Desde la vuelta a la democracia hasta hoy, el congreso no logró aprobar ninguno de los 71 proyectos de ley para regular la actividad de lobbie (cabildeo) por falta de consenso o resistencias
políticas, fundamentalmente desde el peronismo.
Para senadores y diputados de Juntos por el Cambio, la razón principal es “el poco interés” del peronismo –en especial del kirchnerismo- por transparentar cómo se votan las leyes y se deciden los decretos presidenciales. También es cierto que la agenda parlamentaria le dio prioridad a temas relacionadas con distintas crisis económicas y otros asuntos.
De esos, 50 fueron presentados en la Cámara de Diputados, 18 en el Senado de la Nación, 2 fueron enviados por el gobierno de turno y 1 no cuenta con registro disponible. Es decir, pasaron 37 años desde el regreso a la democracia sin que se sancione esta ley favorable a la transparencia de las decisiones del poder legislativo y el ejecutivo.
Entre el 2017 y 2018, Adrián Pérez, exsecretario de Asuntos Políticos e Institucionales del gobierno de Macri, presentó un proyecto. Explicó a Clarín que la ley fue hecha “fácil adrede” y contra la “cultura del ocultismo”, es decir, por la tendencia de ocultar tomas de decisiones sobre, por ejemplo, el destino de millones de pesos del presupuesto en subsidios.
Pérez recordó que aunque su proyecto obtuvo dictamen de comisión en el Senado hace dos años, pero el proyecto se trabó y no se sancionó.
Para Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción y consultora en políticas de buen gobierno, la falta de tratamiento se debe a “intereses individuales” que entorpecen la viabilidad del proyecto de ley. “Veo mucha resistencia de actores opacos, tanto en públicos como privados, que impiden que estos debates avancen y se implementen políticas modernas y adecuadas”, indicó.
Además aseveró que, fuera de estas pretensiones, aún no se tiene conciencia de que este tipo de leyes “son necesarias e importantes” para regular el lobbie en el país. “Lo piden los empresarios en Argentina y es un estándar internacional que ayuda mucho al clima de negocios e inversión”, señaló a Clarín. Una gestión de intereses privados transparente no es un delito, aclaró.
Pero no todos concuerdan con Alonso. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, consideró que la prioridad para el país no es tener una ley de lobbie como tal. Es porque existen “particularidades de Argentina que atentan contra la posibilidad de que estos tipos de instrumentos funcionen bien“. Las herramientas de control de ese tipo, a su parecer, se demostró que “son prácticas y eficientes pero en países de primer mundo”.
“En Argentina me parece que un registro de lobistas, por ejemplo, va a ser violado sistemáticamente. Primero, hay que fortalecer la ley de ética pública para que especifique qué son los conflictos de intereses y que puede o no hacer un funcionario con su actividad privada”, explicó a este medio.
Para Secchi, el primer paso está en trabajar en incrementar la normativa de la ley de ética pública sancionada en el último tramo del gobierno de Carlos Menem.
Presiones políticas, falta de interés, cultura de ocultamiento, desconocimiento, cualquiera que sea el motivo, lo cierto es que ningún proyecto de ley de lobbie ha sido votado en 37 años.
Un vacío legal que ha permitido varios escándalos políticos. El último es la denuncia de Leila Lloyd Jones, legisladora por el Interbloque de Chubut, sobre el lobbie de una empresa minera.
Pero, ¿cómo se logra aprobar un proyecto? El diputado de Juntos por el Cambio, Jose Luis Patiño, explicó: “Un proyecto entra por Mesa de Entradas y la Secretaría Parlamentaria se encarga de darle los giros pertinentes. Una vez que el proyecto llega a la comisión el presidente es el que decide incluirlo o no en el temario para su tratamiento”.
Explicó que las decisiones tomadas en las comisiones dependen de los intereses políticos de los diputados involucrados. “Esta ventana de discrecionalidad solo es atemperada por acuerdos políticos entre los diputados de la comisión que solicitan incluir tal o cual proyecto en el temario. El trabajo en comisión de la Cámara es un proceso netamente político”, declaró.
Patiño, quien fue diputado cuando se ingresó la ley de lobbie de 2017, explicó a Clarín que, en el caso de uno de estos proyectos no prosperó porque después de ser presentada en la Cámara de Diputados, se antepusieron otros proyectos como prioridades. Y, posteriormente, “ya no estaban dadas las condiciones para reunir la mayoría necesaria e impulsar todas las leyes que el ejecutivo enviaba”.
