El director ejecutivo de la prestigiosa organización de derechos humanos Human Right Watch (HRW), José Luis Vivanco, dijo este jueves que la carta de la vicepresidente Cristina Kirchner contra la Corte
Suprema de Justicia de la Nación “constituye un ataque inadmisible a la independencia judicial”.
“Con arreglo a estándares internacionales, Argentina debe garantizar que los jueces estén libres de cualquier presión, amenaza o interferencia”, agregó en su cuenta de Twitter el referente de derechos humanos para toda América Latina. Se refirió a tratados internacionales sobre la independencia judicial.
Vivanco es muy respetado entre las organizaciones de derechos humanos de la Argentina y el resto de América por su condena a los delitos de lesa humanidad de las dictaduras en toda la región. Incluso, fue un crítico de la política de derechos humanos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Mientras tanto, la mayoría de los miembros de la Corte decidieron “no contestar” por ahora la furiosa carta de Cristina contra la Corte, luego de que confirmó la condena a prisión de su ex vice Amado Boudou por el caso Ciccone. “Es una cuestión política, sin comentarios”, dijo una fuente del máximo tribunal.
En fuentes vinculadas a organismos de derechos humanos se consideró que las declaraciones de Cristina deben ser muy graves para que Vivanco salga al cruce de una vicepresidenta.
En octubre, Vivanco ya había criticado el pedido de juicio político para el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, presentado por la diputada ultrakirchnerista Vanesa Siley.
La presentación de la legisladora del Frente de Todos contra el titular de máximo tribunal “no tiene fundamento” y “atenta contra la independencia judicial”.
“A uno puede gustarle o no el razonamiento (o resultado) de las decisiones de Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema, sobre el ‘2×1’ para condenados de la dictadura, pero la petición de destituirlo por ello no tiene fundamento y, por lo tanto, atenta contra la independencia judicial“, remarcó Vivanco.
En su página web, HRW señala que “existen en Argentina problemas históricos de derechos humanos, como el abuso policial, condiciones penitenciarias deficientes, violencia endémica contra las mujeres, dificultades en el acceso a servicios reproductivos y obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas para ejercer sus derechos”.
Además, “no se ha juzgado a ningún responsable por el atentado a la AMIA de 1994. Argentina continúa logrando avances en la protección de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT)”. También en las causas penales para juzgar abusos cometidos durante el “terrorismo de estado” (1976-1983), “aunque en algunos casos se han producido demoras preocupantes”.
El miércoles en una carta Cristina lanzó serias críticas hacia la Corte Suprema de Justicia e incluso advirtió que el máximo tribunal “va a extorsionar” al gobierno con futuros fallos como el reclamo del gobierno porteño contra el corte de sus ingresos por coparticipación federal.
La vicepresidenta cuestionó al titular del Supremo, Carlos Rosenkrantz, a quien sindicó como “uno de los dueños del estudio jurídico cuya cartera de clientes esta conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros en el país”.
Afirmó que los actuales cinco miembros de la Corte “deciden hoy sobre la vida, sobre el patrimonio y la libertad de las personas” que habitan en Argentina.
Fernández aseveró que “a nadie debería extrañarle” que “se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su Gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su Gobierno”.
A su juicio, tampoco debería extrañar si el máximo tribunal “empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este Gobierno”.
“O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”, advirtió.
Fernández sostuvo que de los tres poderes del Estado, sólo uno -el Judicial- “no va a elecciones” y tiene un poder “perpetuo” y la “palabra final” sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
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