La fiscal de ejecución Guillermina García Padín y el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que condenó en 2018 a Amado Boudou, pidieron que la pena
confirmada por la Corte Suprema de Justicia, se ejecute en la cárcel. Así lo sostuvieron en un breve escrito al que accedió Clarín.
El viernes el juez de ejecución Daniel Obligado informó sobre la firmeza de la sentencia en el caso Ciccone pero nada había señalado respecto a dónde cumplir la misma. Ahora, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que el ex vice regrese a prisión.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la semana pasada la condena sobre Boudou, acusado por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por la compra-venta de la ex Calcográfica Ciccone. La sentencia había sido dictada por el TOF 4 en agosto de 2018. Así, el ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner se convirtió en el primer ex vicepresidente condenado y confirmado en un caso de corrupción.
Como Obligado no dijo dónde debía cumplir la condena Boudou, se dio por sobreentendido que no modificaba la decisión adoptada en abril de este año, cuando, en medio de la pandemia del Covid19, le concedió el arresto domiciliario al ex vice invocando razones sanitarias y la necesidad de contribuir a la crianza de sus hijos.
Los fiscales García Padín y Colombo se pronunciaron al respecto, solicitando que el juez Obligado, “proceda de acuerdo con lo establecido en el artículo 494 del C.P.P.N. respecto de los nombrados, a fin de ejecutar la pena conforme resolviera el Tribunal Oral con fecha 3 de octubre de 2018, lo que así se solicita”. Esto es: que Boudou, como los demás detenidos del país, cumplan la condena en prisión.
La jurisprudencia citada por los fiscales requiere que sea el juez “quien lo intime a presentarse en detención para regresar a la cárcel”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.
Los fiscales fueron notificados el viernes de la decisión del juez de ejecución de comunicar la firmeza de la sentencia condenatoria respecto a Boudou, José María Núñez Carmona, Nicolás Tadeo Ciccone, Rafael Resnick Brenner y César Guido Forcieri, cuando la Corte rechazó un conjunto de planteos de las defensas. Entonces, Obligado les computó la pena y en el caso del ex vice, la misma se cumplirá el 1 de junio de 2024.
Se planteó en este sentido, que con la firmeza de la condena ” pierden operatividad las previsiones” que permitieron que se le conceda a Boudou y aNúñez Carmona, el arresto domiciliario. Este beneficio debe cesar, entendieron García Padín y Colombo.
En abril, Obligado mandó a Boudou a su casa invocando el riesgo sanitario por la pandemia del Covid19, pese a que los médicos del Servicio Penitenciario Federal explicaron que el reo goza de buena salud y “no integra el grupo vulnerable” de personas que correrían riesgo de contagio permaneciendo en su lugar de detención. Los análisis especificaron que el ex vice “no cursa enfermedad infectocontagiosa aguda, no presenta enfermedad predisponente en caso de infección COVID 19”.
Así, será Obligado quien deba responder al planteo de los fiscales. De no hacerlo antes de que inicie la feria judicial de verano, será otro magistrado quien decicidirá al respecto, ya que la subrogancia del juez de ejecución concluye el 31 de enero.
Los jueces de la Corte Suprema confirmaron un fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación, donde se determinó que Boudou “se valió de su amigo personal, José María Núñez Carmona -quien dirigía la actuación de Alejandro Paul Vandenbroele- utilizando empresas fantasmas y operaciones simuladas que dificultaban rastrear a los verdaderos titulares del negocio y entender el verdadero alcance del acuerdo ilegal”.
La maniobra continuó. Una vez en control de la firma, el grupo liderado por el ex vicepresidente -según la resolución judicial-, se “manipuló en provecho personal, por lo menos, tres organismos del Estado: la Casa de Moneda SE, la AFIP y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia” para que “beneficiaran a la ex Calcográfica Ciccone”. En este tramo de la maniobra participaron también, Resnick Brenner y César Guido Forcieri “quienes plasmaron la voluntad de Amado Boudou”, indicó la Casación.
La firma fue financiera y jurídicamente rescatada en forma “ilegítima y pudo contratar irregularmente con el Estado Nacional”.
En la causa se señaló que el circuito cerró en abril del 2012, cuando el Gobierno contrató a Ciccone -bajo liderazgo de Vandenbroele, Boudou, Núñez Carmona-, para que imprimiera 160 millones de billetes de cien pesos, un trabajo por el que el Estado pagó 140 millones de pesos. También se encargaron trabajos partidarios: la calcográfica imprimió boletas para el Frente para la Victoria.
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS.ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE.
Comentar las notas de Clarín es exclusivo para suscriptores.
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
