Acorralado, Juan Guaidó promueve para la próxima semana un plebiscito contra las elecciones de hoy al Parlamento venezolano, que se descuenta darán al chavismo control sobre el único poder que aún no domina.
La elección, que Guaidó y sus aliados boicotearon tildándola de “fraude”, ratificará el 5 de enero de 2021 como fecha de caducidad de la mayoría opositora escogida hace cinco años. La “consulta popular” prevista entre lunes y sábado intenta ampliar el margen de acción del líder opositor.
“¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?”, dice la primera de tres preguntas.
Desde el Parlamento, Guaidó reclamó en 2019 la presidencia interina del país después de que la bancada opositora declarara “usurpador” a Maduro acusándolo de haber sido reelecto fraudulentamente un año antes.
La segunda pregunta plantea el rechazo a la votación dominical y la tercera, sin mencionar las sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela, respaldo a las gestiones internacionales de Guaidó.
Sin aval de las oficialistas autoridades electorales, la consulta busca validar la tesis de “continuidad” que esgrime el dirigente opositor: si no hay una “elección legítima”, los cargos escogidos en la votación previa siguen vigentes. Hay antecedentes de retraso de comicios, con cargos municipales y regionales.
Pero los analistas son escépticos. “Guaidó perderá su legitimidad formal como presidente de la Asamblea Nacional en enero, cuando Maduro consolidará el poder total”, comenta Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano.
Guaidó confía en una alta participación en el plebiscito. “Tengo optimismo, y más que optimismo, certezas”, dijo.
Dudas. La iniciativa tendrá dos mecanismos de participación: virtual y presencial. El virtual está pautado del lunes al viernes mediante una web y una aplicación para teléfonos móviles de la compañía estadounidense Voatz, que usa tecnología “blockchain”, la misma detrás de las criptomonedas. Se usará además un canal en la plataforma Telegram, desarrollado por la firma colombiana Asistencia Ciudadana.
El presencial se fijó para el sábado con puestos callejeros y activistas itinerantes en Venezuela y 300 ciudades del extranjero.
Horacio Medina, miembro del Comité Organizador de la consulta, estimó “un piso de 7 millones” de participantes en un país de 30 millones de habitantes. Sin embargo, sea cual sea, la cifra encontrará cuestionamientos.
Voatz organizó en 2018 en Estados Unidos la votación vía celular de militares en el extranjero en Virginia Occidental y sus aplicaciones han sido probadas en otros estados como Colorado o Utah; pero investigadores del prestigioso MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) denunciaron “vulnerabilidades”, negadas por la empresa.
Y en cuanto al esquema presencial habrá que ver si autoridades policiales y militares en Venezuela lo permiten.
Un integrante del equipo técnico de la consulta dijo que la web, la aplicación para móviles y el canal de Telegram permitirán verificar documentación y que la data estará encriptada. Reconoció, no obstante, riesgos de “doble participación” virtual y presencial por limitaciones logísticas con el cotejo de registros.
Ya hubo una consulta independiente el 16 de julio de 2017 contra una Asamblea Constituyente propuesta por Maduro, en la que la oposición dijo reunir 7,5 millones de votos. La Constituyente igual se instaló y tomó las funciones del Parlamento.
“No necesariamente queremos resultados diferentes”, dijo el diputado opositor Freddy Guevara, aliado de Guaidó. “La consulta de 2017 ayudó a que el mundo no reconociera el fraude constituyente”.
Washington, punto de apoyo central para Guaidó durante la administración de Donald Trump, adelantó que desconocerá las elecciones legislativas y la Unión Europea denunció falta de condiciones. Pero Shifter cree que países que hoy respaldan a Guaidó podrían reevaluar, tarde o temprano, su posición cuando venza el mandato de la Asamblea, después del 5 de enero.
La consulta, además, fue condenada al ostracismo por la radio y la televisión abierta en medio de lo que el gremio de la prensa denuncia como un ambiente de censura y autocensura. Su promoción quedó restringida a redes sociales y boca a boca.
