El trágico final de “Toto” Solá Torino, el primer juez federal condenado por proteger a narcos

años de prisión por proteger narcos, impuesta en abril de 2016. Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara su apelación, el fiscal Carlos Amad había pedido su inmediata captura.

Pasada la hora de la cena del viernes, era cuestión de tiempo para que se presentaran en su puerta con la orden de llevárselo a la cárcel. Él lo sabía, por eso se sentó en la cocina a escribir una carta de despedida cuyos detalles aún no trascendieron.

Allí, en la cocina, dejó papel y lápiz y se llevó el escrito a su cuarto.

Lo sabían también sus dos hijas, que decidieron tomar calmantes para poder pegar un ojo esa noche. Por eso, aseguraron ellas, no escucharon cuando sonó el timbre de la puerta de la propiedad familiar ubicada en el Pasaje Mollinedo 394, en la capital salteña.

Esa sucesión de timbrazos fue, según el parte oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)​, a las 23.05 del viernes. Tocaron y tocaron, pero nadie contestó. Las luces de la casa estaban apagadas, entonces los oficiales de la PSA hicieron la consulta con el fiscal Amad, por lo que el Tribunal ordenó entrar por la fuerza.

Sobre las 0.40 del sábado la Unidad de Operaciones Especiales de Seguridad Aeroportuaria irrumpió en el lugar. Los agentes estaban subiendo las escaleras cuando escucharon el disparo. Segundos después se encontraron con el hombre que debían detener tirado boca abajo, con un evidente disparo en la cabeza y una pistola 9 milímetros tirada a su lado. Murió al instante.

“En otra de las habitaciones se encontraban sus dos hijas, quienes manifestaron que no escucharon los llamados a la puerta porque habían consumido psicofármacos, ya que por los medios periodísticos sabían que su padre iba a ser nuevamente detenido”, detalló la PSA.

El diagnóstico familiar sobre la situación legal de quien había sido un poderoso camarista federal en Salta, no era para nada errada. El destino de José Antonio “Toto” Solá Torino era pasar al menos los próximos cuatro años de su vida (dos terceras partes de la condena) en el Complejo III del NOA, más conocido como la cárcel de Güemes, a 50 kilómetros de la ciudad de Salta.

Su caso fue el primero en el que un juez federal logró ser condenado por proteger narcotraficantes. Básicamente cobró una coima para beneficiar al narco Miguel Farfán (59), uno de los traficantes de cocaína más poderosos del NOA que en 2015 llegó a juicio con el ex camarista por este episodio.

Pero Farfán logró fugarse antes de la condena por cohecho, se escondió a la vista de todos en una finca en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y para cuando se decidieron a detenerlo, la imputación por el dinero pagado a Solá Torino había prescripto, aunque no sus causas por narcotráfico.

“Toto” Solá Torino fue el primer juez federal en el país en ser condenado por darle protección a narcos. Pero no el único.

Si no se hubiera suicidado, el ex camarista salteño se habría encontrado en la cárcel de Güemes con su ex colega, el ex juez federal de Orán Raúl Reynoso, quien durante décadas fue considerado un paladín de la lucha antinarcóticos y terminó condenado en marzo de 2019 a 13 años de prisión.

Los delitos fueron “concusión” y “prevaricato”, figuras penales que remiten a una serie de causas en las que Reynoso favoreció a narcotraficantes desde su puesto clave en Orán, en la frontera con Bolivia. Uno de esos narcos era Farfán: pagó una coima de 100 mil dólares para quedar libre.

El tercer juez acusado de delitos similares es Carlos Soto Dávila, quien fue durante 23 años juez federal de Corrientes y renunció a su cargo en 2019 en medio del escándalo por la causa “Itatí” por tráfico de marihuana. En ese expediente se lo acusa de cobrar dinero sistemáticamente a narcos para favorecerlos.

Como contraataque, Soto Dávila, actualmente excarcelado, había denunciado al juez federal Sergio Torres, al fiscal Carlos Stornelli y al fiscal Diego Iglesias (titular de la Procunar) por persecución política.

La causa empezó a rebotar por juzgados y finalmente fue desestimada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, criterio que compartió el juez Julián Ercolini.

La Cámara Federal primero y el pasado viernes la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky y Javier Carbajo, no hicieron lugar a la queja interpuesta por los abogado de Soto Dávila. Su denuncia quedó lista para el archivo.

Lo que ocurrió en Casación el viernes -curiosamente en paralelo con la resolución de la Corte contra Solá Torino- puede parecer demasiado “técnico”, pero no es poca cosa. Este fallo de Casación dejó a las puertas del juicio oral a quien, como juez federal de Corrientes, no sólo tenía bajo su jurisdicción las causas de narcotráfico, sino también las electorales.

Y algo más. Soto Dávila irá a juicio acusado de proteger narcotraficantes en un caso que tuvo tres etapas. En un primer juicio ya condenaron a 50 personas: los narcotraficantes que comercializaban la marihuana en CABA, principalmente en la villa 21-24 de Barracas.

Un segundo debate, centrado en los narcos de Itatí y sus complicidades políticas y policiales, está en pleno proceso: ya se firmaron 27 juicio abreviados y 15 imputados más siguieron rumbo al veredicto que se espera para marzo.

Soto Dávila será el plato fuerte de un tercer juicio que él quería evitar a toda costa y que lo tendrá en el banquillo con sus dos secretarios penales.

Eso sí, son pocos los que quieren hacerse cargo de semejante caso: el Tribunal Oral Federal 5 de Capital recibió la causa y se la mandó por conexidad al TOF 3. Éste, a su vez, la envió a Corrientes luego de declararse incompetente.

¿Qué hará Corrientes? Continuará.

GL EMJ

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