Aborto legal: cuál es el principal punto que objeta la Iglesia

el Poder Ejecutivo al Congreso. El principal punto que cuestionan es el que permite el acceso a la interrupción del embarazo más allá del plazo de 14 semanas que fija la iniciativa legal “si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

“Por salud integral se entiende ‘un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades’, abarcando la salud psíquica”, señala a Clarín Juan Navarro Floria, doctor en Derecho, profesor de la UCA y asesor jurídico de la Conferencia Episcopal, en alusión al concepto asumido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para Navarro Floria, según ese criterio, “bastará con invocar una afectación del completo bienestar psíquico o social, para tener derecho al aborto, aún en el octavo o noveno mes”, por lo que considera que con ese proyecto redactado por la secretaria de Legal y Técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, “el gobierno promueve el aborto sin límites”.

Si bien el proyecto contempla la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, opina que “ese derecho queda severamente limitado porque obliga a los objetores a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica’ y hasta convierte en delito, con la misma pena que el aborto mismo, la negativa a practicarlo o su dilación”.

También objeta que no se incluya la objeción de conciencia institucional. “Todas las instituciones que presten servicios de salud, incluyendo las confesionales o las que sean propiedad de personas o instituciones que por razones éticas, religiosas o simplemente médicas sean contrarias al aborto indiscriminado, deben de todos modos incorporar la cobertura integral y gratuita de todas las formas de aborto que recomiende la OMS”, advierte.

Además cuestiona que el texto legal “autorice a las niñas a partir de los 13 años a decidir por sí mismas el aborto presumiendo que cuentan con madurez suficiente. A las menores de esa edad –añade- les bastará el consentimiento de algún allegado o referente afectivo, no necesariamente los padres, sin que en ningún caso se requiera intervención judicial”.

Tras señalar que la penalización del aborto “casi nunca se aplica ni se cumple” y que, eventualmente, hubiese bastado con quitarla del ordenamiento legal, concluye que el proyecto “no es la despenalización del aborto, sino de legalización amplia y promoción del aborto, al que se califica como un derecho de las ‘personas gestantes’”.

DD

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