El fallo dividido de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, expuso algunos números que son una radiografía del Poder Judicial: el
30% de los cargos están vacantes y hay 71 magistrados trasladados, una metodología cuestionada en esa sentencia pese a que contó durante años con el aval del máximo tribunal. En medio del debate, el Gobierno busca garantizarse juzgados electorales claves a meses de iniciar un año signado por los comicios legislativos.
En el fallo del 4 de noviembre, el máximo tribunal dejó en claro que los traslados de jueces nunca pueden ser definitivos. Además, señaló que esa situación choca con el mecanismo previsto en la Constitución para nombrar jueces, que indica que los candidatos para ocupar vacantes en los juzgados son nombrados por el Presidente con acuerdo del Senado, luego de pasar por un concurso en el Consejo de la Magistratura. Según la Corte, si se habilitara la posibilidad de trasladar jueces de un tribunal a otro de manera definitiva, cada gestión de Gobierno podría moldear la Justicia a su gusto.
“Usos y costumbres”: así definieron en Comodoro Py la práctica de los traslados, utilizada con más frecuencia desde la década de los noventa para cubrir vacancias. Se comenzaron a reglamentar con una Resolución del Consejo de la Magistratura recién creado, y desde entonces se siguieron realizando en poder judicial. Justamente, esa forma de regirlos es la que declaró inconstitucional la Corte.
Como contó Clarín, en el Consejo estiman que a la fecha hay 71 jueces federales que fueron traslados desde el año 2000. En función del fallo de la Corte para Bruglia y Bertuzzi, todos esos cargos deberían concursarse.
Este jueves, en medio de la conmoción social generada por el funeral de Diego Maradona, se conocieron dos resoluciones del Poder Ejecutivo vinculadas a la organización judicial. Por un lado, el presidente envió al Senado el pliego del juez Alejo Ramos Padilla para que se haga cargo del Juzgado Federal 1 de La Plata con competencia electoral. Durante la gestión de Mauricio Macri, el magistrado había manifestado su interés por ocupar ese puesto. Con la mejor puntuación en el concurso, el Gobierno lo propuso y todo indica que obtendrá los votos requeridos en la Cámara Alta.
El juez Padilla llevó adelante, hasta su elevación a juicio, la causa conocida como “Operativo Puf”, un expediente en el que se procesó al falso abogado Marcelo D’Alessio, al fiscal Carlos Stornelli y al periodista Daniel Santoro, entre otros, como integrantes de una asociación ilícita. El eje central, denunció la oposición es “desprestigiar la investigación de los Cuadernos de las Coimas”, ya que se puso en duda cómo se instruyó la misma.
Ahora el kirchnerismo buscará nombrar a Ramos Padilla al frente de un juzgado clave en suelo bonaerense. No es el único caso.
Pese a que la Corte ordenó que debían concursarse los cargos ocupados con jueces trasladados, un Decreto el Poder Ejecutivo de estos últimos días avaló una jugada que va en contra de ese criterio. En la provincia de Chaco, el juzgado federal con competencia electoral está a cargo de la magistrada Zunilda Niremperger, quien fue trasladada allí en 2017.
El 8 de octubre, el Senado avaló el traslado de la jueza, que originalmente era titular del Juzgado Federal 2 de Resistencia. Además, se respaldó el traslado de María Verónica Skanata del juzgado de Oberá al juzgado de Misiones, también de competencia electoral. Su movimiento se había producido en 2015.
Volvamos a Chaco. El Decreto 911/2020 nombró en el Juzgado Federal 2 de Resistencia al juez Ricardo Mianovich, es decir que la jueza que cubre el juzgado electoral ya no podrá regresar a su cargo original, y por ende continuará en el lugar al que fue trasladada, pese a que el kirchnerismo había cuestionada este mecanismo para cubrir cargos.
Además, en este contexto, el Consejo de la Magistratura -con mayoría kirchnerista- abrió el concurso para cubrir los cargo de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que actualmente ocupan los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. El titular del organismo, Alberto Lugones en su oportunidad, señaló que la cobertura de los puestos no debe demorarse más de seis meses, un tiempo desconocido para dicho trámite: según lo expuesto por la Corte se tarda tres años y medio en concluir los concursos.
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