El Gobierno lanzó la licitación para comprar gas durante los próximos 4 años

domiciliario pagarán una parte del costo (se estima que entre US$ 2 y US$ 2,20 por millón de BTU -la unidad de medida del sector), mientras que el Estado nacional subsidiará la diferencia hasta llegar a US$ 3,50.

El decreto que convoca a esta subasta se publicó el martes. La secretaría de Energía estará abriendo las ofertas “el 2 de diciembre y estimamos adjudicar a mediados de mes”, expresó esa dependencia.

Las productoras de gas toman un compromiso de abastecimiento por cuatro años. Argentina produce suficiente gas para autoabastecerse la mayor parte del año, pero recurre a importaciones de Bolivia y GNL en invierno.

Según el Gobierno, el sistema premiará a las compañías que oferten “el precio más bajo”, es decir el menor subsidio para el Gobierno.

Se estima que YPF acompañará la iniciativa oficial. Pero las empresas que adhirieron a la resolución 46 (una decisión del Gobierno anterior, que premiaba el gas nuevo extraído de Vaca Muerta) aún tienen dudas, ya que les conviene más cobrar el importe del estímulo anterior que del vigente, según explican en privado. Entre ellas, se destacan Tecpetrol (de Techint) y CGC.

“Las empresas productoras de petróleo y gas integrantes de esta Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) manifiestan su respaldo al Plan de Promoción de la Producción del Gas natural Argentino”, explicaron también a través de un comunicado. “Constituye una política adecuada para incrementar la producción local de gas natural con el objetivo de satisfacer la demanda interna y disminuir las importaciones”, marcaron.

“El plan presenta un costo fiscal y tarifario indefinido. El Presupuesto nacional aprobado en el Congreso de la Nación subestima el verdadero costo fiscal del Plan Gas al otorgarle un crédito de aproximadamente U$S 200 millones para el año 2021 mientras el gobierno ha estimado un costo fiscal directo de US$ 1.491 millones para el año siguiente”, advierte el Instituto Mosconi.

Allí calculan que el costo fiscal será de US$ 2.000 millones. Incluyen subsidios a Cammesa, ya que los generadores eléctricos compran gas para sus turbinas a través de Cammesa.

La implementación de estos precios implicaría un incremento del 40% del precio en dólares que “hoy paga la demanda prioritaria” y un “30% lo que pagan las usinas”, según ese centro especializado. Esos aumentos deberían traducirse en un incremento de tarifas -que no será menor al 30%- o mayores subsidios, para poder solventar.

“El esquema de abastecimiento a las distribuidoras, es decir a los usuarios residenciales, se definirá en una subasta cuyo diseño no se conoce. Solo una proporción de ese precio será trasladado a tarifas finales, una función a cargo de Entes reguladores intervenidos y que a poco de cumplir un año de funciones todavía no han concluido la auditoría en las revisiones tarifarias integrales ni tampoco han convocado a realizar revisiones extraordinarias, tareas encomendadas por la ley de emergencia vigente”, observan en Mosconi, la usina de Jorge Lapeña.

“Además de la propuesta de precio y volumen, deberán detallar el plan de inversiones con la curva de producción y su incremento estimado para 2024. Además, en la misma presentación deberá reflejarse el aumento en las contrataciones de pymes locales, regionales y nacionales, cuyo incremento a lo largo del programa deberá ser de entre un 30% y un 40%”, según la secretaría de Energía.

Una parte del impuesto a la riqueza irá para solventar operaciones de gas de YPF en colaboración con Ieasa, la ex Enarsa. Ese apartado enoja a los competidores de YPF.

“El acto de adjudicación del llamado a concurso se realizaría el 15 de diciembre y la entrada en vigencia del esquema 2020/2024 con los precios surgidos de la subasta a partir del 1° de enero de 2021”, según Energía.

“El nuevo plan, si bien loable en sus objetivos, incurre en una serie de omisiones normativas o lagunas a la espera de “la reglamentación que oportunamente apruebe la autoridad de aplicación”, según Francisco Romano, socio a cargo del Departamento de Energía del Estudio Jurídico PAGBAM.

“En tanto no exista certeza sobre esas cuestiones se pretendería una especie de ‘acto de fe’ de las productoras que deberían comprometerse a invertir y participar en la subasta sin tener claridad sobre aspectos fundamentales y eventuales consecuencias del nuevo esquema”, agrega.

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