En un comunicado difundido este viernes, la Academia Nacional de Periodismo manifestó su “profunda preocupación” por la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de pedirle al Municipio de Vicente López
las grabaciones de cámaras de seguridad para determinar con qué fuentes de información se reunió el periodista de Diego Cabot, de La Nación.
A la vez, la entidad de periodistas celebró la decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata de revocar el procesamiento del periodista Daniel Santoro, de Clarín, en la causa D’Alessio, que lleva adelante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.
El comunicado completo es el siguiente:
“La Academia Nacional de Periodismo manifiesta su profunda preocupación por la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que podría afectar directamente a las fuentes de información del periodista Diego Cabot.
El magistrado ordenó que el municipio de Vicente López le entregue los archivos fílmicos de lugares donde Cabot se habría reunido con sus fuentes. Si bien la justicia no está persiguiendo a Cabot, busca identificar a sus fuentes para establecer luego si estas cometieron algún delito.
La Constitución argentina protege expresamente en su artículo 43 las fuentes de información de los periodistas. Exhortamos a las instancias superiores de la justicia a revocar de manera urgente la resolución inconstitucional del juez Martínez de Giorgi.
Al mismo tiempo, la Academia pondera de manera enfática el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata que revocó el injusto procesamiento del periodista Daniel Santoro, dispuesto en su momento por el juez federal Alejo Ramos Padilla.
En este caso, el magistrado vinculó al periodista con sus fuentes de información. La Cámara le recordó el juez las disposiciones de la Constitución argentina sobre la libertad de prensa y sobre la protección de las fuentes de información de los periodistas, más allá de la calidad moral de esas fuentes.
La Academia lamenta que sean precisamente algunos jueces los que ahora ignoren en sus resoluciones la amplia defensa que la Constitución argentina hace de la libertad de los periodistas para expresarse y para buscar la información necesaria. No es un privilegio de los periodistas, sino la protección con la que cuenta la sociedad para estar correctamente informada”.
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