El impuesto a la riqueza ya es ley, pero advierten que se terminará definiendo en la Justicia

vez a las personas físicas con patrimonios superiores a $ 200 millones. Para la oposición, se va a terminar judicializando.

La iniciativa votada en el Senado obtuvo 42 votos a favor (del Frente de Todos y los aliados) y 26 en contra de la oposición. Juntos por el Cambio denunció que el proyecto significa una “doble imposición”, que es “confiscatorio” y que va a terminar en una “catarata de litigios”.

Según el Frente de Todos, y en base a cálculos de la AFIP, serán unas 12.000 las personas alcanzadas y la recaudación rondará los $ 307 mil millones. Para la Oficina de Presupuesto del Congreso alcanzará los $ 420 mil millones; un 1,5% del PBI. En un principio, la AFIP estimó que el gravamen afectaría a menos de diez mil personas y  especialistas estiman que finalmente alcanzará a varios miles más.

“Solo el 1,2 % de los que pagan bienes personales son parte de este aporte que solicitamos. Lo pagará el 0,02% de los argentinos. Que la gente no se deje engañar, no perseguimos a nadie. El 99,98 % de los argentinos no tiene que hacer este aporte. Y 380 aportantes harán el 55% del aporte”, defendió el senador oficialista y presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio.

A su vez, destacó que no afecta a los empresarios, que se está solicitando en “una situación trágica y excepcional”, y que “está dentro del criterio de Estado justo y solidario al servicio de la gente”.

Acto seguido, el radical Martín Lousteau fijó la postura, en contra, de Juntos por el Cambio. “Tenemos un país con presión tributaria récord y a pesar de eso tenemos pobreza récord y dificultad para generar empleo”, aseguró. 

En esa línea consideró que habría que “mejorar la gestión en vez de crear un aporte nuevo”. “Doy ideas: si eliminamos dos años los regímenes de jubilación especial, podemos conseguir esa plata. Con cinco mandatos de la reforma judicial que quieren aprobar también. Con tres años de las ganancias de las mutuales abusadas por las financieras, entre ellos el banco de quien es coautor de este proyecto o un mandato del déficit de empresas públicas”, enumeró.

La discusión estuvo cruzada por la épica de “solidaridad y justicia tributaria” del proyecto defendida por el Frente de Todos. “Si dicen que somos Robin Hood por este impuesto, durante el gobierno de Macri fueron Hood Robin, al revés, porque le sacaron a los pobres para darle a los ricos”, aseguró la cristinista María de los Angeles Sacnún.

A su vez, señaló que en caso de confiscatoriedad, la persona afectada “deberá ser probada” ante la Justicia y la Afip también producirá prueba.

“No alcanza con la mística, esto es un engaño para tapar el ajuste del Presidente pero no alcanza”, concluyó el jefe del interbloque de JxC, Luis Naidenoff. “Los veo muy preocupados y eufóricos defendiendo el bolsillo de personas con mucha fortuna“, respondió la camporista Anabel Fernández Sagasti, quien estuvo a cargo del cierre del debate, en el lugar del presidente de bloque, José Mayans.

El proyecto, que se anunció apenas empezó la pandemia, tardó meses en ser presentado y sectores del kirchnerismo llegaron a denunciar presiones dentro del propio oficialismo para frenarlo. Apuntaban, entre ellos, al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y al ministro de Economía, Martín Guzmán. Para enterrar esos rumores, cuando el proyecto se votó en Diputados, el presidente Alberto Fernández envió a Guzmán y otros ministros al recinto a respaldar la iniciativa, que fue rechazada por el campo y sectores empresarios.

La norma grava con un 2% a las personas físicas con más de 200 millones. La tasa se eleva gradualmente hasta el 3,5% para quienes tienen más de $ 3.000 millones.

El texto original planteaba que el cálculo se haría sobre los bienes declarados al 31 de diciembre, pero para evitar los problemas por la retroactividad, quedó fijado con la fecha “a partir de la promulgación”.

Sin embargo, se agregó un artículo que establece que cuando se hiciera presumir una operación que configure un “ardid evasivo”, la AFIP podrá “disponer que aquellos se computen”, salvo que pruebe lo contrario.

La iniciativa establece también que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondiera; pero si la persona trae el 30% de las tenencias financieras que tiene declaradas afuera, el diferencial se elimina y paga por todo como si lo tuviera en el país.

Los fondos recaudados tienen afectaciones especificadas: un 20 % se utilizará para gastos de medicamentos y vacunas; otro 20% para brindar créditos y ayuda a las Pymes; un 20 % para el Programa de becas Progresar; un 15 % para el fondo para urbanizar barrios populares y otro 25% para hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar GAS Natural.

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