educativo en una escuela pública, que debe garantizar la mayor de las pluralidades (todas las visiones) y el mayor rigor posible.

Por eso, cuando en una conversación por zoom, la ministra de Educación porteña habla de los docentes que eligen militar en lugar de enseñar, en principio no está hablando de nada nuevo en la Argentina. Pero además, no está diciendo nada que no pueda reconocerse en la vida diaria de las escuelas estatales de la Ciudad, donde algunos docentes y directores optan por “intervenir” el contenido educativo -en el aula y en actos escolares- con una mirada sesgada, sin darle lugar a la mirada pluralista que la educación reclama.

Esa “intervención” tiene dos problemas centrales, cuando se trata de la escuela primaria. En principio, el docente que lo hace está aprovechando el lugar de la autoridad educativa -que les damos todos como sociedad- para imponer una visión a chicos que se están formando. Pero además, coloca a los padres que no comparten esa visión en una posición muy incómoda, teniendo que ir a “debatir” con los maestros de sus hijos la forma en que estos hacen su trabajo.

Todo docente tiene derecho a militar en la escuela, no hace falta decirlo. Pero no es adentro del aula con los chicos el lugar indicado para hacerlo.

El caso más paradigmático y recordado fue el de los cuadernillos que repartió el gremio docente Ctera en 2017, cuando aún no se conocía qué había pasado con Santiago Maldonado. En plena investigación de la causa, la “guía para docentes” instaba a que los alumnos se preguntaran “¿Dónde está Maldonado?” Y se respondieran que “se lo llevó la Gendarmería”.

Más acá, y en plena pandemia, los cuadernillos para chicos de primaria elaborados por el Ministerio de Educación desató una polémica similar.

El otro asunto que introdujo Acuña en el zoom es discutible. Señala como una dificultad que los estudiantes de profesorados sean ahora de los “sectores más bajos socioeconómicos” y grandes de edad. Es cierto – el 51% tiene más de 25 años y el 57% vienen de familias en las con madres que no superan el secundario incompleto- pero nada dice eso de la calidad de lo que pueden aprender y enseñar. Y no es más que un reflejo de un sistema educativo que llega a cada rincón del país.

En todo caso, el desafío es cómo hacer para que la docencia sí atraiga a los más jóvenes y a los más formados. Y para eso se necesita una política activa con más incentivos para el que elija la docencia. Es responsabilidad de todas las autoridades educativas, entre ellas la ministra Acuña.