La polémica por la vacuna rusa: los argumentos de Elisa Carrió para denunciar a Alberto Fernández y Ginés González García

García por las negociaciones y compra de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus.

La dirigente opositora apuntó que los funcionarios atentaron “contra la salud pública”, defraudaron al Estado e incumplieron sus deberes de Funcionario Público en las “gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno de Rusia para la reserva, adquisición y comercialización de la vacuna Sputnik V”.

La denuncia, a la que tuvo acceso Clarín, incluye además a “cualquier otro funcionario que hubiera participado en gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno ruso, y menciona en ella a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

“Esta operación comercial pone en riesgo a la totalidad de la población argentina, en su integridad física y en especial a quienes serán sus primeros receptores”, exponen desde la Coalición Cívica y recuerda que las primeras aplicaciones de la vacuna serán “al personal de salud y seguridad; implicando esto, que serán ellos los elegidos para completar la Fase III, con desenlace impredecible y, con la posibilidad -según sus resultados- de tener bajas, en quienes tienen a su cargo la noble tarea de atender la cuestión de seguridad y sanitaria general”.

La denuncia considera que se trata de una “operación comercial sin precedentes”, y que “no sabemos si será apto para humanos de entre 18 a 60 años, pero que sí sabemos, no lo será para cumplir -de momento- la finalidad de proteger a los adultos mayores”.

“No existe razón fundada para que, una tratativa comercial y sanitaria de esta dimensión, se mantenga en un canal hermético reservado a un minúsculo grupo de funcionarios. Mucho menos cuando esa negociación bilateral, se lleva adelante con un país a cuyo mandatario, le repugna la publicidad de los actos de gobierno“, cuestionaron en relación a Vladimir Putin.

Otro punto que se destaca es el aspecto económico y el desconocimiento del monto total abonado por el gobierno argentino para recibir las 300 mil dosis de la Sputnik V: “No sabemos cuánto se abonará por un producto cuya respuesta inmune se ignora y que no garantiza la seguridad de la población sometida a su aplicación, porque se ignoran los efectos colaterales y/o adversos”.

La denuncia señala que “la contratación y adquisición de esta vacuna, parece haber desplazado las otras opciones que ya completaron sus fases de experimentación y que han comenzado a aplicarse en países europeos y Estados Unidos”.

Sobre el rol de Carla Vizzotti, recordaron que la funcionaria había declarado que todas las vacunas contra el coronavirus que están evaluando comprar “se encuentran en fase 3” y que “no se aprobarán hasta que éstas no terminen y se reúna toda la información”, y afirmó además que “se están dando todos los pasos para acelerar todo el proceso de aprobación y contar con las vacunas lo antes posible, pero sin saltar ningún paso, ya que hay que tener en cuenta que la seguridad de las vacunas es muy importante debido a que se introducen en población sana”.

En la denuncia de Carrió exponen que, pese a estas afirmaciones, “la operación de adquisición de la vacuna rusa se celebró, y en el día de la fecha, se inició el operativo de vuelos para su ingreso al país”. Y sumó: “Insistimos, antes de tener la conclusión final sobre su eficacia y total garantía a cualquier segmento de la población”.

Otro de los reclamos radica en el secretismo de las operaciones del gobierno respecto de la vacuna y la necesidad de hacer pública esa información: “De momento, se ignoran las razones, dado que los funcionarios del Poder Ejecutivo mantienen reuniones y tratativas secretas con funcionarios rusos, a espaldas del pueblo argentino y de sus representantes en el Congreso de la Nación, pese a la trascendencia e interés público”.

Desde la CC-ARI advierten que esta operación implica “una doble alarma”: “Por un lado, como amenaza cierta a la integridad y protección de la salud pública de los argentinos que deban acceder a su aplicación y, por otro la posible defraudación al Estado, al avanzarse sobre una erogación multimillonaria, por un producto no apto para inmunizar a los receptores”.

“La dimensión de esta operación admite una urgente intervención, a riesgo de desencadenar consecuencias indeseables y aún irreparables a escala general”, aseveró Carrió.

En los últimos días, Carrió había anticipado su denuncia contra el gobierno nacional y había declarado en una entrevista televisiva que la vacuna Sputnik V es “una estafa del Gobierno” y “un peligro” para la población. y que “la que está obsesionada con la vacuna rusa es Cristina Kirchner” y es además “la responsable de que estemos a fin de año con este grado de vulnerabilidad”.

Carta documento a ANMAT

Por su parte, el Presidente Coalición Cívica ARI y diputado de la Nación, Maximiliano Ferraro, envió una carta documento al ente regulador ANMAT reclamando información acerca de “la intervención que se le ha otorgado” y “si existen otras vacunas contra el Covid-19 en estudio para el proceso de aprobación para su aplicación a la población”.

Además, exigió que sea de público conocimiento “en qué consisten los estudios y/o ensayos que se están realizando” y que se informe “cuáles han sido los criterios de selección de voluntarios, si la vacuna ya ha sido aplicada a algunos de ellos y toda otra información relevante”.

También solicita que se de a conocer si hay entre la ANMAT y el Centro nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya algún convenio específico respecto a la investigación y aprobación de la vacuna Sputnik V.

Otros puntos en los que indaga el texto de la presentación enviada por Ferraro refieren a si algún agente de ANMAT viajó a Rusia con fines específicos, si cuentan con un plan operativo para las tareas de investigación como un informe sobre las tareas hasta ahora realizadas, si “ANMAT recibió instrucciones por parte del Ministerio de Salud y en caso afirmativo en qué consistieron las mismas” y si se elaborará un “manual de instrucciones a fin de aplicar la aprobación de emergencia” de la vacuna, exigido por el gobierno nacional.

Por último, exige saber cuál es la fecha prevista para la aprobación de la vacuna.

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