Dos exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) reconstruyeron en sus respectivas indagatorias cómo circulaba por sus teléfonos información vinculada con los detenidos de los penales de Ezeiza y Marcos Paz pero aseguraron que se trataba de intercambios vinculados a sus funciones y no a tareas de espionaje ilegal.
Las declaraciones indagatorias ocurrieron en el marco de la causa por el supuesto espionaje ilegal que se tramita en Lomas de Zamora y estuvieron circunscriptas a la información que surge del “Legajo 9”, referido a las tareas de presunto espionaje ilegal desplegado sobre personas privadas de su libertad, sus entornos y hasta su abogados.
Las declaraciones de los imputados Fernando Carra (exasesor de la dirección del SPF y luego a cargo de la Oficina de Promoción de Derechos Humanos) y Miguel Ángel Perrota (exdirector de Asuntos Internos) ocurrieron ayer y se extendieron hasta las primeras horas de la noche, según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales.
La declaración de Carra duró seis horas y fue en un tono que resultó insultante para los investigadores judiciales.
Antes, el juez federal Juan Pablo Auge, el abogado Carra -quien fuera asesor de Emiliano Blanco durante parte su gestión como titular del SPF- acusó a los fiscales de armar una imputación en su contra para quedar bien con alguien.
Por momentos a los gritos y sin privarse de soltar algunos insultos y calificaciones agresivas para los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona, Carra remarcó que la información que obtenía de las personas privadas de su libertad no tenía que ver con inteligencia ilegal sino con pedidos que ellos le hacían: “Los presos sabían que yo era el tipo que lidiaba entre el SPF y ellos y las organizaciones”, dijo.
Sobre sus intercambios de información con el exencargado del área de Inteligencia del SPF, Cristina Suriano, sostuvo que se trataba de información vinculadas a la seguridad dentro de los penales y que por lo general tenían que ver con venta de droga, intentos de fuga y hasta venta de celulares por parte de empleados del servicio que los habían secuestrado durante distintas requisas.
“¿De qué carajo voy a hablar con Suriano si no es de cuestiones de Seguridad, le voy a compartir recetas de cocina?”, soltó Carra durante la indagatoria que acompañó con un escrito de más de 70 páginas: fue más bien un monólogo porque los fiscales desistieron de interrogarlo tras constatar la forma en la que se dirigía a ellos.
La declaración de Perrota fue en otro tono y mucho más corta, pero tuvo un momento tensión cuando los fiscales le preguntaron por un mensaje que le había enviado a Blanco el 6 de noviembre del año pasado en el que le decía que tenía “disponibles todas las fichas de los presos políticos, en papel y en digital”.
En ese momento Perrota le repreguntó a la fiscalía qué entendía por “presos políticos” y tras la intervención del juez Auge para encausar la indagatoria, el acusado dijo que ese mensaje tenía que ver con personas que en los años 70 habían estado detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y que la información se había utilizado para otorgar resarcimientos.
Tal como había ocurrido en indagatorias anteriores a exintegrantes del SPF no pudieron explicar como parte de la información que circuló por sus teléfonos celulares luego fue a parar a manos de exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia que también están acusados por espionaje ilegal.
Entre las víctimas del espionaje ilegal desplegado contra personas que están o estuvieron detenidas se encuentran el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime; los empresarios Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Fabián De Sousa y Cristóbal López, el abogado Jorge Chueco, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exfuncionario Carlos Santiago Kirchner, el exjefe del ejército César Milani, y el exvicepresidente Amado Boudou.
Para el lunes está prevista la indagatoria del último titular del SPF durante el gobierno de Mauricio Macri, Emiliano Blanco, y del ex director del área de jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stefano.
