Tras la carta, cuáles son los expedientes calientes que tiene la Corte y preocupan a Cristina Kirchner

el primer año de la gestión de Alberto Fernández le sirvió para retomar los ataques a los cinco jueces que integran el máximo tribunal a los que acusó de estar detrás del lawfare e incluso de intentar “condicionar o extorsionar al Gobierno” a través de diferentes fallos económicos.

Detrás de esas acusaciones se esconde el temor de la vicepresidenta a una serie de definiciones que tiene en carpeta la Corte. Pero en los hechos, las resoluciones que deben tomar los jueces no son solo de tinte económico: también involucran a la vice y sus problemas en la Justicia. El principal interés de Cristina es que el máximo tribunal frene el juicio por corrupción en la obra pública en el que está siendo juzgada.

La defensa de la vice, al mando del abogado Carlos Beraldi, presentó media docena de recursos de queja ante la Corte para intentar tumbar esa causa. En los diferentes escritos, cuestionó varios tramos de la investigación sobre la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, el socio comercial y amigo personal de Néstor Kirchner que recibió millones durante los gobiernos K.

En la causa Vialidad, la vice está procesada por ser la jefa de una asociación ilícita que habría direccionado obras públicas a favor de Báez con serias irregularidades y sin ningún tipo de control.

En total son seis los recursos que presentó Cristina para frenar el juicio, aunque se acumulan tres más de otros acusados que también analiza la Corte. El prinicipal es el que argumenta que la causa de corrupción en la obra pública es “cosa juzgada” porque considera que ya fue investigada en Santa Cruz, con un fallo favorable.

Pero también la defensa de Cristina presentó quejas por la supuesta denegación de pruebas, contra un perito oficial y para que se amplíe un peritaje a todas las obras públicas que se hicieron durante la gestión kirchnerista y no solo a una muestra de las que realizó Báez.

Acá aparece en escena un antecedente que enciende las alarmas en el cristinismo. Hace un mes, la Corte rechazó un planteo de Julio de Vido para hacer una pericia más completa en la causa que investiga la compra de trenes chatarra a Portugal y España. El pedido de De Vido era similar al que presentó Cristina en la causa de Vialidad y fue descartado de plano. 

Si el máximo tribunal definiera sobre la situación de Cristina podría suspender el juicio, determinar que la causa se caiga por completo o que avance mientras se producen más evidencias. No hay plazos para que saque una sentencia y desde la Corte evitan dar definiciones sobre qué es lo que harán.

La vice, está expectante por esa resolución que podría agravar o beneficiar su situación judicial.

Pero también tiene en la mira los fallos económicos que acumula la Corte y que, según su mirada, podrían afectar la gobernabilidad. “Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”, escribió la vice en la carta.

Una de las presentaciones que tiene en carpeta la Corte es la que presentó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el recorte de la coparticipación a la Ciudad. Este jueves el Senado convertirá en ley esa quita y la Ciudad promete más presentaciones en el máximo tribunal.

Pero también hay otros fallos que involucran a provincias por la quita de fondos de la coparticipación para financiar a la Anses. Allí aparecen las provincias de San Luis y Santa Fe que incluso ya tienen fallos favorables de la Corte pero nunca lograron negociar que el Estado nacional les haga los pagos. Hubo negociaciones durante el Gobierno de Mauricio Macri, pero nunca se cerraron.

El gobierno de San Luis, de hecho, volvió a la Corte a fines de 2019 y pidió que embargue fondos nacionales para garantizarse el pago de su deuda que asciende a 20.500 millones de pesos. 

La Corte también acumula una serie de demandas previsionales y salariales que llegan año tras año tras un largo recorrido judicial. En 2019, por ejemplo, de las 29 causas en las que definió la Corte, 14 mil estaban vinculadas a temas jubilatorios. Y unas 5 mil a cuestiones salariales que involucran a trabajadores del Estado Nacional. Esos fallos suelen ser un goteo constante de fondos para el Gobierno.