Los Eskenazi no testificaron en el juicio de YPF, que se alarga

en la que fondos reclaman entre US$ 2.500 millones y US$ 14.000 millones como compensación, por supuestos errores en ese procedimiento. Ayer hubo una audiencia donde los Eskenazi debían aclarar, según una exigencia de la jueza, su participación en el juicio. Pero no lo hicieron.

Todo indica que el juicio, previsto para mediados del año que viene, se postergará hasta octubre.

En una audiencia de ayer, la jueza cuestionó a los abogados del fondo Burford. Esa firma compró los derechos para litigar de Petersen Energía (que llegó a tener un 25% de YPF, antes de la expropiación). Y la jueza quiere establecer si Petersen y Burford operan en conjunto o por separado.

Como Petersen no le reconoce jurisdicción a la juez, Preska le cursó pedidos a la cancillería argentina, para que se le tome declaración a los Eskenazi en los tribunales argentinos. Preska pidió que Burford presente un documento el próximo 7 de enero. La magistrada parece dudar si Burford está encubriendo a los Eskenazi, según conocedores del proceso.

El fondo Burford reclama por la expropiación de YPF. Los Eskenazi (a través de sociedades de grupo Petersen) tenían un 25% de las acciones, que perdieron con la expropiación. El Gobierno argentino expropió el 51% de la empresa. Como Petersen Energía tenía su sede en España, allí se declaró su quiebra. El fondo Burford se quedó con los derechos para litigar de Petersen, por los que pagó US$ 20 millones.

Para poder avanzar en el juicio, la jueza Preska inició un proceso de “discovery”, que implica una amplia investigación de los litigantes y sus antecedentes. Para eso, convocó a la familia Eskenazi, para que aclare su participación en el asunto. Burford ya le manifestó a la jueza que hay un 30% del resultante del juicio que no cobrará, y que se lo quedará un tercero. Todo indica que serán los Eskenazi.

Hace casi un mes, el 23 de noviembre, la corte decidió que “Petersen debe presentar toda la documentación requerida (al juicio), incluyendo cualquier documento en posesión, custodia o control de la familia Eskenazi” y que los “Eskenazi debían estar listos para una declaración”. Pero los “querellantes no cumplieron y aparentemente no tienen intención de hacerlo”, según una presentación de los abogados que representan a Argentina.

“La orden anterior deja en evidencia (…) hechos indisputados que los Eskenazi -que son testigos centrales en este caso- crearon una sociedad especial (“special purpose vehicle, en inglés), solamente para comprar las acciones de YPF en 2008 y 2011. Además, admitieron que coordinar con el abogado del litigante y de Burford sobre estrategias legales, y pretenden sacar una ganancia de cualquier resolución en este juicio”, manifiesta el estudio de abogados que representa a la Argentina.

La defensa argentina acusa a Burford de no presentar documentos de los Eskenazi. “Los litigantes aparentemente no tomaron ninguna medida para preservar o asegurarse el acceso a documentos de los Eskenazi u otros individuos de Petersen Group o sus negocios cuando Petersen fue a la quiebra en España en 2012. Es el juicio que Burford presenta en 2015”, esgrime la defensa argentina.

Burford hizo una presentación, a través de una carta del 17 de diciembre, donde manifiesta que los Eskenazi están dispuestos a colaborar en el caso. Eso si, deniegan que la corte Sur de Nueva York deba llevar el caso. Su colaboración -según la defensa argentina- es a través de “algunos datos no especificados del discovery, que solo harían de forma voluntaria”.

“Lo que es una forma de decir que van a colaborar que parte del discovery van a proveer algunos documentos, y ciertamente ni declaración ante la jueza y los documentos en su totalidad que se le pidieron”, se quejan los representantes de Argentina.

Preska escuchó ayer los argumentos de Burford, pero manifestó reparos. “No hay progresos. No hay documentación de los Eskenazi. No quieren testificar (…) La sociedad de vehículo especial a través de la cual Petersen compró YPF, busca alzarse de un fallo millonario, después de una inversión de 15 millones de euros, debería haber guardado cierta documentación”, aseguró el estudio de abogados que defiende a la Argentina.

La jueza Preska le pidió a la cancillería argentina que intervenga en el asunto. La cancillería le pedirá a tribunales locales que tomen declaración a los Eskenazi, ya que no reconocen a la justicia estadounidense.