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El juez Daniel Obligado le dio un plazo de 24 horas a la Unidad de Asistencia de menores de 16 años de la Defensoría General para que informe sobre la situación familiar del exvicepresidente Amado Boudou antes de resolver si lo vuelve a enviar a la cárcel o le mantiene la prisión domiciliaria luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme el fallo que lo condenó a 5 años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone.
La composición familiar del también exministro de Economía fue uno de los elementos que tuvo en consideración el juez Obligado cuando le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria en plena pandemia de coronavirus: Boudou tiene dos hijos mellizos, de dos años, y su mujer –ciudadana mexicana- estaba sola al cuidado de ambos, y para la defensa del exfuncionario esa situación no se modificó.
“En atención a que la sentencia recaída en estos actuados adquirió firmeza el pasado 3 de diciembre y a los fines de dictar un nuevo pronunciamiento sobre las condiciones de detención de conformidad con las previsiones de la ley número 24.660 y sus modificatorias, pase en vista por el término de 24 horas a la defensa del encartado Amado Boudou, como así también al señor defensor público que coordina la unidad funcional para la asistencia de menores de 16 años, para que se expida a los fines que estime corresponder”, sostuvo el juez en la resolución a la que accedió Télam.
“Una vez concluido el plazo dispuesto, se decidirá respecto de un oportuno traslado a las partes acusadoras”, concluyó el magistrado en la resolución con la que adelantó que también pediría la opinión de la Oficina Anticorrupción (OA), ahora a cargo de Felix Crous, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), encabezada por Carlos Cruz.
Tras el fallo de la Corte, ya hubo en este caso un dictamen firmado por los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín, que expresaron que Boudou debía volver a la cárcel hasta cumplir con su condena.
Por otra parte, el abogado y exfuncionario de AFIP Rafael Resnick Brenner, condenado a tres años de prisión por el mismo caso, presentó un pedido de reposición a la Corte Suprema para que revise su propio fallo luego de que su recurso ante el máximo tribunal hubiera sido desestimado por cuestiones formales.
Resnick Brenner consideró que en la resolución en la que los jueces de la Corte rechazaron su recurso hubo “exceso de rigor formal” y reclamó que vuelvan a tratar su planteo dado que se trata de una casusa de “gravedad institucional”.
“En efecto, es la primera causa donde se pretende el conocimiento de esa Corte, en donde se trata la revisión de nada más y nada menos que de una condena a un Vicepresidente de la Nación, y justamente la gravedad institucional está dada no por la certeza respecto del justiciable, sino por el interés de la sociedad toda, que tiene el derecho de conocer el veredicto de la Corte respecto a un funcionario de primera línea a nivel nacional”, sostuvo Resnick Brenner.
En el mismo texto aseguró que durante la causa Ciccone se dieron diversas irregularidades sobre las cuales reclamó pronunciamiento del máximo tribunal, como la supuesta “compra” por parte del gobierno pasado del testimonio de Alejandro Vandenbroele, para perjudicar a Boudou.
“Me refiero específicamente al pago realizado por el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) mediante la compra de un ´hotel boutique´ al ´testigo estrella del caso Ciccone´, el Sr. Alejandro Vandenbroele, específicamente se pretende saber si una causa donde hay graves condenas, las mismas se basan en acuerdos económicos como los que se investigan en la causa 514/2020 y que esa Corte, abusando de su ´venda´ se negó a ver”, remató.
