Los miembros del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, creado por el Gobierno nacional, serán recibidos el jueves a las 15 en Casa de Gobierno por el presidente Alberto Fernández, para entregarle formalmente el informe con recomendaciones de reformas de fondo en el sistema judicial, según confirmaron oficialmente.
El consejo asesor, conformado por Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo, le entregarán formalmente al Presidente el informe de mil páginas en las que exponen su mirada sobre el mandato del Procurador y el funcionamiento de la Corte Suprema, entre otros temas.
Días atrás, Alberto Fernández expresó que comenzó a leer el informe que le elevó el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público.
“Empecé a leer el informe, es muy interesante y son tres tomos de como 200 hojas cada uno. Lo tengo que leer con atención”, manifestó en declaraciones radiales.
El documento elaborado por el grupo de 11 expertos está listo desde el 18 del mes pasado, que era la fecha fijada, pero Alberto Fernández se encontraba en aislamiento preventivo debido a haber tenido un contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus y el encuentro formal para la entrega del documento no pudo realizarse.
El Consejo Consultivo, según el documento al que tuvo acceso esta agencia, se pronunció casi por unanimidad en favor de la “temporalidad de los mandatos” del procurador y del defensor General de la Nación, así como también de que la designación por parte del Poder Ejecutivo sea “con acuerdo de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Senado” y no por mayoría agravada, lo que demandaría “modificar el actual régimen legal”.
“Los titulares del Ministerio Público son los únicos funcionarios con mandato vitalicio que dirigen un órgano unipersonal equiparado a un poder del Estado”, argumentan los miembros de este Consejo Consultivo creado el 30 de julio último por el decreto 635 que lleva la firma del primer mandatario, y que comenzó a reunirse el 18 de agosto, para concluir su tarea el 18 de noviembre.
En los 90 días con los que contaron para debatir y escuchar diferentes voces vinculadas al Poder Judicial, los once notables que integraron este consejo se inclinaron mayormente por mandatos de “5 años”, por considerar este plazo temporal “suficiente para la implementación de una política institucional”.
Algunos sumaron como recomendación “la alternancia” como opción de “renovación”, mientras que otros lo hicieron por la posibilidad de “reelección”.
En tanto, la mayoría también recomendó que la elección del procurador y del defensor no coincida con “los años en el que se elige presidente” y para su remoción sugirió “mantener el actual régimen legal y el mecanismo”, que es el juicio político previsto por los artículos 53 y 59 de la Constitución.
Además, existen recomendaciones con perspectiva de género para contrarrestar el denominado “techo de cristal”, régimen de licencias paritario a partir del nacimiento de hijos/as y la diversidad de género en la integración de las Fiscalías y Defensorías, entre otras.
El informe incluye también recomendaciones para el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los juicios por jurados y la transferencia de las competencias no federales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de las expuestas para el Ministerio Público.
Para la Corte Suprema se plantea la posibilidad de crear un tribunal intermedio para descongestionar de causas al máximo tribunal, en tanto que para el Consejo de la Magistratura se recomienda su ampliación de 13 a 16 integrantes (4 representantes por cada estamento: jueces, abogados, académicos y organismos políticos).
Llegar al documento final llevó varias reuniones semanales durante los últimos tres meses y una ardua tarea para reflejar las coincidencias y las divergencias de los miembros de este órgano, que buscó tener diversidad de miradas en su integración.
Para ello, además de reuniones (virtuales) entre ellos, tuvieron unos 25 encuentros con entidades e instituciones relacionadas al Poder Judicial, y otro con enfoques transversales acerca de cómo implementar el federalismo y las cuestiones de género en el funcionamiento de la Justicia.
