La Comisión Beraldi entregó su informe a Alberto Fernández, que incluyó la reforma judicial para las sesiones extraordinarias

difundió este jueves. A su vez, la ministra de Justicia anunció que el proyecto oficialista de reforma judicial -aprobado por el Senado en agosto- será incluido para su tratamiento en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.

Tal como publicó Clarín hace tres semanas, la comisión de especialistas convocada por el presidente para sugerir cambios respecto a distintos órganos del Poder Judicial terminó su trabajo con unas conclusiones volcadas en un informe de 64 páginas, que ahora el gobierno sintetizó en cuatro.

Entre los resultados principales, la Comisión Beraldi avaló por seis votos contra cinco la reducción de la mayoría agravada del Senado para designar al Procurador General de la Nación, tal como desea el kirchnerismo y ya votó en un proyecto tratado en la Cámara Alta. Los juristas también aconsejan sancionar una ley orgánica para regular la “composición, organización, funcionamiento, jurisdicción y competencia de la Corte; fijar plazos de resolución de temas, reglar el trámite de los recursos y establecer una agenda anual de cuestiones a tratar por el máximo tribunal. La mayoría también votó crear un tribunal intermedio que intervendría antes que la Corte.

Después del mediodía, la ministra Losardo también difundió la incorporación a l as sesiones extraordinarias del Congreso del controvertido proyecto de reforma judicial impulsado solitariamente por el oficialismo.

“Las demoras en el trámite de las causas, la ineficiencia e ineficacia de las investigaciones y las oscilaciones según el sector que ocupe transitoriamente el poder, con el arbitrario manejo de los tiempos judiciales según el clima político imperante, ha sido una constante en la justicia federal penal de nuestro país”, argumentó la ministra. “Estos defectos han sido reiteradamente mencionados a lo largo del tiempo por todos los espacios políticos como una grave deficiencia en el servicio de administración de justicia, existiendo un consenso generalizado de que este estado de cosas no puede permanecer inalterable.”

“La clase política no puede observar impasible esta situación, ya que sería condescendiente con un sistema de organización del Estado contrario al que asumieron nuestros constituyentes cuando establecieron el sistema republicano de gobierno, en el que el Poder Judicial tiene un rol fundamental, siendo su independencia una de las bases del estado de derecho y una garantía del derecho de acceder a la justicia que tiene toda la población”, continuó Losardo, sin tener en cuenta el duro ataque contra la Corte y el Poder Judicial que horas antes había lanzado Cristina Kirchner desde Twitter.

“Es por ello que la reforma y fortalecimiento de la justicia federal en todo el territorio nacional resulta vital y urgente para nuestra democracia. Es el momento en que todos los espacios políticos, tanto oficialistas como opositores, estén a la altura que el desafío exige, dejando de lado los prejuicios y el mero interés partidario. Todos los aportes serán válidos y merecerán su discusión, pero ellos deben existir. El resultado de la reforma que se analizará en la cámara baja trascenderá varios períodos de gobierno, por lo que la mirada a largo plazo es la que deberá guiar las propuestas que se realicen”, invitó la ministra. Pero enseguida sacó el látigo: “desde varios sectores del espacio opositor se señaló reiteradamente que con esta reforma se busca la impunidad, pero nadie supo explicar de qué manera ello podría ocurrir, porque claramente ello no es posible.”

Los cambios aprobados por el Senado incluyen la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, la creación de 23 Juzgados en lo Penal Federal con asiento en CABA y la creación de cinco Tribunales Orales en lo Penal Federal con asiento en CABA, entre otros. Según la oposición, con la incorporación a último momento de nuevos juzgados y fiscalías en todo el país para ablandar el voto de varios senadores, el costo total de la reforma superaría los 4.000 millones de pesos anuales.

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