La exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Silvia Majdalani, prestará este jueves declaración indagatoria en la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas en contra de personas detenidas en los penales de Ezeiza y Marcos Paz, en su mayoría exfuncionarios kirchneristas.
Majdalani, declarará este jueves a las 10, sospechada de haber dado la orden de colocar cámaras y micrófonos en pabellones del SPF y del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Este miércoles fue el turno del extitular del organismo, Gustavo Arribas, quien negó las acusaciones de espionaje ilegal en cárceles y aludió a “convenios” con el Servicio Penitenciario Federal (SPF) que se habrían producido en el marco de la “producción de inteligencia nacional y criminal” para combatir el “crimen organizado nacional y transnacional”.
La presentación se hará a través de la plataforma virtual Zoom en la causa que tramita ante el juez federal de Lomas de Zamora Pablo Auge y cuya investigación está delegada en los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Arribas y Majdalani ya declararon dos veces ante el juez Auge (por el caso del Instituto Patria y por inteligencia prohibida contra dirigentes de toda índole) y ante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla en el marco del caso D´Alessio.
La semana pasada, el exjefe del Departamento de Operaciones Técnicas de la AFI, que dependía de Contrainteligencia, Fernando Wahler, confirmó ante la justicia que se habían colocado cámaras y grabadores en Melchor Romero por orden del exjefe de Operaciones Especial, Alan Ruiz, quien le habría referido que recibió el encargo de la “señora 8”, en alusión a Majdalani.
“Me solicita el pedido de instalación de equipamiento de audio y video para el establecimiento carcelario en cuestión fundamentando esa petición en la existencia de un convenio entre ambos organismos (el servicio penitenciario bonaerense y la AFI) a los fines de brindar una colaboración”, sostuvo el imputado en la declaración a la que accedió Télam.
La coartada del supuesto “convenio” de colaboración choca en el expediente con un dato que lo desarticula: el cableado que había comenzado a ser tendido el 8 de agosto de 2018 debió ser retirado el 24 del mismo mes cuando fue detectado por personal de la Alcaidía que elevó una queja ante la directora que exigió que lo quitaran.
Los micrófonos y las cámaras espías colocadas en Melchor Romero fueron compradas con dinero de la AFI, mientras los agentes que las colocaron se habían presentado en el penal como miembros del Ministerio de Justicia, según surge del expediente judicial al que accedió esta agencia.
