El secretario de Energía, Darío Martínez, afirmó que los aumentos de tarifas de servicios públicos serán entre marzo y abril de 2021. Su expresión sorprendió a algunos en el sector, que
tenían prevista una corrección para diciembre de este año, como lo había expresado el Gobierno en ocasiones anteriores.
“Serán tarifas de transición”, según Martínez. De esa forma, explicó que una nueva revisión tarifaria integral (RTI) podría quedar para más adelante. La misma se tendría que hacer en coordinación con los entes reguladores, como ENRE (electricidad) y Enargas (gas).
La idea de esquema tarifario que ahora busca el Gobierno recién estaría más clara hacia fin del año próximo. Lo que habrá desde marzo-abril de 2021 es algo de transición. “Tenemos que ir a un esquema con una tarifa de transición porque de aplicar el esquema del gobierno anterior, el impacto sería altísimo y esto es algo que nosotros no compartimos. Pagar las tarifas no tiene que implicar dejar de pagar otros bienes y servicios”, dijo Martínez durante un reportaje que le hicieron en el sitio Ecojournal.
Los aumentos seguirán una lógica ya adelantada por Clarín: serán altos “para los sectores que puedan pagarlo” y mínimos para población con problemas de ingresos. Martínez repitió el dato que el Gobierno tiene bases de datos de ANSeS que puede utilizar para identificar hogares y clientes que no podrían solventar un aumento de tarifas.
“Hay un porcentaje de la población que entendemos que tiene que tener una tarifa que esté subsidiada. Esto no significa aumentar los subsidios en términos porcentuales en relación al PBI, sino mantenerlos constantes, pero usarlos de una mejor manera”, dijo Martínez. “No vamos a aumentar los subsidios en términos porcentuales más de 1,7% del PBI y tampoco volver a la RTI del gobierno anterior porque eso impactaría de manera negativa en la gente”, expresó el funcionario.
El plan es ir a “un mediano plazo con un sector vulnerable que sí esté atendido; un sector que pueda ir pagando la evolución en cuanto a la energía, pero que no le consuma de su salario un porcentaje cada vez más alto; y un sector que claramente el impacto en sus ingresos en términos porcentuales no es grande y que sí puede ir acercándose a pagar el costo de la energía”.
En el esquema que imagina, Martínez avizora que “hay un sector que pueda ir pagando la evolución en cuanto a la energía pero que no le consuma de su salario un porcentaje cada vez más alto”.
En el Gobierno hablan de “gente que puede pagar el costo de la luz”, cuyo aumento estará entre 50% y 60%, según entienden ejecutivos de las distribuidoras. Hay, al menos, uno de cada cinco hogares que podría entrar en esa categoría.
Después están los “que no pueden pagar”, según las expresiones del Gobierno. Son beneficiarios de tarifa social u otros indicadores, por información que recolectó ANSeS a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que permitió identificar más hogares que están en condiciones vulnerables.
En ese caso, el aumento en el costo de generación allí podría ser mínimo (hasta un 10%), y en algunos casos hasta se habla de que no tengan aumento.
En el medio queda otro gran grupo de clientes. Son una suerte de clase media de consumos eléctricos, que no llegarían a “poder pagar el costo” y tendrían un aumento que rondaría el 30%.
“En la campaña, Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández) dijeron que había que ir hacia un esquema donde las tarifas no estén dolarizadas y hacia ahí vamos. Pero para eso hay que implementar una tarifa de transición que ya estamos elaborando. El presidente ya adelantó que es desde marzo o abril en adelante”, indicó.
En el verano, el Gobierno planteó que podía revisar las tarifas, que iban a estar congeladas hasta mediados de año. Después, tras la pandemia, el congelamiento se extendió hasta fin de 2020. Desde allí, se esperaba una corrección.
La secretaría de Energía, que depende del ministerio de Economía, tiene que encontrar un equilibrio para no aumentar las tarifas a un punto que sea políticamente costoso, pero que tampoco coma más subsidios. Para el presupuesto de 2021, estaban asignados más de $ 620.000 millones, o alrededor de US$ 6.000 millones al tipo de cambio oficial proyectado para el año próximo.
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