El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por el Ejecutivo ya está en el Congreso. Se tratará primero en la Cámara Baja, en un plenario de comisiones para que su
tratamiento sea más rápido. Y no habrá oradores como en 2018, cuando se escucharon más de 800 voces a favor y en contra de la legalización. Se entiende ahora que los datos y argumentos ya están en la mesa, y son conocidos por toda la sociedad. ¿Cómo será el proceso?
“El ejecutivo demuestra la voluntad de resolver un problema de salud pública. Eso antes que nada y por sobre cualquier otra lectura. Es una deuda histórica de la democracia para con las personas con capacidad de gestar”, dice a Clarín Mónica Macha, diputada del Frente de Todos, al frente de la comisión de Mujeres y Diversidad, que forma parte de este plenario.
“Además, está cumpliendo una promesa de campaña, asumiendo el compromiso que había anunciado. No hay una especulación de ejecutivo respecto a los votos porque en un escenario de paridad como en el que estamos no hay garantías para ningún resultado. Pero sin dudas este envío da una fuerza enorme para alinear, organizar y crear consensos. El presidente milita el aborto legal”, agrega Macha.
-¿Cree que la objeción de consciencia que está permitida en el proyecto del Ejecutivo hace que sea más fácil votar para los que están en contra y así aprobarlo?
-Es un punto muy sensible. Asumimos que la objeción de consciencia es entendida por los profesionales de la salud como un derecho ganado. Pero lo más importante es que no haya objeción de consciencia institucional. Eso es parte de lo trabajado en 2018, es una huella de ese proceso. Pero además es clave aclarar que la objeción de consciencia implica un acompañamiento. Y la responsabilidad de asumir un compromiso de ese profesional en derivar a tiempo y garantizar la interrupción deseada por la mujer. Es decir, que se ampare en la objeción no bloquea la intervención. Y si ese profesional no hace la derivación a tiempo hay consecuencias. La objeción de consciencia puede ayudar a ciertos indecisos pero no es un punto definitorio, más bien fue utilizado por grupos antiderecho como un modo de querer hacer trampa en 2018.
-¿Se va a terminar de tratar en 2020?
-Está todo dado para que se trate en 2020. Vamos a trabajar con la propuesta de un plenario de comisiones con una serie breve de encuentros para a hacer un tratamiento dinámico. No queremos una discusión express, sino comprometida y ágil. Las personas que abortan no pueden seguir esperando. El debate ya fue saldado en buena parte durante 2018. Creemos que antes de que termine en año pasará al senado.
-¿Va a ser ley?
-Debe ser ley. Estoy convencida y hay una fuerza histórica que no se puede frenar. Creo que estamos en buenas condiciones, que tenemos un buen escenario y que todo el trabajo que venimos haciendo puede convertirse en una ley que marque un antes y después de las luchas transfeministas. Somos desobedientes del patriarcado y sabemos que esta lucha no la podemos perder, el tiempo y la historia está a nuestro favor.
En el Congreso se formó una comisión de legisladoras “verdes” en la que también participan representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Este grupo se armó luego de reunirse con el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa.
Sergio Massa con representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. (Foto Lucia Merle
-¿Cuándo se vuelve a reunir esa comisión?
-No hay una fecha, nuestro contacto es cotidiano y el trabajo que hacemos va más allá de los encuentros puntuales. Tenemos una línea de trabajo acordado y avanzamos organizadas.
Jenny Durán es una de las representantes de la Campaña Nacional: “Ya nos reunimos una vez y aún no sabemos cuándo será la próxima reunión”, dice a Clarín. Y da su opinión sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo: “En líneas generales leímos que el proyecto del Ejecutivo está bien. Toma muchas fórmulas que proponemos como Campaña. También toma el marco normativo de garantía de derechos. Vamos a estudiar con más detenimiento la letra”.
“Sabemos que irán a debate y que habrá modificaciones durante el debate. El proyecto de la Campaña no plantea objeción de conciencia y en los términos de derechos sexuales y reproductivos es una herramienta para obstaculizar, dilatar y frenar los derechos de niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar y las diversidades. No debería ser así -agrega Durán-, La Campaña llevará sus argumentos porque hemos aprendido de la realidad efectiva, por eso nuestras demandas son en función de las necesidades que vemos cotidianamente. Es Urgente el tratamiento”.
“Sobre la objeción de conciencia, si bien en nuestro proyecto no aparece, me parece una propuesta seria y razonable de aceptar la objeción de conciencia individual y con responsabilidad de les profesionales -dice a Clarín Marta Alanis, otra de las referentes de la Campaña Nacional y de Católicas por el Derecho a Decidir y que forma parte de esta comisión-. Es un punto que tendrá diferentes miradas, pero leyendo el conjunto del proyecto de ley del Ejecutivo me parece que es excelente, es lo que esperábamos de Alberto”.
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