En este sentido, su versión concuerda cuando se analizan los temas abordados durante el año legislativo siguiente, pues sólo se discutieron proyectos relacionados a la economía, a excepción de la que abordaba la interrupción voluntaria del embarazo.
A pesar del interés en otras temáticas, el ejecutivo de Mauricio Macri, hizo un segundo intento en la Cámara de Senadores en 2018 través de Adrián Pérez, donde existía una oposición un poco más moderada y dialoguista, con figuras como Miguel Ángel Pichetto y Dalmacio Mera.
A fin de conocer en profundidad los motivos por los cuales el proyecto de ley de lobby, a pesar de la buena relación, no se trató en el recinto de Senadores, se hicieron consultas en el Senado. De ellos, solo la senadora Silvia del Rosario Giacoppo, del Frente Jujeño Cambiemos, habló sobre el tema.
Giacoppo explicó que el proyecto fue tratado en una comisión especial e incluso obtuvo un acuerdo de todas las partes pero “no pudo prosperar porque cuando llegó el momento de acordar su tratamiento en la comisión de labor parlamentaria”.
Se tratad del paso previo en el que se determinan los proyectos a tratar en el recinto. “Nos encontramos con una oposición (del kirchnerismo) y se estancó”, indicó. Una situación que lamentó ya que para ella “es necesaria la aprobación de este proyecto de ley para mejorar los procesos de transparencia”. Afirmó, intentará en 2021 retomar la discusión para evitar que pierda estado parlamentario.
Para Guadalupe Vazquez, secretaria de la Procuración General de la Nación, la ausencia de una ley de lobbie esconde otras intencionalidades. “Esto significa aceptar que las leyes se sancionan no sólo por los loables motivos mencionados en el debate parlamentario, que es público, sino también por la presión de ciertos sectores de la población, que tienen más poder que el resto. De algún modo, es un insulto a la democracia”, aseguró a Clarín.
En cambio, para la especialista en temas de acceso a la información pública y corrupción, Eugenia Braguinsky, la falta de aprobación de esta propuesta más bien “tiene que ver más con la idiosincracia argentina de no avanzar en normas de transparencia y de poner luz pública en cómo se toman las decisiones y se gestionan las cuestiones públicas”.
Desde el año 2003 rige el Decreto 1173/2003 del ex presidente Néstor Kirchner que creó un Registro de Audiencias de gestión de intereses para los funcionarios del Poder Ejecutivo. El presidente y todos sus funcionarios deben informar por escrito con quién se reúnen y por qué motivos. El Legislativo, obviamente, queda fuera de la aplicación de este decreto.
La Oficina de Anticorrupción, por su lado, cuenta con un Manual de Ética Pública y Conflictos de Interés y posee un “simulador de conflicto de intereses”, que sirve para que los funcionarios sepan si se encuentran o no ante un tipo de situación similar y que fue creado por Alonso. Una opción que funciona más bien como consejero para quienes tienen alguna consulta sobre su posición o actuar en un caso determinado.
Las empresas que trabajan en el área, son otra parte de la historia. Ubicada a 3 minutos del Congreso de la Nación, Blapp dijo ser la única consultora de Asuntos Públicos de la Argentina. Según su sitio de internet, cuenta “con un sistema propio de monitoreo legislativo y de los actos de gobierno en todo el país”.
Pero no son los únicos. Existen también otras agencias internacionales con sede en nuestro país como Llorente y Cuenca, Ágora, Edelman o Jeffrey Group. La empresa española Llorente y Cuenca, según su página web, ofrece un “servicio de inteligencia política” por la que ponen a disposición de sus clientes el “seguimiento de riesgos y oportunidades políticas de los sectores en que operan o sobre un activo concreto, tanto de iniciativas legislativas como de debates sectoriales con información pública y entrevistas privadas”.
Fuera de la cantidad de empresas que se dedican a la actividad de lobby, asuntos públicos o gestión de intereses, el foco debe estar en la existencia o no de regulaciones en torno a la actividad, opinaron especialistas.
En Latinoamérica, Perú (2003), México (2010), Colombia (2011) y Chile (2014) ya cuentan con regulaciones que norman la gestión de intereses con el objetivo de transparentar la gestión pública.
Prisilla Jácome y Agustina Ordoñez.
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