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Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, serán indagados la semana próxima por las supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas en contra de personas detenidas en los penales de Ezeiza y Marcos Paz, en su mayoría exfuncionarios kirchneristas.
El primero en declarar será Arribas, que fue convocado para el miércoles a las 10; mientras que al día siguiente, a la misma hora, será el turno de Majdalani, sospechada de haber dado la orden de colocar cámaras y micrófonos en pabellones del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y del Bonaerense (SPB).
Las declaraciones se celebrarán a través de la plataforma virtual zoom en la causa que tramita ante el juez federal de Lomas de Zamora Pablo Auge y cuya investigación está delegada en los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Será la cuarta indagatoria que deban enfrentar los responsables de la AFI del gobierno de Mauricio Macri por supuestas maniobras de espionaje ilegal: ya declararon dos veces ante el juez Auge (por el caso del Instituto Patria y por inteligencia prohibida contra dirigentes de toda índole) y ante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla en el marco del caso D´Alessio.
A Arribas y Majdalani les llega el turno de declarar por el espionaje en cárceles justo después de la indagatoria a los exespías que, a mediados de 2018, se encargaron de “cablear” la alcaidía de Melchor Romero, en La Plata: todos confirmaron la colocación de elementos de registro audiovisual.
El miércoles, Télam reveló que el exjefe del Departamento de Operaciones Técnicas de la AFI, que dependía de Contrainteligencia, Fernando Wahler, confirmó ante la justicia que se habían colocado cámaras y grabadores en Melchor Romero por orden del exjefe de Operaciones Especial, Alan Ruíz, quien le habría referido que recibió el encargo de la “señora 8”, en alusión a Majdalani.
“Me solicita el pedido de instalación de equipamiento de audio y video para el establecimiento carcelario en cuestión fundamentando esa petición en la existencia de un convenio entre ambos organismos (el servicio penitenciario bonaerense y la AFI) a los fines de brindar una colaboración”, sostuvo el imputado en la declaración a la que accedió Télam.
La coartada del supuesto “convenio” de colaboración choca en el expediente con un dato que lo desarticula: el cableado que había comenzado a ser tendido el 8 de agosto de 2018 debió ser retirado el 24 del mismo mes cuando fue detectado por personal de la Alcaidía que elevó una queja ante la directora que exigió que lo quitaran.
Los micrófonos y las cámaras espías colocadas en Melchor Romero fueron compradas con dinero de la AFI mientras los agentes que las colocaron se habían presentado en el penal como miembros del Ministerio de Justicia, según surge del expediente judicial al que accedió esta agencia.
En los últimos días también declararon los exfuncionarios del SPF, entre ellos su extitular Emiliano Blanco, sobre el supuesto espionaje en el penal de Ezeiza donde estaban detenidos exfuncionarios kirchneristas, como el exvicepresidente Amado Boudou, empresarios y sindicalistas.
Ninguno de los imputados por esas supuestas maniobras pudo explicar cómo llegaron a manos de exagentes de la AFI los registros de las visitas que recibían los detenidos en la cárcel ni cómo circulaban, en un chat de penitenciarios, fichas de los detenidos y hasta de sus abogados.
En esta parte de la investigación, los fiscales se centraron también en el papel que jugó en la estructura ilegal el área de jurídicos de la AFI, que fue reconfigurada durante el Gobierno de Macri e incorporó a sus funciones habituales el “trabajo operativo” y tareas de escucha y transcripción, mientras que antes solo se ocupaba de asuntos formales de la asistencia al Poder Judicial, explicaron fuentes con acceso a la causa.
Los imputados “se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520” respecto de personas privadas de su libertad y alojados en establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal, según surge de la acusación.
“También realizaron esas actividades ilegales respecto de otras personas, algunas vinculadas a las mencionadas por su condición de abogados defensores y otras que no tenían relación con ellos”, sostuvieron los fiscales.
Las tareas de inteligencia ilegal “alcanzaron a organizaciones que nucleaban a familiares de personas privadas de libertad, organismos de derechos humanos, reconocidos militantes del espacio de protección de derechos de las personas privadas de libertad, personas privadas de libertad alojadas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal y Servicios Penitenciarios provinciales“, añadieron.
También a “agentes penitenciarios y miembros de su propia fuerza, que planificaban algún tipo de organización sindical y/o reclamos laborales por sí o por medio de sus familiares”, señalaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.
