El juicio contra Cristina Kirchner por la obra pública no terminará en el año electoral de 2021

oral continuará durante todo el año electoral teniendo como principal acusada a Cristina Kirchner. Este martes, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) determinará la modalidad para el próximo año y cuántas audiencias se fijarán por semana.

​De los más de 180 testigos sólo lograron declarar poco más de una veintena. Ninguno de los imputados quiso responder preguntas, y el Gobierno instaló la idea del “lawfare” para desprestigiar el proceso. De hecho, cuando declaró hace un año, Cristina se encargó de desplegar esa teoría y acusó a los jueces de perseguirla.

Lejos de las expectativas oficiales, el escenario judicial de la vicepresidenta continúa siendo complicado. Aún cuenta con ocho causas por corrupción elevadas a juicio oral, embargos por más de 12.000 millones de pesos, las empresas familiares intervenidas y sus hijos acusados de lavado de dinero en dos expedientes. A esta situación debe sumarse que, pese a una larga interrupción por la pandemia, el único juicio en su contra -iniciado el 21 de mayo de 2019- continuó su desarrollo.

Está imputada por ser la “jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado” al “favorecer al amigo presidencial -Báez- con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos”. La causa arrancó en 2008 con una denuncia de Elisa Carrió, pero recién tomó impulso cuando la Dirección de Vialidad Nacional durante la gestión macrista, denunció que el 50% de los contratos que ganó Báez no se concluyeron, que se direccionaron las licitaciones, que hubo irregularidades y que se pagaron sobreprecios por encima del 65%.

Este martes, el TOF 2 presidido por el juez Jorge Gorini e integrado además por sus pares Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, determinará la modalidad para la reanudación de las audiencias. Durante la pandemia se realizaron de forma semi presencia, y se sumó una cita semanal para darle celeridad.

Los números de la causa explican la magnitud de lo que se está juzgando. Hay 16 imputados -solo tres declararon-, 180 testigos, 51 licitaciones sospechadas, 10.000 millones de pesos en embargos, contratos objetados por 46.000 millones de pesos, una demanda civil por 21.600 millones. Para la Justicia, esta maniobra de direccionamiento de la obra pública fue el delito precedente de otras investigaciones de lavado de dinero que unen a Báez y a los Kirchner.

Por delante, queda una importante cantidad de declaraciones testimoniales, entre ellas, la de Javier Iguacel, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad que tras una auditoría impulsó el caso. Esa declaración se postergó para poder realizarla de forma presencial.

Este año hubo algunos hechos importantes en el juicio. La defensa de Cristina Kirchner había pedido la realización de una pericia para intentar desmentir dos cosas: que el Grupo Austral había sido favorecido con licitaciones direccionadas, y que se hayan pagado sobreprecios. El 30 de agosto ingresó el informe sobre cinco casos testigo de los 51 contratos -algo que refutaron varias defensas al considerar que era un universo muy acotado el analizado-. Los peritos oficiales determinaron sobreprecios de 170 a 200 millones de dólares.

El estudio también arrojó que Báez no tenía capacidad técnica ni operativa para ganar tantas licitaciones. La voz disidente fue la de la especialista que intervino en representación de la vicepresidenta, para quien no hubo sobreprecios ni otras faltas. 

En la Corte Suprema de Justicia hay seis recursos presentados por Carlos Beraldi -defensor de Cristina Kirchner e integrante de la comisión ad hoc que asesoró al presidente para introducir cambios en la justicia- enfocados a anular el caso con diversos argumentos. Aunque aún no tuvieron respuesta, el máximo tribunal sí respondió un pedido similar de Julio De Vido en otra causa. Y lo rechazó.

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