A pesar de la defensa K, los ex funcionarios detenidos suman problemas en la Justicia

El reclamo se enfocaba en un número: desde 2016 se dictaron 74 detenciones sobre ex funcionarios, empresarios y dirigentes políticos vinculados al espacio liderado por Cristina Kirchner, la mayoría fue en el caso Cuadernos de las Coimas donde la vicepresidenta es la principal acusada. Desde las PASO de 2019, más de 18 presos K fueron liberados. Pero ahora la campaña va por más, es más amplia e incluye a condenados con confirmación en segunda instancia y también por la Corte Suprema, como Amado Boudou.

“Por una Navidad sin presos políticos”, es la consigna que se escucha por segundo año consecutivo. Incluye una marcha este lunes hacia la Corte Suprema, una campaña por las redes sociales y fotos de diferentes ex funcionarios y dirigentes kirchneristas señalados como responsables de maniobras delictivas, muchos de ellos, privados de su libertad.

A diferencia del año pasado, en esta ocasión el reclamo ante la Justicia federal incluye otra categoría más: la de los presos con condenas. No son únicamente los presos que aún aguardan una condena y que paulatinamente fueron dejando los penitenciarios federales. Las estadísticas indican que desde las elecciones PASO a la fecha, son 18 los detenidos K dejaron la cárcel, algunos al haber obtenido la excarcelación y otros bajo la figura de prisión domiciliaria. Y solo quedaron tres tras las rejas.

El “preso K” número 18 en recibir el arresto domiciliario fue Lázaro Báez. Lleva privado de su libertad desde abril de 2016, acusado de lavar 60 millones de dólares. Por orden de la Sala IV de la Cámara de Casación cumple arresto domiciliario y el 10 de febrero se dictaría sentencia en su caso.

Están además, los casos por los que bregan las consignas respecto a quienes ya obtuvieron una condena por parte de la Corte. El último caso, es el Amado Boudou. El máximo tribunal confirmó la sentencia dictada por el TOF 4 en agosto de 2018, donde se lo encontró responsable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles por la compra-venta de Ciccone, la ex calcográfica con capacidad para imprimir papel moneda. Aún la justicia no define si cumplirá la pena de cinco años y diez meses, en prisión o si seguirá en su domicilio con una tobillera electrónica.

En el marco de la Tragedia de Once, la Corte confirmó la condena a cinco años y medio de Juan Pablo Schiavi (ex secretario de Transporte). “Tenía la obligación de supervisar el control y la fiscalización del sistema de transporte ferroviario, deber que deliberadamente incumplieron; todo lo cual ocasionó un paulatino deterioro del material rodante y la disminución de su vida útil, ocasionándose un enorme perjuicio al patrimonio estatal. Se calificó este suceso como constitutivo del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, dice la condena.

En cuanto a la situación del antecesor de Schiavi, Ricardo Jaime, el máximo tribunal dijo que su pedido de revisión de su condena a 8 años debe ser resuelto por la Cámara de Casación Penal, que ya había confirmado la sentencia dictada por el TOF 2. Jaime además, en la causa por el delito de dádivas, admitió que recibió coimas para que le acorten la condena. Continúa en el Penal de Ezeiza en el pabellón para presos en casos de corrupción.

Otro de los incluidos en la campaña contra los presos políticos, es Luis D’Elía, pero fue la Corte la que confirmó la condena a cuatro años de prisión​. Hoy cumple domiciliaria por la situación del coronavirus. Fue condenado por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca, en 2004.

Algo similar ocurre con la dirigente Milagro Sala, defendida por el kirchnerismo. En enero de este año el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy ratificó la pena de 13 años de prisión de Milagro Sala​ en la causa conocida como “Pibes Villeros”, al rechazar un pedido de nulidad presentado por la defensa. Así, confirmó la resolución de los jueces de la Cámara de Casación Penal, que había avalado la sentencia.

En este contexto, hay otro dato: la Oficina Anticorrupción (OA) de la anterior gestión, contabilizó que en las causas por corrupción donde se dictaron prisiones preventivas y también aquellas que fueron confirmadas por la Corte, se embargaron como representación de las maniobras de corrupción $ 483 mil millones. 

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