Ley de los mil días: de qué se trata el proyecto que presentó el Gobierno como contrapeso al aborto legal

por la pandemia, además de dar a conocer un segundo proyecto para crear un Programa de los Mil Días, con el objetivo de fortalecer los cuidados de la primera infancia.

Estos anuncios que hoy dio el presidente generaron que varios obispos no solo comenzaron a lamentar lo inevitable, sino que lanzaron muy duras críticas, además de que fuentes allegadas al Vaticano estiman que “será un duro golpe al Papa” porque los sectores más conservadores que cuestionan su pontificado lo utilizarán para renovarle sus críticas.

La Conferencia Episcopal, que agrupa a un centenar de obispos del país, ya había considerado dos semanas atrás que el envío del proyecto resultaba “insostenible e inoportuno” por realizarse en medio de la pandemia, con un sistema sanitario exigido.

¿En qué consiste el Programa de los 1.000 días? El proyecto de ley enviado al Congreso tiene por objetivo “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, hasta los tres años, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”.

En otro párrafo del proyecto de ley dice que “se extenderá la asignación por embarazo, que consistirá en una prestación monetaria no retributiva mensual que se abonará desde la acreditación del embarazo, que podrá realizarse a partir de la decimosegunda semana de gestación, y se percibirá hasta completar la cantidad de meses que hubiese durado su embarazo”.

También hay que remarcar “la asignación universal por cuidado de salud integral, que se cobraría una vez al año por cada niño o niña menor de tres años que cumpla con el plan vacunatorio obligatorio y el programa sanitario nacional”.

Otro punto a destacar es el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales, que “tienen por objeto garantizar el derecho a la identidad de las y los recién nacidos”, a la vez que propone “políticas prioritarias de género para prevenir de forma temprana situaciones de violencia de género o de violencia sexual”.

Es para subrayar otro aspecto del proyecto es la Provisión pública de insumos fundamentales, durante el embarazo y también para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes. Se atenderá́ a la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez”.

Es para mencionar el artículo 25, que apunta a “niñas y adolescentes embarazadas, a quienes se les deberá “asegurar protocolos para la atención especializada y específica para las menores de 15 años embarazadas, como grupo en situación de alta vulnerabilidad. Se garantizará una atención oportuna del servicio de salud para la detección de un posible abuso sexual con todos los resguardos necesarios para preservar su privacidad”.

No es para soslayar el pasaje en el que se hace mención a los embarazados de alto riesgo, que “priorizará las intervenciones comunitarias centradas en el cuidado de la salud integral, el acceso equitativo a las redes de servicios de salud perinatal organizados según la complejidad lo requiera para los métodos diagnósticos y los tratamientos indicados”.

Para aquellas personas con sospecha de trombofilia por antecedentes de complicaciones tales como: abortos recurrentes, muerte fetal, retardo de crecimiento intrauterino, prematurez o desprendimiento de placenta, se deberá procurar el acceso a los estudios diagnósticos gratuitos y a los tratamientos establecidos para tal condición, tanto para las personas con cobertura pública exclusiva como para quienes posean otra cobertura social”.