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El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, restó importancia a la negativa del Gobierno de la Ciudad a suscribir el nuevo Pacto Fiscal, calificó como una “estrategia” de “victimización” la postura de Horacio Rodríguez Larreta y dijo que la Nación “no busca enfrentarlo” sino corregir excesos, al mismo tiempo que prefirió destacar el “consenso” alcanzado con las restantes provincias.
“No hay una decisión de enfrentarlo, sino que estamos yendo contra los excesos. Estamos corrigiendo un error y haciendo lo que dijimos desde la campaña”, señaló, en diálogo con Télam y con medios de prensa escrita acreditados en la Casa de Gobierno respecto a la relación con el Gobierno porteño a partir de la decisión de reasignar un punto de los fondos que recibía la Ciudad en concepto de coparticipación.
Ese punto porcentual había sido concedido por decreto por el anterior gobierno de Mauricio Macri, del mismo signo político.
Con esa corrección como eje, mañana se suscribirá en Casa Rosada un acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de 22 provincias (incluidas San Luis y La Pampa, jurisdicciones que no están obligadas ya que no lo hicieron originalmente hace 4 años), entre las que no va a estar la Ciudad de Buenos Aires, que eligió no participar.
El pacto será suscripto, entre otros, por los radicales Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy) y Rodolfo Suárez (Mendoza), a los que se sumarán Omar Gutiérrez (del Movimiento Popular Neuquino) y Arabela Carreras (de Juntos Somos Río Negro).
“No hay una decisión de enfrentarlo, sino que estamos yendo contra los excesos. Estamos corrigiendo un error y haciendo lo que dijimos desde la campaña””
Eduardo de Pedro
Todos los gobernadores, incluyendo radicales que forman parte de Cambiemos, refrendarán un artículo que dispone que cualquier transferencia de servicios no se debe hacer a cuenta de fondos coparticipables.
Desde el Gobierno nacional, plantean que este apoyo termina con los argumentos de la Ciudad en la discusión por el traspaso de la policía, pero además pone en relieve la visión “federal” de la política que tienen los gobernadores de la UCR, que los lleva a acompañar ese artículo del nuevo pacto, a diferencia de los porteños.
La Casa Rosada aclaró, por otra parte, que para conseguir la adhesión de la Ciudad, aceptaron 3 de las 4 propuestas realizadas por la jefatura de Gobierno.
“El pacto pone un límite al endeudamiento en dólares, la Ciudad pidió que ese límite sea por un año y se lo concedimos. Acordamos que los juicios no deban retirarse sino que se pusieran en suspenso por un año. Después hubo un punto sobre datos que maneja la AFIP y también lo concedimos”, comentaron desde Balcarce 50.
El único punto en el que la Nación no cedió fue el de incluir en el debate los fondos por el traspaso de la Policía a la Ciudad, porque consideran que el dinero transferido no sólo excede a los que efectivamente se necesita para garantizar el servicio de seguridad sino que, además, no debe proceder de la Coparticipación Federal, como argumenta Larreta.
“La Ley de Coparticipación la firmaron la Nación con 22 provincias. No están ni la Ciudad ni Tierra del Fuego”, subrayaron y aclararon que los fondos por la policía deben llegar a las arcas porteñas por el monto correcto y por el instrumento adecuado.
Los funcionarios nacionales defienden además el paso por el Congreso de la discusión sobre cuál es el verdadero monto que se debe transferir a la Ciudad por la policía.
“Si bien la Comisión Federal de Impuestos (del Congreso) determinó que son 24 mil millones de pesos anuales a pagar en cuotas mensuales, habrá una mesa que se reunirá para trabajar más sobre ese punto”, añadieron desde Nación.
Por otra parte, desde la Casa Rosada insisten en que no hay animosidad contra la Ciudad, sino la vocación de enmendar injusticias realizadas por el macrismo.
“El Paseo del Bajo costó 700 millones de dólares, lo que cuestan 20 obras centrales que se necesitan y que los gobernadores del NEA y NOA vienen pidiendo desde hace años. Hubo una decisión política de hacer una obra y no las otras. Eso no se discute ni se judicializa”, señalaron.
Sin embargo, entienden que otras cuestiones, como el traspaso de los fondos de la policía, la lotería, o los terrenos públicos cedidos en los últimos meses de gobierno macrista sí merecen ser estudiados y, de ser necesario, retrotraídos.
Finalmente, la decisión del Gobierno porteño de no acudir a la cita dejará a la Ciudad con tres alternativas: cumplir con el acuerdo firmado en 2017, que la obliga a reducir la percepción de diversas alícuotas, incumplirlo o “denunciar” su participación en el mismo en la Legislatura local para abandonarlo.
Cualquier decisión tendrá un costo: bajar impuestos implicaría una menor recaudación, incumplirlo expondría a la Ciudad a no recibir compensaciones y, por último, salir del pacto 2017 obligaría a Rodríguez Larreta a retirarse de un acuerdo impulsado por el macrismo.
