“Un mamarracho escrito desde la ciudad, sin entender la problemática rural, con un alto nivel de injusticia y con severas fisuras jurídicas”. Así consideraron desde la Mesa de Enlace de Entre
Ríos al proyecto de reforma a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y se aprobaría en el Senado la semana próxima.
Este martes, un plenario de comisiones de la Cámara Alta ratificó lo aprobado en Diputados, como paso previo al tratamiento en el recinto, lo cual podría suceder en el marco de una prórroga del período ordinario que vence el lunes 30, o en sesiones extraordinarias.
La iniciativa parlamentaria, cuyo autor es el diputado nacional Máximo Kirchner, establece que “por 30 años no se podrá cambiar el uso de campos o terrenos que hayan sufrido incendios para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del siniestro”.
Y en el caso de bosques nativos de propiedad privada, la prohibición para lotear, edificar o desarrollar cualquier tipo de actividad productiva luego de un incendio se extiende hasta los 60 años.
Entre los productores agropecuarios genera un fuerte rechazo y consideran que tendría “un alto impacto negativo sobre la producción agropecuaria, los productores, sus empresas y las comunidades”, según señaló la Mesa de Enlace nacional.
Promueven “una visión prejuiciosa y denigrante respecto de los productores rurales. Parten de premisas equivocadas sobre una supuesta ambición desmedida de los productores por ganar más tierras para su actividad a cualquier costo. Nada más alejado de la realidad”, destacaron en un comunicado conjunto Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA).
Daniel Pelegrina, presidente de la SRA, cree que “será un ataque a la esencia del sector productivo. La posibilidad de limitar o restringir a alguien su derecho de propiedad por hasta 60 años es una medida extrema, especialmente si se puede aplicar sin que se haya probado intencionalidad o culpa, y sin comprobar a ciencia cierta cómo se inició el fuego, cuáles fueron sus causas, si fueron de origen natural o si fue intencional”.
En un sentido similar opinó Carlos Achetoni, presidente de FAA. Consideró que “no es adecuado para el problema que busca evitar. Está basado en una perspectiva errada en la que se mezclan y se tratan de la misma manera los incendios intencionales y los que no lo son, y a partir de ese problema inicial y nodal se van desprendiendo dificultades que generarán grandes perjuicios a todos aquellos productores cuyos campos se vean incendiados, por ejemplo, por cuestiones climáticas”.
El diputado Kirchner argumentó que se busca que “los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales” tengan garantizadas las “condiciones para la restauración de las superficies incendiadas“.
Pelegrina retrucó que “casi la totalidad de los casos de incendios, los dueños de los campos o los productores, no han tenido ninguna responsabilidad, al contrario, son víctimas directas, sufriendo además la amenaza de su integridad física. Es por eso que esta ley suena a una venganza contra un sector desde algunos sectores políticos que impulsan esta ley”.
Desde FAA subrayan que “es un error que a una persona que es damnificada porque sufrió el incendio de un campo se lo trate directamente como culpable y se le limite lo que puede hacer con su tierra. Es decir que se elige culpar a los productores, que en verdad son víctimas de estos hechos”.
“Fisuras jurídicas”
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, Achetoni destacó que “ya existe legislación vigente en relación con los incendios de bosques nativos y esta norma vendría a superponerse, al tiempo que agrega sin mayores explicaciones, a toda el área rural. Así, impondría restricciones exageradas y no vinculadas con la realidad“.
Según Pelegrina, “los propios gobernadores y los senadores que se encuentran a punto de votar este proyecto de ley saben que sus respectivas provincias tienen sus propias leyes de manejo de fuego, que en la mayoría de los casos cumplen los objetivos buscados. Por lo tanto, si este proyecto quedara sancionado, estarían aceptando una intromisión en su ordenamiento jurídico, algo contrario al federalismo.
Y disparó: “Sería mucho mejor que en lugar de impulsar proyectos inconducentes, propusieran mecanismos para fomentar la detección temprana, y medidas para mejorar la prevención y el control del fuego.
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