Este miércoles declara Gustavo Arribas, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión macrista, en la causa por espionaje ilegal en cárceles bonaerenses.
Y al día siguiente lo hará su segunda, la ex subdirectora general Silvia Majdalani, ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé.
El juez Augé los acusa de haber liderado una asociación ilícita, que montó un aparato de espionaje ilegal en cárceles para espiar a 23 detenidos vinculados con el kirchnerismo, como Amado Boudou, Julio De Vido, César Milani, Carlos Zannini y Cristóbal López, así como para espiar a algunos de sus abogados, familiares e incluso a quienes visitaban a los detenidos presos en cárceles bonaerenses, entre los años 2017 y 2019.
Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide acusaron a 25 imputados de realizar “actividades de inteligencia y/o espionaje ilegal”, ya que realizaron escuchas ilegales, fichas personales con datos sensibles y seguimientos por parte de la AFI y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), en forma conjunta, luego de haber firmado un convenio de cooperación institucional.
Ficha de Amado Boudou encontrada en el teléfono celular de la exespía de la AFI Mercedes Funes.
En su convocatoria a indagatoria, el juez Augé planteó que Arribas, Majdalani y los otros 23 imputados “se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para obtener e intercambiar información y almacenar datos sobre personas, bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal”, basados en su calidad de dirigentes políticos, ex funcionarios del Estado, su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales, “así como sobre sus acciones privadas y/o actividades lícitas vinculadas al ejercicio de su defensa técnica atento la calidad de privados de libertad sometidos a procesos penales”.
“Además los integrantes de la organización recabaron, intercambiaron y almacenaron información sobre personas y/u organizaciones que desarrollaban sus actividades políticas y/o sociales y/o privadas lícitas en espacios públicos extramuros”, sostuvo el juez Augé. Y puso como ejemplo el caso del ex vicepresidente Boudou, a quien agentes de la AFI le practicaron actividades de inteligencia ilegal durante “un acto en Plaza San Martín en diciembre de 2018”,aseguraron los fiscales Incardona y Eyherabide.
Mensajes y fotos intercambiados entre Mercedes Funes y otros agentes de la AFI, durante la cobertura del acto de Amado Boudou en Plaza San Martín, en diciembre de 2018.
El juez federal de Lomas de Zamora comenzó a tomar indagatorias el 20 de noviembre, a 25 imputados por espionaje ilegal en cárceles, quienes van a declarar hasta el próximo 16 de diciembre, entre los que están los ex titulares de la AFI, así como la ex cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF), encabezada por Emiliano Blanco.
Es la tercera vez que declaran Arribas y Majdalani ante el juez federal de Lomas de Zamora. Ya lo hicieron también en causas donde se investiga el espionaje ilegal a 24 dirigentes políticos, empresarios, periodistas, gremialistas y familiares del expresidente Mauricio Macri, así como en la del espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Kirchner. En esta última causa el juez Augé procesó a ambos ex jefes de la AFI macrista, con embargos de $2 millones cada uno y la prohibición de salir del país.
La Cámara Federal de Casación Penal planteó hace dos semanas que las causas de espionaje ilegal de la AFI durante la gestión macrista deberían dejar de investigarse en Lomas de Zamora y pasar al juzgado federal de la ciudad de Buenos Aires, donde ocurrieron la mayor parte de los hechos y tienen su sede los principales imputados.
El tribunal integrado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos resolvió “anular parcialmente” un fallo de la Cámara Federal porteña, que establecía que pase casi toda la causa a Comodoro Py, excepto el tramo del espionaje en cárceles; y resolvió que la Cámara Federal dicte un nuevo fallo donde también se investiguen en el tribunal porteño los delitos de espionaje ilegal en las cárceles bonaerenses.
Una vez que la Cámara Federal porteña dicte ese nuevo fallo judicial, sobre la cuestión de competencia, la Cámara de Casación Penal resolverá si pasa toda la causa a Comodoro Py o continúa en Lomas de Zamora. Mientras tanto, el juez Augé apura su investigación, ya que probablemente el máximo tribunal penal ordene que deje de investigar esos delitos en Lomas de Zamora y pasen al juzgado federal de la ciudad de Buenos Aires.
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