OCA: la justicia pide a un grupo vinculado a Cristóbal López que mejore su oferta

Tejada llamó a la empresa a mejorar su oferta económica.

Lo hizo a través de una solicitada publicada este domingo en la que se detalla que la oferta que hizo el Grupo Clear, vinculada al empresario Cristóbal López, “prevé un precio total para la adquisición de los activos de US$ 25.280.000, compuesto por un precio fijo integrado por asunción de contingencia laboral de US$ 18.500.000 y un precio base en efectivo de US$ 6.780.000”.

Se especificó que las ofertas que puedan realizarse deberán contemplar dos condiciones. Por un lado, “una oferta económica de pago contado, que en ningún caso podrá ser inferior al ´precio base en efectivo´ ofrecido por el Grupo Clear que deberá ser expresado en dólares estadounidenses”, y además “la transmisión de los contratos de trabajo de al menos el 95% (noventa y cinco por ciento) de la dotación de personal” de OCA, firma cuya quiebra se decretó en abril de 2019.

El Grupo Clear está conformado por Clear Petroleum y Clear Urbana, hoy ambas presididas por Juan Ignacio González Pedroso, quien asumió ese cargo cuando renunció Cristóbal López el 21 de noviembre de 2017.

Estas firmas se constituyeron en Chubut y sus directorios fueron integrados por los hijos del empresario K, mientras él ejercía la presidencia de las compañías. Los dos principales referentes que el Grupo Clear tiene hoy también conformaron diversas sociedades con López.

En la solicitada de ayer se incluye la opción de que las empresas que busquen concursar puedan hacer pagos en dólares o “de mantenerse las restricciones cambiarias actuales”, en pesos según el dólar que publica Banco Nación el día del pago.

Los interesados pueden presentar su oferta hasta el 5 de marzo del año próximo y en la notificación se añade que se otorgó al Grupo Clear “un derecho de mejorar su oferta hasta igualar o superar la oferta más alta que se presente en el marco de esta licitación”.

En abril de 2019 el juez Tejada decretó la quiebra de OCA, por una deuda de $ 7.000 millones, de los cuales la mayor parte son con la AFIP.

En su oportunidad, la quiebra se determinó con continuidad de la actividad comercial del correo, lo que permitía mantener las fuentes de trabajo y pagar los salarios durante cuatro o cinco meses, “mientras dure el proceso que desemboque en la subasta de la empresa”. Finalmente se avanzó en la venta de los activos de la compañía, para con esos fondos hacer frente al pago de los acreedores.

La Justicia agotó todas las instancias para evitar la quiebra del correo ligado a Hugo Moyano, ya que pidió la opinión a los acreedores sobre las tres propuestas recibidas en el “salvataje”, pero ninguna mostró solidez para repagar la deuda. Pero de golpe, en octubre de este año, la Justicia aceptó la oferta del Grupo Clear y en concepto de anticipo depositaron $ 440 millones.