Desde este miércoles 9 de diciembre, primer día hábil de la semana, no se admitirán nuevos ingresos a diálisis de afiliados de PAMI. La disposición, consensuada por las tres asociaciones que
nuclean el sector y otras agrupaciones afines, tendrá alcance nacional.
La medida fue resuelta ante la falta de acuerdo económico entre la obra social de los pasivos y las prestadoras de diálisis. Impactará en la atención de los más de 400 centros que proporcionan el servicio, a nivel país. En promedio, reciben entre 250 y 300 pacientes nuevos de PAMI cada mes. Actualmente hay cerca de 10.000 afiliados de la obra social en tratamiento, que seguirán recibiendo el servicio.
Desde PAMI, ante la consulta de Clarín, se mostraron “sorprendidos” por la medida y aseguraron que van a garantizar la atención de sus afiliados.
“No es una medida de fuerza sino de imposibilidad de seguir prestando un servicio debido a que el precio que recibimos por cada sesión de diálisis no logra cubrir los costos mínimos. Hay un desfasaje entre el valor que paga PAMI ($ 5.600 la sesión) por las prestaciones y el valor real de las mismas. El desajuste es superior al 40%” sostiene Miguel Discépolo, presidente de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra). Referentes del sector, consignan que para cubrir los gastos necesitan $ 8.000 por sesión, lo que sin margen de rentabilidad representa el reclamo de un aumento de $ 2.400.
Según consigna el sector, el último ajuste fue en agosto de 2019. Una suba de alrededor de un 69% que se hizo de forma escalonada, en concepto de todo lo que venía atrasado. En los últimos dos años cerraron cerca de 20 centros por cuestiones económicas.
“La decisión se dispone tras infructuosas reuniones con las autoridades de PAMI y los recurrentes pedidos con respecto a la actualización en el arancel del servicio. Nunca dieron respuesta suficiente a los reclamos públicamente planteados. Venimos arrastrando en forma crónica un atraso en el valor de la prestación, nunca se corrigió la cifra nominal. El sistema no se puede sostener con voluntarismo. Financiar indefinidamente al Estado es imposible” explica Alfredo Casaliba, de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires.
“Con que un solo paciente no pueda recibir el servicio porque el financiador no está dispuesto pagar, ya es una catástrofe”, añade.
El aumento del dólar y la inflación acumulada influyeron en el incremento exponencial en los costos de la prestación: los insumos son importados. Sumado al impacto de la pandemia que implicó la reformulación de medidas de bioseguridad para resguardar y evitar contagios en la población de pacientes y personal sanitario.
Reclamo y sorpresa
Los referentes de las asociaciones médicas, anunciaron con anticipación la medida y la dejaron en suspenso hasta la reunión que el jueves pasado mantuvieron con autoridades de la entidad que conduce Luana Volnovich. Pero la oferta fue rechazada por el sector: un programa de aumento en cuatros tramos del 7% (28% total) a partir del mes de enero más un 4% hasta marzo, en concepto de modulo Covid.
“La medida de no incorporar nuevos pacientes de PAMI para diálisis cobrará plena vigencia desde este miércoles. Se hace para parapreservar a los que están en tratamiento con quienes asumimos una responsabilidad. Esperemos que esta semana haya solución y se pueda trabajar de forma adecuada”, sostiene Discépolo. No descarta que en un futuro, ante una falta de respuesta por parte de las autoridades, necesiten derivar a los pacientes de PAMI bajo tratamiento de diálisis.
Fuentes del PAMI aseguraron a Clarín que ningún afiliado se quedará sin ser dializado en caso de que lo necesite porque el compromiso de la obra social es garantizar el acceso a la salud. En este sentido, se manifestaron sorprendidos por el corte del servicio en medio de este contexto y preocupados por entender el contexto de la situación.
Asimismo, comunicaron: “Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las medidas preventivas de distanciamiento, ofrecimos suplementos especiales para costear -hasta la finalización de la emergencia sanitaria- la compra de elementos de bioseguridad y el traslado de pacientes ubicados a menos de diez kilómetros de distancia de los centros de atención”.
DD
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